Para el segundo semestre del 2018, era común ver el Centro Binacional de Atención Fronteriza (Cebaf) de Tumbes abarrotado de ciudadanos venezolanos pugnando por ingresar al Perú. Cada día llegaban a este sitio miles de ellos, ya sea a pie o en buses, con el propósito de pasar el control y dirigirse, en su mayoría, a Lima u otras ciudades del país. El grupo restante solo estaría de paso para luego dirigirse hacia Chile o Argentina.
Colas interminables, personas exhaustas, desesperación, esperanza, banderas tricolor y gorras. Esa era la imagen que se repetía cada día en este centro fronterizo. Similar situación, aunque en menor intensidad, se vivía al sur del Perú, en Tacna.
Este panorama empujó al Gobierno a tomar medidas para tratar de controlar mejor el ingreso, más aún cuando el número de venezolanos que arribaba al país aumentó notablemente con el transcurrir de las semanas.
Luego de casi tres años de esta imagen, las cosas han cambiado. En el Perú viven cerca de 1 millón 200 mil venezolanos, según data de Migraciones. Esta cifra es la misma desde ya hace algunos meses, debido también a la pandemia del COVID-19, que ha frenado la ola migratoria desde Venezuela hacia distintas partes del mundo.
Y es que este fenómeno desde hace un buen tiempo ya pasó a otra etapa: la de la integración. Gran parte de los migrantes y refugiados venezolanos en suelo incaico se viene insertando en el sector laboral informal (como la mayoría de peruanos), mientras que otro grupo destaca en sectores clave de la sociedad.
En diálogo con El Comercio, el representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) en el Perú, Federico Agusti, indicó que lo que hemos vivido este último año es un paréntesis en este proceso de integración. Si bien un 90% de los ciudadanos venezolanos señalaba que tenía un trabajo, las medidas adoptadas por el Gobierno para contener la pandemia tuvieron un impacto enorme en materia de inserción laboral. Sin embargo, a pesar de esta situación, precisa que el aporte de esta población a la economía peruana ha sido notoria.
“En algunos estudios del Banco Mundial y del BBVA se señala que en los años 2018 y 2019 la población venezolana había ayudado al crecimiento de cerca del 8% en el Perú, ya sea como consumidores o trabajadores. Incluso, había aportado a que los ingresos fiscales netos sean superavitarios y al aumento de la productividad”, informó Agusti, quien agregó que este aporte sería mucho más significativo si es que los venezolanos pudieran revalidar sus títulos y ejercer sus verdaderas profesiones.
Al inicio, como pasa en muchos lugares, buena parte de quienes migran a otros países se insertan en el sector informal de la economía. En el Perú, que tiene un sector informal laboral muy amplio, se estima que cerca del 74% de la población local trabaja en este sector. En el caso de los venezolanos, la cifra es del 90%. Con la pandemia, estos grupos fueron los más afectados. En los momentos más duros del 2020, una gran cantidad de personas perdieron sus fuentes de ingreso.
“Hay algunos avances para que muchas personas pudieran empezar nuevamente a trabajar. Esto tendrá un verdadero impacto en los venezolanos porque la mayoría se maneja en el mercado informal de la economía y ahora está buscando volver a reinsertarse”, sostuvo Agusti.
Salud
El Perú es uno de los países con las más altas tasas de contagio y mortalidad a causa de la pandemia del COVID-19. La pobre inversión y casi inexistente preocupación por el sistema de salud en las últimas décadas ha contribuido en gran medida a esta situación. Esto, sin mencionar que el personal médico, a pesar de su loable labor, no se da abasto en la atención de pacientes con esta enfermedad.
Ante este panorama, el aporte de médicos (as) y enfermeras (os) venezolanos ha sido vital para tratar de darle un respiro a los ya colapsados hospitales y a las Unidades de Cuidados Intensivos. La pandemia y la necesidad de más manos aceleró un proceso de integración que vale decir que ya se estaba dando en varios establecimientos de salud a nivel nacional.
“Como Acnur venimos trabajando junto con el Ministerio de Salud (Minsa) y el seguro social de salud (Essalud) en la incorporación de médicos extranjeros, sobre todo en sitios done existe una brecha. A través de una base de datos, donde hemos incorporado más de 1.200 registros de profesionales, el Minsa y la entidad de salud que así lo requiera puede identificar los perfiles según las necesidades que tiene y así incorporarlos rápidamente para ayudar en la respuesta al coronavirus. La mayoría de venezolanos (más del 50%) nos dijeron que están depuestos a trasladarse a cualquier lugar del país”, explicó Agusti.
A estas personas la Acnur está financiando y apoyando con orientación e información para que pueda facilitárseles el reconocimiento de sus títulos, ya que de por sí el proceso de revalidación es un poco engorroso y demora bastante. Lo que existe actualmente es una autorización temporal mientras dure la emergencia sanitaria para que aquellos que tengan sus títulos apostillados, revalidados, puedan empezar a ejercer en estos meses y que luego vayan tramitando el proceso para la matricula.
“Sin duda hay que seguir trabajando en eso. Ahí hay un buen punto donde se puede aprovechar el conocimiento y experiencia de la población venezolana que ha llegado y que tiene un alto grado de calificación. El 2019, en la presentación del informe del Banco Mundial, se indicaba que cerca del 57% de la población económicamente activa venezolana en el Perú contaba con títulos universitarios o terciarios”, añadió el representante de Acnur en el Perú.
Respecto al acceso a un seguro de salud, el Minsa. por decreto supremo, estableció que cualquier ciudadano extranjero, en caso contraiga el COVID-19 o presente síntomas sospechosos, puede acceder al Seguro Integral de Salud (SIS).
Educación
La integración de niños venezolanos a los distintos colegios públicos y privados del país ha ido en aumento en los últimos años. La mayor dificultad que ahora enfrenta la población infantil -peruana y venezolana- es el acceso a los dispositivos necesarios para las clases remotas. A la semana de confirmado el primer caso de coronavirus en el Perú -en marzo del 2020-, el Gobierno suspendió el año escolar. Días después dispuso el reinicio de clases, pero a distancia.
Esta situación generó muchas críticas al inicio, ya que una buena parte de escolares en el Perú viven en zonas alejadas donde no existe el internet o, en el mejor de los casos, la señal no es muy buena. A esto hay que agregar que muchos también viven en condición de pobreza y pobreza extrema, por lo que no cuentan con los recursos económicos suficientes para adquirir un celular, una tablet y mucho menos una PC para poder seguir las clases.
“En términos de acceso a la educación se ha mejorado mucho. Hay cerca de 100 mil niños venezolanos que son parte del sistema educativo, principalmente del público. Quizá ahora la dificultad está centrada en el tema de recursos, porque para las clases actuales hay que tener una tablet o un teléfono, interne. Existe entonces una dificultad vinculada a los ingresos de los padres. En la medida de que puedan insertarse laboralmente podrían disponer de mejor conectividad”, explica Agusti.
El comisionado de Acnur precisó que en el caso de los niños refugiados sí tienen acceso a estos sistemas de educación a distancia y cuentan con más vacantes. En cuanto al resto de escolares venezolanos dijo que la Acnur mantiene un contacto permanente con el Ministerio de Educación (Minedu) y con varias organizaciones con quienes trabajan algunos proyectos pilotos, con el fin de apoyarlos con el acceso a algún equipo tecnológico o ver la manera de crear espacios con conectividad a internet.
Solicitantes de refugio
Desde agosto del 2020, la población económicamente activa en el Perú han ido reinsertándose paulatinamente, aunque, en su mayoría, a sector informal. Este comportamiento no es ajeno a la población venezolana. Uno de los puntos claves quizá tiene que ver con la documentación. Casi la mitad de venezolanos que están en el Perú -cerca de medio millón- tienen la condición de solicitante de refugio, pero no todos los empleadores la reconocen.
“Por esta razón es muy importante que sean reconocidos como refugiados y en base a ello puedan solicitar su carné de extranjería. Hay algunos retos por delante aun sobre este tema, pero creo que con buenas políticas públicas se pueden aprovechar ese potencial y esa capacidad humana que tiene los venezolanos”, dijo Federico Agusti.
Un riesgo de trabajar en el sector informal y no contar con la documentación correcta es la explotación laboral. Los venezolanos ganan un 40% menos que la población local. Es decir, la documentación permite no solo un estatus regular en el país, sino también igualdad de derechos, además de facilitar la integración.
Un punto positivo para los venezolanos es que al ser el Perú el país con mayor número de solicitantes de refugio en el mundo, el haber hecho esta solicitud les permite permanecer y trabajar legalmente, más allá de que no todos los empleadores reconozcan esta condición.
“En lo que venimos trabajando es en la segunda etapa. La primera tiene que ver con registrar y permitir el acceso a las personas al sistema de asilo, lo cual se ha desarrollado en conjunto con la Cancillería y la comisión especial para los refugiados. Ahora lo que nos falta es el reconocimiento de esas personas en su condición de refugiado. Sobre eso estamos tratando de buscar mecanismos que sean más ágiles para reconocer por grupos, por tipo de vulnerabilidad, con el fin de avanzar mucho más rápido. Hemos desarrollado con la Cancillería un sistema remoto que permite entrevistas a distancia y el manejo de casos”, detalló Agusti.
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