El ministro de Salud, Óscar Ugarte, indicó que la norma del Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19 que dispone que personas privadas de la libertad estén contempladas en la segunda fase de este proceso, debe ser revisada.
Durante su participación en la Comisión Especial COVID-19 del Congreso, Ugarte recordó que según las resoluciones ministeriales N°848-2020 y N°161-2021 del Ministerio de Salud (Minsa), la segunda fase contempla a los adultos mayores de 60 años a más, personas con comorbilidad a priorizar, población de comunidades nativas o indígenas y personal del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y personas privadas de la libertad.
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“Sobre las personas privadas de su libertad. Ese elemento está presente en la Resolución Ministerial 848-2020 que aprueba el plan de vacunación. Este es un documento suscrito el 20 de octubre. Personalmente, yo estimo que eso debe ser revisado. Efectivamente no consideramos que esa sea una prioridad”, señaló.
“Sí lo es -desde mi punto de vista, pero eso lo vamos a definir porque nos obliga a una resolución ministerial- el personal que trabaja en el INPE por los riesgos de contaminación [también figuran en la misma fase que se consideran a los internos], pero como les digo estamos revisando esto y en consulta, obviamente, con la primera ministra haremos la modificación si es que se considera conveniente”, agregó Ugarte.
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La controversia
A inicio del presente mes se desató una controversia centrada justamente en las personas que serían inmunizadas en la segunda fase, pues varios ciudadanos consideran que las personas que están recluidas en un penal cumpliendo una condena por actos delictivos no deberían estar en el mismo nivel de prioridad que los adultos mayores.
A esto, se sumó la contradicción que surgió entre los ministros de Estado respecto a este grupo de personas. La ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Silvia Loli, informó que solo el personal del INPE está incluido en la segunda etapa, mas no los internos. Explicó que se trató de un error de digitación.
Sin embargo, luego el ministro de Cultura, Alejandro Neyra, confirmó durante una conferencia de prensa, el pasado 9 de febrero, que las personas privadas de su libertad sí serán inmunizadas en la segunda fase de la vacunación contra el nuevo coronavirus.
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Frente a diversos cuestionamientos sobre la inclusión de los reos en la segunda fase de vacunación, el titular del Mincul señaló que es un trabajo coordinado con el Ministerio de Salud (Minsa), institución que se rige según los estándares de los derechos humanos.
“Nosotros y, sobre todo, el Ministerio de Salud, nos regimos en base a los estándares internacionales de derechos humanos y la razón por la cual el personal del INPE y las personas privadas de su libertad estén aquí (segunda fase de vacunación) es que hay un grupo de gente encerrada y se pone en riesgo al personal que cuida de ellos en los penales”, remarcó Neyra.
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