Un reciente informe elaborado por el Consejo de la Prensa Peruana (CPP) y la vicepresidenta regional del Perú de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Silvia Miró Quesada, concluyó que dos de las tres “fuerzas agresoras” de la libertad de expresión en nuestro país “empeoraron”.
Según el informe, los ataques desde el Poder Legislativo son una de estas fuerzas. En setiembre de este año, se aprobó un dictamen en la Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso para regular la publicidad estatal, en el sentido de priorizar a los medios de comunicación de menor tamaño.
“Este dictamen no recoge un criterio técnico de evaluación de alcance –ya sea sintonía, lectoría o ráting–”, indica el informe.
Existe otro dictamen en la misma comisión que propone cambiar la Ley de Radio y Televisión. Según el informe, una de las modificaciones “busca regular la objetividad periodística, aunque no se especifica cómo ni en qué contextos, espacios ni plataformas”.
Con respecto a la falta de transparencia y acceso a la información, cuestiona que el Poder Ejecutivo “relajara” estos criterios en las conferencias que brinda el presidente Martín Vizcarra para informar los avances en la lucha contra la pandemia del coronavirus.
“Los periodistas no podían hacer repreguntas ni preguntar sobre la conferencia brindada ese día. El hermetismo durante las conferencias de prensa continúa”, señala el informe que también se refiere a la falta de transparencia en las sesiones virtuales y debates del Congreso.
Finalmente, el documento destaca que “la cantidad de querellas por difamación presentadas y ataques contra periodistas se redujo, aunque el ensañamiento contra algunos de ellos continúa”. Es el caso de los periodistas Pedro Salinas y Paola Ugaz, por sus investigaciones contra el Sodalicio.
Ugaz dijo a El Comercio que es víctima de una campaña de desprestigio al ser involucrada con organizaciones criminales, de varias demandas judiciales en su contra y también de amenazas de muerte.
Rodrigo Salazar, director ejecutivo del CPP, dijo que, “por cómo se configuran las cosas, hacia el siguiente semestre no se esperan avances positivos o mejoras en el respeto a la libertad de expresión”.
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