Red de ollas comunes de Lima reclama obstáculos para su labor: ¿podrían dejar de funcionar?

Muchas ollas comunes surgieron espontáneamente ante la crisis alimentaria que produjo la pandemia del Covid-19 en las zonas vulnerables y poco accesibles del país, cuando miles de familias no tenían qué comer. Actualmente, existen más de 4.300 ollas comunes en todo el país. En Lima, la cifra asciende a 2.300, que atienden cada día a más 240 mil personas. Sin embargo, la Red de Ollas Comunes de Lima, que reúne a 2.144 iniciativas de este tipo, ha advertido que la continuidad de su funcionamiento está en riesgo.

¿A qué se debe esta preocupación? Desde el segundo semestre del 2024, las municipalidades distritales a nivel nacional asumirán la distribución de alimentos para las ollas comunes. Durante la primera mitad del año, esta labor estará a cargo del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis).

Karim Jiménez, directora general de Diseño y Articulación de las Prestaciones Sociales del Midis, explicó a El Comercio que esto ocurre en el marco del tránsito de las ollas comunes al Programa de Complementación Alimentaria (PCA) del Midis. El 10 de enero de este año, el Midis aprobó la directiva N° 001-2024-MIDIS, a través de una resolución ministerial, que establece los lineamientos para esta transición.

Para iniciar este trámite, cada olla común debe solicitar su reconocimiento como organización social de base ante la municipalidad de su jurisdicción. Esto remite a la reglamentación de la Ley Nº 31458, aprobada en junio del 2022, que reconoce y garantiza la sostenibilidad, financiamiento y el trabajo productivo de las ollas comunes y sus beneficiarios.

El numeral 5.1.3 de la norma señala que, para ser reconocida como una organización social de base, cada olla común

Acerca de este requerimiento, Jiménez explicó que una de las principales razones es evitar que las personas reciban alimento en más de una olla común. “Hemos observado que, dependiendo del menú del día, algunos usuarios acuden a una olla común diferente a la que están registrados. Queremos evitar esta duplicidad”, manifiesta.

Fortunata Palomino, líder de la Red de Ollas Comunes de Lima, indicó a El Comercio que el 90% de estas iniciativas se encuentran entre 250 a 400 metros de distancia.

“Las ollitas están en los cerros, en las partes altas de los distritos, donde hay arenales y zonas agrestes. Es imposible que todas se ubiquen a una distancia de 500 metros entre sí y de los comedores populares”, sostiene. “Dependiendo de su ubicación, las ollas comunes atienden entre 65 a 150 personas a diario y la mayoría de beneficiarios son ancianos y niños. A ellos no se les puede obligar a caminar cinco cuadras para que recojan su alimento. En las zonas altas, prácticamente no hay caminos”, resalta.

A propósito, Cristel Mejía, representante de las ollas comunes de San Juan de Miraflores, declara que solo 1 de las 87 organizaciones en el distrito puede cumplir con la exigencia de los 500 metros.

Por su parte, Palomino indica que las municipalidades de Villa el Salvador, Lurín, Santa Rosa, Ate, Pucusana, San Juan de Miraflores y Villa María del Triunfo informaron a estas iniciativas que deben cumplir con el distanciamiento de 500 metros entre sí para ser reconocidas como organización sociales de base. De lo contrario, no se les entregará productos y alimentos de primera necesidad.

En respuesta, Palomino anunció que la organización que lidera realizará un plantón en la sede del Midis este 8 de marzo para exigir que se elimine el requisito de los 500 metros.

“Pedimos que se respete las características de cada olla común y su continuación en su lugar de origen. Exigir que cambien de lugar o que se unan con los comedores es perjudicial para sus beneficiarios”, sostiene.

En ese sentido, Palomino asegura que los integrantes y usuario de la Red de Ollas comunes están de acuerdo con participar de estrategias de empadronamiento y cruce de datos para asegurar que cada beneficiario solo asista a una olla común.

En esa línea, para Eduardo Zegarra, investigador principal del Grupo de Análisis para el Desarrollo (Grade), argumenta que los municipios deben generar mecanismos de fiscalización y control en coordinación con los líderes de las ollas comunes, porque conocen a cada una de las personas que acude a sus iniciativas.

“Establecer un criterio rígido de una distancia de 500 metros para todas las ollas apunta a destruirlas antes que favorecer a su organización. Debe hacerse un estudio que considere la situación de cada olla común”, detalla a El Comercio.

Karim Jiménez aseguró a El Comercio que, en el 2024, todas las ollas comunes que estén en el registro Mankachay, sistema que reúne a las iniciativas inscritas, deben ser atendidas por las municipalidades sin importar si integran o no el PCA.

Asimismo, mencionó que el Midis trabaja en la elaboración de un decreto supremo para modificar el reglamento de la ley de las ollas comunes. Esta iniciativa tendrá como propósito establecer criterios para evaluar el reconocimiento como organizaciones sociales de base a las ollas que tienen una cercanía menor de 500 metros.

“Este decreto supremo establecerá criterios que las municipalidades, en coordinación con el Midis, deberán tener en cuenta al evaluar el caso de cada olla común. Esperamos que en dos meses ya esté aprobado. Nuestra intención es que ninguna olla se quede sin abastecimiento”, señala Jiménez.

Adicionalmente, la funcionaria pidió a los municipios que no indican a las ollas comunes que no serán atendidas este año si no se incorporan al PCA.

Por otra parte, Jiménez asegura que, según los registros del Midis, menos del 30% de ollas comunes de Lima tienen una cercanía menor a 500 metros. La cifra contrasta con los datos de la Red de Ollas Comunes de Lima.

Otro de los reclamos principales de la Red de ollas comunes de Lima es que el Midis “garantice un presupuesto digno” para su funcionamiento.

El ministerio asignó más de S/144 millones del presupuesto público para las ollas comunes del país en este año. Jiménez resalta que se trata de una cifra histórica. Sin embargo, Palomino opina que este monto es insuficiente.

“Nosotros consideramos que el monto debe ascender a 220 millones para tener los fondos necesarios y evitar una crisis alimentaria. Cada ración debe tener un presupuesto de S/3.70. Hoy en día no llega ni a S/2.50″, asevera.