La señora Moraiba Sandoval veía por televisión lo que ocurría en el Centro de Lima la noche del 14 de noviembre. De pronto, escuchó que una conductora confirmaba el primer fallecido de las protestas realizadas tras la vacancia del expresidente Martín Vizcarra y la asunción de Manuel Merino como mandatario.
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En su casa en San Martín de Porres solo dijeron: “Pobre familia”. Luego, la señora Sandoval se enteraría de que su nieto Jack Bryan Pintado (22) era quien había caído herido de muerte producto de la perforación de perdigones de plomo. Una escena parecida se vivió en la casa de Jordan Inti Sotelo Camargo (24), en el Cercado.
Un mes exacto ha pasado desde ese día y las investigaciones fiscales y policiales abiertas para encontrar a los responsables de ambas muertes y de los más de 200 heridos, incluyendo a 24 policías, aún no arroja resultados. Por el contrario, el proceso preocupa a los abogados de las familias.
Según fuentes cercanas a la investigación que desarrolla el Ministerio Público, está retrasada la toma de la pruebas de absorción atómica a los agentes implicados, y recién se empezarían a practicar los peritajes a las escopetas usadas por la Policía Nacional del Perú durante las movilizaciones de los días 12 y 14 de noviembre.
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En el transcurso de la semana que pasó, el armamento fue puesto a disposición de la Tercera Fiscalía Supranacional de Lima, a cargo del caso. El exministro del Interior Cluber Aliaga contó ante la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso que el 12 de noviembre la PNP usó dos escopetas de caza con perdigones de goma, y que el 14 –el día de la muerte de Inti y Bryan– se usaron cuatro escopetas de la Unidad de Servicios Especiales Este y del área de instrucción de la PNP.
Otra diligencia que ha cumplido el despacho del fiscal Yoni Soto Jiménez es la inclusión en el proceso en calidad de investigados de los generales PNP Jorge Lam Almonte (entonces subcomandante general de la PNP) y Jorge Cayas Medina (otrora jefe de la Región Policial Lima). Esto ocurrió el 4 de diciembre, un día después de que esta fiscalía interrogara al coronel PNP Percy Tenorio Gamonal, de la Dirección de Operaciones Especiales (Dinoes), asignado a controlar la protesta en el cruce de la avenida Nicolás de Piérola con el jirón Rufino Torrico.
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Según su declaración –contó la misma fuente del MP– para la segunda marcha nacional del 14 de noviembre se agregaron órdenes complementarias y de esa forma él fue desplazado a controlar la protesta en el cruce de las avenidas Camaná y Ocoña. Este oficial es el que le llamó la atención a un suboficial por disparar gases lacrimógenos sin autorización.
En diálogo con El Comercio, Jimmy Sotomayor, abogado de la familia de Pintado e integrante de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, cuestionó que la investigación por las muertes y los más de 200 heridos se haya acumulado en una sola carpeta fiscal. “Se tienen que hacer mil actos de corroboración por cada herido”, dijo para explicar que esto implicaría que el proceso tarde en avanzar.
Por su parte, Carlos Rivera, abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL) que defiende a la familia de Inti, le dijo a este Diario que la fiscalía ha recabado información suficiente para establecer responsabilidades en la PNP. Sin embargo, señaló que la investigación administrativa abierta por la Dirección de Integridad del Ministerio del Interior no avanza.
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