Es durante las fiestas de Año Nuevo que el transporte terrestre interprovincial incrementa sus viajes, pues ciudadanos regresan a casa para celebrar. Sin embargo, este fin de año todavía se celebra en medio de la pandemia de Covid-19, situación que ha afectado dicho sector.
Pero este año la pandemia no es lo único que está impactando directamente a las empresas de transporte interprovincial terrestre y, cabe resaltar, formales. El mismo Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) ha publicado una resolución que dificulta su trabajo.
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Mediante la Resolución Ministerial 1354-2021-MTC/01.02, el MTC aprueba el empadronamiento a colectiveros solo con una declaración jurada. Es decir, cualquier persona, con una sola firma, puede estar autorizada para hacer taxi colectivo en carreteras. Además, cualquier auto de categoría M1 (sedan o station wagon) o M2 (minivan) pueden dar este servicio, vehículos que no son aptos para transporte en carretera.
Luz verde a los colectiveros sin GPS, ni paraderos, ni rutas in control de sueño.
FORMALES VS. INFORMALES
FORMALES VS. INFORMALES
“No más formales en un país de informales e ilegales”, dice Martín Orjeda, director del Consejo Nacional de Transporte Terrestre. Y es que a las empresas formales se les solicita cumplir decenas de reglas. Todo lo contrario a la norma aprobada para los colectivos. Si desde antes la informalidad era una competencia desleal abrupta, ahora, formalizar la informalidad es aún peor. Pero, aparte de esto, es un peligro para el cuidado de los ciudadanos.
Ojeda explica que “por norma nosotros [empresas formales] debemos tener buses en carretera. Los informales van en autos o mini vans. Además, nosotros, por ejemplo de Lima a Huancayo, debemos tener dos conductores que hagan turnos. Ellos usan un mismo conductor para tres idas y venidas”, sostiene Orjeda.
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El Comercio detectó que en los alrededores de los terminales principales como Atocongo y Yerbateros, los taxis colectivos se estacionan en lugares prohibidos para jalar a pasajeros generando caos en el lugar. Las rutas van desde Lima hasta diversas provincias en el norte, sur y centro del país.
La Superintendencia de Transporte de Personas, Carga y Mercancías (Sutran), quien antes era el ente encargado de la fiscalización, es ahora quien empadronará y dará los permisos a estos nuevos colectivos aprobados por ley. El Comercio trató de dialogar con la Sutrán para consultar cómo se fiscalizará a partir de esta resolución, pero no obtuvo respuesta.
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INSEGURIDAD TOTAL
INSEGURIDAD TOTAL
Quienes van a sufrir las consecuencias de la incorporación del transporte informal al transporte público son los ciudadanos. Y, una de las más graves consecuencias es la inseguridad que trae consigo el nuevo empadronamiento de colectivos. “Permitir que vehículos M1 o M2 hagan transporte público, desde cualquier punto de vista, el análisis siempre va a ser negativo”, sostiene el coronel PNP (r) Franklin Barreto, ex jefe de la Unidad de Investigación de Accidentes de Tránsito.
Por otro lado, el problema no está solamente en los vehículos, sino también en los conductores. El coronel (r) Barreto explica que los conductores formales llevan años de capacitaciones y entrenamientos, mientras que los conductores informales aprenden todo empíricamente, es decir en la práctica. Los conductores deben tener conocimiento específico para manejar en carretera teniendo en cuenta el viento, el peso de la carga, el tamaño del vehículo, entre otros.
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“[Los conductores informales] han aprendido a desarrollar conductas agresivas. Se basan en la guerra del centavo, entonces van a competir entre ellos. Eso va a generar inseguridad”, explicó el coronel (r) Barreto. “Es un retroceso a cualquier mínimo esfuerzo que se ha hecho sobre la seguridad vial”, agregó.
LA PANDEMIA
LA PANDEMIA
A diferencia de años pre pandémicos, actualmente los viajes interprovinciales terrestres han disminuido a un 60%. En el terminal de Atocongo, por ejemplo, antes se hacían 30 servicios por hora en temporada alta, ahora son seis, explica Martín Ojeda. Esta disminución se convierte en un enorme problema para cubrir los gastos de las empresas.
Además, las empresas han tenido que implementar medidas para cumplir los protocolos Covid. Desde el 10 de diciembre, todos los adultos mayores de 18 años deben presentar el carné de vacunación para viajar. En caso de que no se tenga uno, se debe presentar una prueba molecular negativa de mínimo 72 horas.
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Por esta razón, explica Ojeda, muchas personas prefieren ir en transporte informal pues no tienen la vacuna y no desean hacerse una prueba. Así, los pasajes en el sector informal suben de precio. “Esta situación nos complica aún más. El transporte informal a Ica cuesta normalmente 45 soles, ahora está en 100 o 150, porque no piden protocolos de bioseguridad”, indica.
Actualmente, las medidas impuestas por el gobierno para viajes interprovinciales para mayores de 18 son: acreditar la vacunación o resultado de prueba PCR negativa en menos de 72 horas, utilizar mascarilla KN95 o doble mascarilla quirúrgica, evitar consumo de alimentos o bebidas durante el transporte y declaración jurada de estado e salud.
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