La Primera Sala Constitucional Civil de Lima declaró fundada en parte una demanda interpuesta contra el uso de caballos para el control de protestas y movilizaciones por parte de la Policía Nacional del Perú.
La sentencia publicada el último jueves sostiene que el uso de estos animales en dichas circunstancias “vulnera el derecho constitucional a la preservación de un ambiente sano y equilibrado” y también las disposiciones de la Ley de Protección y Bienestar Animal (Ley N°30407).
El caso de Lamar es muy recordado. En el 2012, durante las protestas por el desalojo de La Parada (La Victoria), esta yegua fue atacada a pedradas por un grupo de manifestantes junto al policía que la cabalgaba. La agresión le provocó una severa fractura en una de sus patas. Días después fue sacrificada. Por estos hechos, los grupos animalistas exigieron la desactivación de la Policía Montada.
La historia de esta reciente sentencia comenzó hace dos años, cuando el Instituto Peruano de Asesoría legal del Medio Ambiente y Biodiversidad (Ipalema), presidido por la abogada animalista Sonia Córdova, planteó una demanda de acción popular contra el Ministerio del Interior.
De acuerdo con los argumentos de este instituto, “históricamente los caballos han sido utilizados para el control público, sobre todo en zonas urbanas” bajo dos argumentos: la capacidad de disuasión que el caballo tiene por su tamaño y la visión que le brinda al jinete para identificar a posibles alteradores del orden.
Pero –esta entidad sostiene– “existen razones que hablan en contra de la idoneidad del uso de los caballos”, por “ser presa fácil de manifestantes”. Además considera que existen otras medidas incluso más efectivas (vehículos antimotines o bombas lacrimógenas) para el control multitudes.
En su defensa legal, el Ministerio del Interior argumentó que si se advierte que existe un alto grado de violencia que supere las capacidades de la Policía Montada se dispone que otras unidades intervengan.
-¿Qué dice la sentencia?-
La Primera Sala Constitucional Civil de Lima reconoce que el uso del caballo por la Policía Montada para controlar multitudes en eventos y espectáculos públicos tiene un fin constitucionalmente legítimo, pero también advierte que determinadas circunstancias ocasionan “un sufrimiento para el animal”.
Basándose en un estudio realizado por la Federación Ecuestre Internacional (10 facts-horses heraing), la Sala indica que en un escenario de “conflicto y alteración” y por las “maniobras” del personal policial que utiliza instrumentos y objetos de represión como las bombas lacrimógenas “definitivamente se ocasiona un sufrimiento para el animal”. Eso –resalta– puede ser un peligro para su jinete y otras personas.
La sentencia también expresa que “debe tenerse en cuenta que la sensibilidad auditiva de estos animales ante ruidos es mayor a la de cualquier ser humano, lo que le ocasiona nerviosismo manifiesto con respuestas conductuales como hiperexcitación y angustia”.
Luego de aplicar un test de necesidad, la Sala fundamenta que la División de Servicios Especiales de la PNP “tiene y puede utilizar en el control de multitudes de los eventos y espectáculos públicos, con las características señaladas, otras alternativas”.
Se refiere al “amplio abanico de vehículos policiales” y “la moderna tecnología que se encuentra a su disposición” que “no solo resultan más idóneos, sino que incluso tendrían mayor eficacia en el control del orden interno”.
Sin embargo, se hacen las siguientes excepciones: “El gran aporte de la Policía Montada sería más bien en situaciones de guardia, rescate de personas en lugares de difícil acceso, en las zonas rurales o para situaciones de prevención, claro está, sin desconocer que todavía es una práctica existente, reconocida y loable en diversos países”.
Como se dijo líneas arriba, la Sala concluye que al no superar el test de necesidad, el uso de caballo por parte de la de PNP en los extremos indicados constituye una “vulneración del derecho a la preservación de un ambiente sano y equilibrado” y también a las disposiciones de la Ley de Protección y Bienestar Animal (Ley N°30407).
En su parte resolutiva, la sentencia declaró “nula” la palabra “montada” dentro del reglamento de la Ley de la Policía Nacional del Perú (Decreto Supremo N° 026-2017-IN) en la parte que se refiere a la estructura orgánica de la División de Servicios Especiales, a donde pertenece la Policía Montada.
-Razonable e histórica-
Para el constitucionalista Luciano López, esta es una sentencia “interesante, razonable y bien fundamentada” que si bien prohíbe el uso de caballos para protestas precisa algunas excepciones como en el rescate de personas, guardia o en zonas de difícil acceso.
El fallo, explica López, cita que el Tribunal Constitucional (TC) ha reconocido que los seres humanos tenemos un deber de protección de los bienes de la naturaleza, concretamente de los animales.
Para la demandante, la abogada Sonia Córdova, este es un fallo histórico. “A todas las personas que amamos a los animales nos alegra, nos da una luz de esperanza, de que podemos cambiar poco a poco la mentalidad de las personas y las autoridades”, declaró a El Comercio.
Agregó que “estos animales no pueden ser sometidos a este tipo de maltratos, a las bombas lacrimógenas, a las turbas. Hay que darles la protección que corresponde”.
El procurador público de asuntos constitucionales del Estado, Luis Huerta Guerrero, puede apelar la sentencia y, de no hacerlo, esta igual sube a revisión de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Es la que tendrá la última palabra.
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