La Defensoría del Pueblo pidió hoy que los adultos mayores deben ser vacunados contra el COVID-19 de manera prioritaria y progresiva. Indicó considerar adelantar el proceso de inmunización a este grupo -que figura a la fecha en la fase 2- ante la llegada de nuevos lotes con dosis.
En un comunicado señaló que el Ministerio de Salud (Minsa) debe dictar normas que establezcan con mayor precisión el orden en el que se procederá durante las fases del proceso de vacunación.
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La institución advirtió la falta de información por parte del sector Salud sobre el sustento técnico y los criterios utilizados tanto para la priorización de los grupos como para la subpriorización teniendo en cuenta que los niveles de riesgo pueden ser diferenciados.
En ese sentido, la Defensoría indicó que la transparencia es fundamental para la comprensión de la racionalidad de las decisiones y la prudente espera de los turnos de vacunación.
Asimismo, recordó que un documento de la Organización Mundial de la Salud (OMS) establece pautas de vacunación en las que prioriza la protección de las personas adultas mayores y recomienda su vacunación inmediatamente después del personal de salud.
“En nuestro país, según cifras oficiales, el 70 % de las personas fallecidas a causa del COVID-19 son adultos mayores, por lo que siendo su situación de evidente riesgo basado en la edad solicitamos se les incluya entre los grupos de atención prioritaria”, se lee en el pronunciamiento.
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No obstante, la Defensoría del Pueblo expresó que si bien se conoce que el Perú aún no dispone de un suministro suficiente de vacunas para inmunizar a los posibles beneficiarios, ya que en el caso de las personas adultas mayores supera las 4 millones de personas, consideran unos tres puntos que podrían ser tomados en cuenta.
Primero, mientras la disponibilidad de vacunas sea muy limitada se debe priorizar al personal médico. Lo segundo, es que cuando aumente el suministro de vacunas, y aunque la disponibilidad siga siendo limitada, se debe considerar el inicio de la vacunación de las personas adultas mayores, usando un porcentaje de las vacunas disponibles, empezando por las que se encuentren en mayor nivel de vulnerabilidad.
“Por ejemplo, aquellas que desarrollan actividades laborales de riesgo como el comercio en mercados y bodegas, o personas en situación de abandono”, añadió.
Y finalmente, el tercer punto indica que cuando el suministro de vacunas alcance una disponibilidad moderada, se amplíe la vacunación a toda la población adulta mayor.
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Piden precisiones
Por otro lado, el Minsa consideró “indispensable” que el Minsa brinde precisiones sobre la denominada subpriorización al interior de las fases. Consideró que llama la atención que en las normas publicadas no exista un número aproximado de las personas que integran cada uno de los grupos priorizados.
“No está claro si dentro de los grupos priorizados se tomará en cuenta la naturaleza del vínculo laboral o contractual; las distinciones entre trabajadores del sector público y privado; la modalidad de trabajo (remoto o presencial); la ubicación territorial (rural o urbano); el nivel y frecuencia de exposición al virus; entre otros”, remarcó.
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