Quienes están buscando refugio en los Estados Unidos ha dado un giro inesperado con un reciente cambio oficial en los protocolos de solicitud. Para los expertos en temas migratorios, esta modificación resulta perjudicial para aquellos que estén solicitando el asilo político, pues existen altas probabilidades de que sus solicitudes sean rechazadas. Ante la incertidumbre de este ajuste, es necesario que comprendas cuál es esta nueva regla y cómo impactarán realmente en tu futuro, en caso te orientaste por este proceso legal. Lee con atención los siguientes párrafos.
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La modificación se anunció oficialmente el pasado sábado 11 de abril, mediante un memorando publicado por la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración del Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) de este país.
En dicho documento se suscribe que los jueces de inmigración quedan eximidos de la obligación de realizar interrogatorios o agendar audiencias si consideran que la solicitud presentada carece de fundamentos legales necesarios.
La finalidad de esta decisión es agilizar el proceso de los casos de asilo político que se mantienen pendientes por un buen periodo de tiempo.
Un cambio que afectará considerablemente a los solicitantes de caso aliso
El ajuste tendría un impacto considerable a los solicitantes con casos pendientes que carecen de pruebas suficientes para validar el riesgo que correrían sus vidas al retornar a sus países de origen. Para los especialistas en migración, los principales perjudicados serán aquellos que realizaron una petición sin la asesoría legal adecuada.
“Como hay cuatro millones de casos pendientes que no haya cómo deshacerse de los casos y parar el embotellamiento. Va a ayudar con el flujo de inmigración, pero perjudicará a las personas a tener un recurso ante un juez”, declaró la letrada Alma Rosa Nieto a Telemundo 52.
Lo común sería que un caso de asilo político se resuelva en periodo de 4 a 5 años, pero con esta nueva medida, el solicitante podría recibir una respuesta en el menor tiempo posible, aunque no garantiza que su solicitud haya sido aprobada.
Para la abogada Nieto, los postulantes que cuentan con un permiso temporal mientras esperan una resolución sobre su caso corren el riesgo de perder dicho beneficio, y, en el peor de los casos, enfrentar un proceso de deportación.
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