Contrarreforma del transporte: todo lo que hay detrás de la norma que deja que cualquiera haga taxi colectivo

El último lunes, minutos antes de las 10 de la noche, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) publicó la Resolución Ministerial 1354-2021-MTC/01.02 en la edición extraordinaria de Normas Legales de El Peruano. En ella se crea el Padrón de prestadores del servicio de transporte de personas en auto colectivo, que será administrado por la Sutrán y para cuyo registro solo se necesitará una declaración jurada del conductor del vehículo.

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La reciente resolución se sustenta en la Ley 31096, que precisa la norma aprobada por insistencia por el Congreso anterior que legalizó el servicio colectivo en todo el país, excepto Lima y Callao. Esta autoriza el taxi colectivo en rutas interprovinciales e interregionales en vehículos M1 (sedán o station wagon) y M2 (miniván), pese a que se trata de un servicio que no tiene rutas definidas, paraderos, control de los conductores ni sistemas de seguridad para garantizar la vida de los pasajeros.

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SIN REQUISITOS

El artículo 4 de la resolución también establece que con el padrón, en el que pueden inscribirse personas naturales o juríricas, se podrá “obtener la autorización para prestar el Servicio Temporal de Transporte Terrestre de Pasajeros en Automóvil Colectivo”, siempre que cumplan con los requisitos y condiciones técnicas que se establezcan en el Reglamento de la Ley N° 31096.

Dicho reglamento todavía no existe. El proyecto del reglamento, publicado en enero pasado, solo exigía que los colectivos cuenten con frenos ABS (sistema antibloqueo), GPS y otras especificaciones que para especialistas como el coronel PNP (r) Franklin Barreto, ex jefe de la Unidad de Investigación de Accidentes de Tránsito, son insuficientes para garantizar la seguridad de los pasajeros y evitar accidentes. En un informe previo realizado por El Comercio, Barreto explicó que el propio diseño de los vehículos livianos los hace vulnerables ante las fuerzas del viento en carretera frente a vehículos de mayor tamaño y peso como buses o tráilers. Sobre conductores, el proyecto solo menciona que deben contar con licencia de conducir A categoría II-a y II-b, no tener más de 80 años y desde los 65 años rendir exámenes médicos semestrales.

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Para Mariana Alegre, directora de Lima Cómo Vamos, es precisamente la falta del reglamento una de las principales preocupaciones sobre lo que se pretende legalizar. “El padrón implicaría una posibilidad de autorización temporal pero todavía no dicen cuáles son los requisitos”, sostiene a este Diario.

Con ella coincide Lino de la Barrera, especialista en transporte, quien cuestiona que no se haya definido primero parámetros del servicio pese a que de ahí surgirán las autorizaciones de operación. Al hacer el empadronamiento antes que los requisitos podría forzarse a que estos encajen con los colectivos.

“La norma dice que cualquiera puede registrarse, pero no se define quién presta el servicio. Sabemos que hay personas jurídicas que se disfrazan de pseudo empresas de transporte turístico. Han abierto una puerta que les será muy difícil de cerrar. Puede dar lugar a comisionismo, el problema que tenemos en Lima, donde hay un dueño de ruta y un montón de colectivos prestando el servicio”, dice.

Pese a que se busca que las autoridades piensen primero en la seguridad del pasajero, en este caso pareciera que solo se está considerando la operación de los vehículos. “Mínimamente se debe pedir al colectivo lo mismo que se pide al que transporta a personas de manera formal. Que los choferes estén en planilla, que los vehículos tengan seguros obligatorios, entre otros. La norma establece que hay un tiempo máximo de conducción. Un viaje de Lima a Tacna son 23 horas, se tendría que tener dos choferes ¿cómo meter dos choferes en un auto colectivo?”, opina de La Barrera.

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JUEZ Y PARTE

Este nuevo paso para legalizar el servicio colectivo ocurre a menos de dos meses de las reuniones del MTC con gremios de transportistas, entre ellos varios colectiveros. En la primera, realizada el 4 de noviembre, el propio ministro Juan Silva prometió la “reorganización” de Sutrán y en la segunda, realizada durante la madrugada del 6 de noviembre, se pactó poner en agenda la formalización del taxi colectivo y “regularizar las sanciones” que hayan recibido.

Para Alfonso Florez, gerente general de Transitemos, en la práctica lo que se ha hecho es convertir a Sutrán en juez y parte de la fiscalización de los colectivos. Si antes su tarea era evitar la informalidad, ahora los empadrona.

“Estamos en un franco retroceso en formalizar y mejorar el servicio de transporte de pasajeros en el país. Todo esto responde a esa negociación que tuvo el ministro con gremios de colectivos”, opina a El Comercio.

El especialista en transporte reconoce que hay zonas del país donde podría regularizarse el servicio en minivanes siempre que no exista una oferta formal de transporte interprovincial. Una forma de delimitarlos es establecer rutas de menos de 100 km con estrechas o no asfaltadas que no sean seguras para los buses interprovinciales.

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“Ahora hay un libertinaje total. Los colectivos sacan permisos de transporte turístico en sus regiones. Cruzan de Lima a Tacna cambiando los permisos para cada región. Les conviene más ir en la Panamericana pese a que hay servicio formal ahí. Esto atenta contra la libre empresa, a la empresa formal se le exige paraderos, terminales y una serie de requisitos técnicos que a los colectivos no les piden. Solo juran que son buenos”, dice.

De la Barrera recuerda la decisión de involucrar a la Sutrán en el padrón proviene de la ley dada en el Congreso “equivocadamente porque es un ente de fiscalización”.

Mariana Alegre advierte, además, que no hay un interés del Ejecutivo por incluir a este tipo de servicios en un plan integral de transporte. “Cualquier acción de promoción de los colectivos es básicamente una renuncia a los sistemas de transporte público. Puede haber camionetas tipo van que presten servicios directos para atender una necesidad, pero eso debiese partir del Gobierno en el sentido de planificar y organizar los sistemas de transporte. Ahí es donde está el asunto más importante, parece que no hay una vocación de impulsar procesos de transporte público”, señala.

Ahora la Sutrán tiene un plazo de 30 días para empadronar a todo aquel que lo solicite. Sobre las especificaciones técnicas que se les pida para operar, no hay ninguna novedad.

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DESDE EL CONGRESO

Si desde el Ejecutivo hay una clara intención de favorecer al servicio de taxi colectivo, en el Congreso hacen lo propio para ampliar automáticamente autorizaciones de combis y coaster, incluso de las que deben miles de soles en papeletas.

Hace apenas una semana, la bancada de Somos Perú presentó el Proyecto de Ley N°1048-2021-CR, que busca modificar la Ley 30900 y permitiría la circulación de las combis por 10 años más.

Según la propuesta, se busca evitar que estas empresas no quiebren en el marco de la pandemia del COVID-19. Esto pese a la precariedad y el mal uso de algunas de unidades ponen en riesgo a los usuarios.

Esta iniciativa ha sido presentada por congresista Héctor Valer Pinto y cuenta con las firmas del vocero de Perú Libre, Waldemar Cerrón, así como de los parlamentarios Wilmar Elera García, José Jerí Oré, Hitler Saavedra Casternoque, Carlos Zeballos Madariaga, Alfredo Azurín Loayza, Yonel Alcarráz Agüero.

“Están tratando de hacer con una ley lo que no pudieron con la ATU. Sabemos que hay congresistas que llegaron con votos de transportistas informales, han sido elegidos por ellos”, advierte De la Barrera.

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