El Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositran) declaró fundado el reclamo que realizó Antonio Gálvez Salazar por no haber sido atendido oportunamente por personal de Lima Airport Partners (LAP) en las instalaciones del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, a raíz de un caso de discriminación que denunció en el 2018.
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Ocurrió en diciembre de aquel año. Gálvez Salazar compartió en sus redes sociales unos videos en los que se aprecia una serie de burlas que recibía por parte de miembros de la orquesta de salsa Zaperoko. Presentó una hoja de reclamo en la que señaló que “pese a que el personal de LAP tomó conocimiento de dicha situación, no realizó ninguna acción a fin de que cesen dicho indebido comportamiento”. Esto fue rechazado por el mismo LAP en primera instancia.
Poco más de un año después, el Tribunal de Solución de Controversias y Atención de Reclamos revocó lo dispuesto por LAP y declaró fundado el reclamo presentado por Antonio Gálvez Salazar, “al no haberse acreditado que la entidad prestadora brindó al usuario un servicio de calidad”.
Es más, la Resolución N°2 de dicho tribunal establece que la entidad administradora del aeropuerto tiene un plazo de 90 días calendario para elaborar una guía o protocolo en el que se especifiquen conductas inadecuadas o indebidas de usuarios que ameriten la intervención del personal de seguridad, “entre las cuales necesariamente deben incluirse actos de agresión verbal o física contra usuarios que puedan afectar su dignidad y seguridad”.
Luego de ello, LAP también tiene un plazo de 30 días calendario para capacitar a su personal en base a dicho protocolo.
- Un paso adelante -
Antonio Gálvez Salazar contó en su cuenta de Facebook cómo tuvo que soportar una serie de insultos y gritos cuando ingresó al área de embarque del aeropuerto Jorge Chávez. Incluso compartió algunos videos en donde se aprecia al personal de la orquesta Zaperoko. Claudia Castro, asesora de Litigio Estratégico de Promsex y abogada de Gálvez Salazar, indicó que se trata de una resolución en segunda instancia. “Para nosotros es importante porque es la primera vez que Ositran se refiere a discriminación por orientación sexual a los usuarios de infraestructura de transporte de servicio público”, indicó en comunicación con El Comercio.
De ese modo, recalca que LAP tenía la obligación de garantizar la seguridad de Gálvez Salazar y no lo hizo. Pero la resolución de Ositran podría también tener un efecto legal en otra instancia pues existe una denuncia por discriminación y acoso sexual contra miembros de la orquesta de salsa que aun se encuentra en investigación preliminar.
“Eso debería ser tomado en cuenta como un indicio para continuar con la investigación. Antonio tenía razón en pedir que lo ayudaran y lo socorrieran ante las agresiones, porque las agresiones existieron. Ahora, si puede constituir un delito, eso lo determina el Ministerio Público”, puntualizó Castro. Las investigaciones se encuentran en la Fiscalía del Callao, y son contra Juan Carlos Paz Lobatón, animador del conjunto, y contra Jhonny Peña, dueño de la orquesta.
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