El 26 de noviembre pasado, la Municipalidad de San Isidro emitió una orden de compra por 72 uniformes de tipo militar con el fin de dotar a su flamante “cuerpo especial operativo” de seguridad ciudadana, según documentos a los que accedió El Comercio.
La gestión de Augusto Cáceres Viñas (Acción Popular) destinó S/23.472 para adquirir pantalones camuflados, camisas, casacas, cinturones tácticos y boinas negras de la empresa Raleón Corporation.
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El 30 de noviembre, se destinaron otros S/22.680 por 72 cascos y 72 chalecos tácticos a Distribuidora Javisa. Días después, el 4 de diciembre, se emitió una orden para comprar 72 pares de botas tácticas a la empresa Anubis Outdoor, por S/9.720.
Así, con un presupuesto que ascendía a S/55.872, se completó el equipamiento de un grupo cuya función, según el municipio, es “vigilar que los ingresos y salidas del distrito no sirvan como rutas de escape para quienes actúan en contra de la ley”.
Pese a ello y a la contratación de 29 licenciados de las Fuerzas Armadas y el arriendo de dos camionetas todoterreno, la municipalidad insistió en que la implementación del cuerpo especial estaba “en fase de proyecto”.
Días antes de la Navidad, vecinos de San Isidro advirtieron la presencia de serenos con trajes camuflados en algunas calles del distrito y transmitieron su desconcierto a algunos regidores del distrito, y a este Diario.
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El 26 de diciembre, el Ejército del Perú (EP) indicó a El Comercio que las prendas del mencionado equipo de seguridad ciudadana reproducían el patrón de su uniforme de campaña único, lo cual está prohibido.
Por tal razón, el EP pidió a Cáceres Viñas la “destrucción o desnaturalización” de los trajes. Desde entonces, no ha habido respuesta de San Isidro a nuestras reiteradas solicitudes de información sobre el caso.
Mediante una solicitud de acceso a la información, este Diario averiguó que el 4 de enero último –después de la controversia– la municipalidad “resolvió” la compra a Raleón Corporation.
“Hubo un error en la parte productiva por el material y el color. Pedimos ampliación del plazo [de entrega] a la entidad, pero nos dijeron que no porque ya no había necesidad de las prendas. […] No se llegó a efectuar el pago”, relató Danny León, representante de la empresa.
Fuentes en el Ejército señalaron que San Isidro les envió un comunicado “dando cuenta de que se iba a cortar el proceso” de los uniformes.
La regidora María Inés García Calderón (AP) dijo, en un primer momento: “Apoyamos al alcalde y confiamos en él, pero no puedo defenderlo o no defenderlo, porque fue una decisión que no ha sido analizada por nosotros”.
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Pero en otra llamada, minutos después, señaló: “Quiero cambiar mi declaración con la información que tengo. La orden fue anulada, no hubo desembolso; entonces, no hay compra oficial de los uniformes”.
Para José Antonio Trelles, abogado especialista en contrataciones públicas, este caso revela que hubo una infracción normativa de la gestión de Cáceres Viñas, al margen de que el pago finalmente no se haya efectuado.
“Que no exista perjuicio económico directo no los exime de responsabilidad. Hay un costo administrativo”, expresó.
El abogado Julio Midolo, especialista en derecho penal, advirtió una posible malversación de fondos.
La municipalidad no ha aclarado si también devolvió a los demás proveedores los chalecos, cascos y botas tácticas destinados al cuerpo especial de seguridad ciudadana. Tampoco si continúa vigente el alquiler de las dos camionetas para ese grupo, que asciende a S/34.000, o si anuló la contratación de los 29 “serenos especializados”, por S/2.500 cada uno.
El regidor Gustavo Massa (AP) lamentó que haya una serie de denuncias similares en el distrito en los últimos meses y que nadie en la gestión de Cáceres Viñas “se haga responsable”.
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