La fiscal anticorrupción Raquel Dextre López ejecutó esta madrugada un operativo de allanamiento en 17 inmuebles en Lima, como parte de la investigación que tiene por presuntas compras sobrevaloradas en productos de limpieza, así como mascarillas y servicios de fumigación que la Escuela Nacional de Formación Profesional Policial (ENFPP), ente rector de los centros de estudio de la Policía Nacional del Perú (PNP), adquirió mediante dos contrataciones directas, cuyo valor supera el millón y medio de soles.
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La medida fue ordenada por la jueza Katy Cabanillas Díaz, del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima Sur. La resolución, a la que tuvo acceso El Comercio, también autorizó la incautación de los documentos que estén relacionados a las contrataciones directas Nº 03-2020-ENFPP (material de limpieza, mascarillas, etc) y Nº 04-2020-ENFPP (servicios de desinfección en diferentes locales). De igual modo, el registro de equipos como laptops, celulares, memorias USB y demás dispositivos de almacenamiento.
La intervención, ejecutada por 25 fiscales y agentes de la Dirección Contra la Corrupción de la PNP, empezó poco más de las 4 de la madrugada, informó la fiscalía. Se ingresó a las oficinas de logística, contabilidad, almacén central, tesorería y al área de administración de la ENFPP ubicada en Chorrillos. Los fiscales también allanaron el domicilio del coronel PNP Jesús Hinostroza Barrionuevo, encargado de la División de Administración de la ENFPP. De igual modo, se ingresó a la casa del jefe del área de logística, el mayor PNP Denis Escalante Montjoy, así como personal civil de esas dependencias.
Este Diario consultó con la Dirección de Comunicación e Imagen de la PNP e indicaron que no darían ningún tipo de declaraciones pues el caso se encuentra en investigación.
La medida también recayó en los inmuebles de las empresas proveedoras: Textil Bella Angie SRL; Higiene y Limpieza SRL; Golden Import International SRL; Representaciones y Servicios Esteffany EIRL y M&S Group SAC, según se indica en la orden judicial de la jueza Cabanillas Díaz.
En su investigación, la fiscal Dextre López advierte que para estas adquisiciones se habría utilizado una “inexistente” Dirección Ejecutiva de Educación y Doctrina de la PNP, representada por el coronel PNP Barrionuevo, con el propósito de “crear confusión en cualquier acto de control o fiscalización”.
El caso es por el presunto delito de colusión agravada y “alternativamente” negociación incompatible. Para la fiscal, existen suficientes indicios para sospechar que se elaboraron las bases de las contrataciones directas y el posterior estudio de mercado con el propósito de favorecer a los proveedores.
Al cierre de esta nota, la diligencia, que también contó con la participación del fiscal superior coordinador de Lima Sur, Alfonso Barrenechea Cabrera, seguía realizándose.
De acuerdo a la mencionada resolución a la que accedió este Diario, las pesquisas nacen a raíz de las denuncias públicas hechas por los padres de familia de los alumnos y cadetes en la escuela de Puente Piedra, quienes indicaron que a sus hijos se les proporcionó “implementos de seguridad sanitarios inadecuados” para impedir que se contagien de COVID-19 y que, además, “habían sido tardía la desinfección de las instalaciones”.
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