La Defensoría del Pueblo pidió hoy al Ministerio de Salud (Minsa) que las personas con síndrome de Down deben ser vacunados contra el COVID-19 de manera prioritaria y progresiva. Instó a considerar adelantar el proceso de inmunización, a este grupo dentro de la fase 1 como parte de la población con discapacidad.
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En un comunicado, la institución recordó que las personas con síndrome Down que, conforme a diversas investigaciones científicas, tienen mayor riesgo de gravedad y mortandad por su condición genética.
En ese sentido, se explicó este grupo vulnerable afronta altos niveles de riesgo ante la falta de atención y tratamientos adecuados que tengan presente las particularidades de su condición, como son la prevalencia de cardiopatía congénita e hipertensión pulmonar.
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El síndrome Down se presenta como consecuencia de una alteración genética que se produce por la presencia de un cromosoma extra o una parte del mismo. Según el Registro Nacional de la Persona con Discapacidad a cargo del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis), en el país se tienen registradas -al año 2015- 8800 personas con síndrome Down.
Síndrome Down y COVID-19
Recientemente, la revista “The Lancet” expuso los resultados de una amplia investigación científica sobre la vulnerabilidad médica de las personas con síndrome Down al COVID-19; cuyas conclusiones detallaron que presentan condiciones de vulnerabilidades mucho más intensas que la población en general, ya que tienen la mortalidad tres veces más alta y con un curso más severo de la enfermedad después de la infección.
Las complicaciones pulmonares a consecuencia del COVID-19 pueden derivar en neumonía viral, neumonía bacteriana y síndrome respiratorio agudo, consecuencias significativas, en comparación de quienes no presentan dicha condición genética.
Incluir a personas con trastornos
Por otro lado, en el documento dirigido al Minsa, la Defensoría del Pueblo también también pidió priorizar la vacuna para personas con trastornos mentales graves e institucionalizados, pacientes internados en establecimientos de salud mental, usuarios de centros de salud mental comunitarios y personas con enfermedades raras y/o huérfanas.
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Al respecto, Malena Pineda, jefa del Programa de Defensa y Promoción de Derechos de las Personas con Discapacidad, manifestó que, de acuerdo a los casos atendidos, las personas con discapacidad denuncian exclusión, discriminación y negligencia en los servicios de salud.
Señaló que la falta de prioridad a los grupos más vulnerables de esta población, constituye una omisión al deber de protección por parte del Estado, frente a situaciones de riesgo y un incumplimiento de las obligaciones contraídas en la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad de Naciones Unidas vigente desde el año 2008.
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La Defensoría remarcó que la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que, en las primeras fases de vacunación, se contemple también a la población con comorbilidades que tienen un riesgo significativo mayor de sufrir cuadros graves o morir por la enfermedad; siendo evidente que las personas con síndrome Down se encuentran en dicha condición.
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