Una delincuencia gana terreno con crímenes feroces, avenidas claves como Javier Prado en Lima están tomadas por la informalidad representada en los colectivos y enfermedades endémicas se salen de control por falta de prevención. Los problemas sociales que más afectan a la población ocuparon espacio en el mensaje a la Nación de la presidenta Dina Boluarte por Fiestas Patrias. ¿Los anuncios tendrán efecto en la reducción de estos problemas? El Comercio consultó con especialistas en seguridad, transporte y salud para examinar las nuevas promesas del gobierno.
Seguridad ciudadana : ¿una policía del orden?
Una ‘policía del orden’ cuyas tareas no quedaron claras y un paquete de proyectos de ley para cambiar el Código Penal y enfrentar “con mayor dureza” la criminalidad. Estos fueron los principales anuncios de la presidenta Dina Boluarte sobre seguridad ciudadana.
Ante el Congreso, Boluarte adelantó que, como parte de la solicitud de delegación de facultades legislativas, buscará cambiar los alcances del Código Penal sobre delitos de robo, hurto y la penalización del uso de celulares robados. Además, pedirá que se incorpore la figura de la expulsión de extranjeros que cometan delitos en flagrancia, así como una norma orientada a reforzar la lucha contra la extorsión, estafa, fraude y otros delitos.
Para Frank Casas, experto en seguridad, ninguna de estas medidas se orienta a la prevención cuando el enfoque debería ser evitar el delito y no solo sancionarlo. “Al 2020 había 18% de víctimas de algún tipo de delito y a mayo del 2023 estábamos en 25%. La presidenta ha anunciado medidas que acumulan penas, pero no explica cómo reducir la victimización. No se dice, por ejemplo, cómo controlar el mercado de celulares robados”, dijo.
Con él coincidió César Ortiz Anderson, presidente de la Asociación Pro Seguridad Ciudadana del Perú, quien consideró que todos los anuncios “son más de lo mismo”. De hecho, sobre la llamada policía del orden, consideró peligroso que se incorpore personal no capacitado a una tarea que requiere policías especializados. “Cómo es posible que si el mismo ministro del Interior diga que falta policías, den una propuesta de policías de segunda. Lima y las principales ciudades requieren policías con experiencia para enfrentar delitos cada vez más complejos. Están convocando a jóvenes con secundaria completa y solo darles un entrenamiento básico, es un despropósito cuando lo que se requiere es repotenciar a la policía”, dijo.
Transporte: sin mención a la informalidad
Con un mensaje en transporte casi centrado en la capital, Boluarte no mencionó uno de los principales problemas: la informalidad que ha convertido vías urbanas en propiedad de colectiveros.
Expertos consultados por este Diario cuestionan esta ausencia, si se considera que cada año mueren unas tres mil personas en accidentes de tránsito en el país. “El discurso no ha visto la triste realidad. La informalidad está ligada incluso a la delincuencia. No solo en Lima, hay un transporte ilegal que se apropia de carreteras. ¿De qué sirve la infraestructura si va a ser vilipendiada por los colectivos?”, dijo Martín Ojeda, director del Consejo Nacional de Transportes Terrestres.
Los principales anuncios de la presidenta sobre el tema estuvieron relacionados a la puesta en funcionamiento de un tramo de la esperada Línea 2 del Metro de Lima y Callao (cinco kilómetros desde el mercado Santa Anita con la Vía de Evitamiento) para fin de año, la declaratoria de interés del proyecto del Anillo Vial Periférico de Lima Metropolitana, la elaboración de los expedientes técnicos de la Vía Expresa Santa Rosa y la Carretera Central y, a nivel nacional, la instalación de 68 puentes en la red vial. Para Mariana Alegre, directora de Lima Cómo Vamos, aunque relevantes, estos anuncios no dejan de ser los mismos que realizan todos los presidentes. “Son anuncios de conectividad necesarios relacionados a carreteras y puentes, pero hasta ahora ningun presidente busca atender a través de estas obras temas de inseguridad vial y diseños urbanos”, dice.
Lo único que dijo brevemente sobre reducción de víctimas de accidentes es que su gobierno aprobó la “Política Nacional Multisectorial de Seguridad Vial 2023-2030″, “para mitigar el problema público de la inseguridad vial y, en consecuencia, reducir la siniestralidad en las vías”. No dio más detalles. Cynthia Yamamoto, abogada especialista en temas urbanos, sostiene que esta política tiene fallas metodológicas y omite recomendaciones de Naciones Unidas. “He leído el informe y se dedica a hablar de conductas individuales cuando el principal foco debe ser infraestructura que salve vidas, segura, que reduzca la cantidad de muertos y heridos”, dijo.
Sobre el proyecto para crear un fideicomiso de titularización para el desarrollo de la movilidad urbana en Lima y Callao, Yamamoto añadió que esta propuesta está ligada solo a la construcción de las líneas 3 y 4 del Metro que, aunque importantes, nuevamente se limitan a un aspecto del transporte. “El problema de raíz son los buses, combis, custers, colectivos y mototaxis. Estamos pasando por aumento de pasajes, recortes de rutas, proliferación de colectivos. La construcción de metros son anuncios importantes, pero a largo plazo y exceden incluso al actual mandato. Se requiere, al día de hoy, solucionar el caos en el transporte público en buses”, dijo.
Salud y crisis recurrentes
Tras una gestión que se vio sobrepasada por la epidemia del dengue, cuya falta de control oportuno lo convirtió en el peor brote de los últimos años, el mensaje a la nación abordó el tema sanitario con una perspectiva centrada, nuevamente, en la infraestructura. Anunció la construcción de seis hospitales de alta complejidad con S/7.000 millones, la transferencia de S/3.500 millones a 57 proyectos de hospitales paralizados, la inversión de S/25 millones, con ayuda de la Unión Europea, para fortalecer 16 establecimientos de salud de la Red Integrada de Salud de San Martín de Porres, en Lima; así como la adquisición de 777 ambulancias para la red de atención prehospitalaria en la escala nacional.
Para atender la anemia, dijo que se ha convocado a 879 municipalidades para la implementación de un programa nacional que se denominará Niños de Hierro y, frente al cáncer, adelantó la entrega gratuita de medicamentos oncológicos adquiridos por Cenares “sin distinción de tipo de seguro de salud”.
Sobre este último punto, Susana Wong, vocera del Semáforo Oncológico y directora de Lazo Rosado Perú, consideró que es destacable que la lucha contra el cáncer se un objetivo nacional y que se potencie la prevención; sin embargo, lamentó que la presidenta no haya explicado “cómo va a liderar esta causa, sentimos que faltó desarrollar el tema, ser más específica al respecto”.
Para Raúl Urquizo, decano del Colegio Médico del Perú, se perdió la oportunidad de anunciar una reforma sanitaria a profundidad. “Es el mismo discurso de todos los años de los presidentes que llenan de promesas. No dice cómo va a mejorar el primer nivel. Habló de aseguramiento universal, pero no habla de presupuesto. Ya hay hospitales abandonados porque se necesitan especialistas, y se limita a anunciar nuevas construcciones”, dijo.