En el 2015, la Adjuntía del Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo publicó un informe sobre las condiciones de infraestructura vial y señalización en 245 puntos críticos de accidentes de tránsito de Lima y Callao. Tres años después, El Comercio visitó algunos de estos lugares y comprobó, no solo que varios puntos se mantienen igual, sino que en algunos casos están peor. A pesar de que las autoridades fueron alertadas de las conclusiones de la Defensoría del Pueblo y de las recomendaciones sugeridas para revertir los problemas, las entidades aún tienen una larga lista de acciones pendientes.
—Fiscalización—El documento elaborado en el 2015 se trabajó en base a reportes de siniestros de tránsito enviados por las municipalidades distritales y provinciales de Lima y Callao.
Los insumos sirvieron para mapear estos espacios y hacer una fiscalización de campo de aquellos factores que aumentan el índice de accidentes en estos puntos. Se evaluó el estado y mantenimiento de las pistas, rampas, paraderos, semáforos, la señalización, la demarcación de cruceros peatonales, entre otros.
Las condiciones en las que transitan los peatones, la accesibilidad de las veredas, así como la construcción de rampas diseñadas para personas con discapacidad son otras de las variables que el estudio tomó en cuenta a fin de proponer acciones que contribuyan a construir una ciudad inclusiva con vías públicas para el desplazamiento seguro de todas las personas.
Los resultados arrojaron cifras alarmantes. Del total de puntos críticos supervisados, el 53% (112 puntos) presentaba pistas con baches y grietas; el 46% (114 lugares) carecía de cruceros peatonales o no se encontraban debidamente pintados, el 81% (122 espacios) no incluía rampas, mientras que en el 50% de los casos(123 puntos), los semáforos eran inexistentes y en el 17% (42 puntos) donde sí existían, estaban en una mala ubicación, funcionaban de manera deficiente o se encontraban en mal estado.
—Lo que vimos—Este Diario visitó cinco de los lugares más críticos abordados en el informe, ubicados en los distritos de Chorrillos, San Juan de Lurigancho, Magdalena, Comas y San Miguel.
Algunos agrupaban en un mismo espacio varios factores negativos. En Comas, por ejemplo, en el cruce de las avenidas Túpac Amaru y Víctor Andrés Belaunde, pudimos identificar no solo una manifiesta falta de mantenimiento de las pistas, cruces peatonales inexistentes o mal pintados, sino también semáforos inoperativos. La ecuación perfecta para institucionalizar el caos vehicular.
Aunque esta realidad fue recogida por la Defensoría del Pueblo tres años atrás, en las visitas realizadas no se evidenciaron mejoras en la infraestructura vial. Además, el problema de los semáforos también se presenta en la Av. Próceres de la Independencia en San Juan de Lurigancho.
En los casos en donde los cruceros peatonales estaban mal pintados o no existían, observamos que los transeúntes invadían las pistas de manera intempestiva, cruzaban muy cerca de los autos, con lo cual ponían en riesgo sus vidas y las de los niños que los acompañaban. Recordemos que según un informe de la Asociación Cruzada Vial del 2015, todos los días son atropellados 27 peatones y ciclistas en las calles de Lima. O si se quiere: 9.720 al año.
—Responsabilidades—De acuerdo con el director de la ONG Luz Ámbar, Luis Quispe Candia, las autoridades competentes son responsables de los daños y perjuicios que pueda generar el mal estado de las pistas y vías. Esto incluye los siniestros de tránsito causados directamente por ello.
“Es una responsabilidad objetiva, salvo que la falta de conservación de las vías sea por causas impredecibles”, señala.
Según la ley, además, podrían ser responsables solidarias las empresas constructoras que tienen la obligación de garantizar el mantenimiento de las obras viales que han ejecutado.
Quispe Candia afirma que en los casos en que el chofer comete una infracción de tránsito porque la señalización vertical no es clara o está mal ubicada (por ejemplo un cartel que obliga a voltear en una vía de sentido contrario), el conductor puede válidamente eximirse de responsabilidad porque fue inducido a error. El problema ahí es que tendría que impugnar la falta y eso demora porque el Servicio de Administración Tributaria (SAT) tiene muchas apelaciones por resolver.