La declaratoria del estado de emergencia nacional en la frontera con México fue el primer paso que dio Donald Trump este lunes 20 para llevar a cabo la deportación masiva de migrantes irregulares, acaso la máxima prioridad de su segundo mandato al frente de Estados Unidos y su promesa electoral más sonada y radical.
A lo largo de esta semana han sido varias las órdenes ejecutivas y normas dadas por el Ejecutivo de Trump sobre el asunto migratorio, algunas de las cuales se han topado con obstáculos legales, como por ejemplo la de un juez federal de Seattle, que en las últimas horas suspendió temporalmente la medida que busca eliminar el derecho de ciudadanía por nacimiento en el gigante del norte.
Pero Trump no pierde de vista a quienes deben llevar a cabo sus órdenes y cumplir con la misión de actuar contra la inmigración irregular.
Los migrantes indocumentados son los principales objetivos de la Administración Trump, pero no los únicos. En la filosofía trumpista, sin amenazas no hay éxito posible, así que los funcionarios y autoridades también han pasado a estado de inquietud. Los más de 115.000 empleados del Departamento de Justicia están avisados: si se resisten, obstruyen o incumplen órdenes relacionadas con la inmigración, los fiscales los investigarán para ver si su mala conducta amerita un proceso penal.
Un memorando firmado este miércoles 22 por el fiscal general interino, Emil Bove, establece también instrucciones precisas para que todas las unidades del departamento hurguen y rebusquen en sus archivos información y datos biométricos para identificar a quienes estén en el país de forma irregular. Y fija además un plazo perentorio: 60 días para entregar todos los datos al Departamento de Seguridad Nacional a fin de que este los utilice en sus deportaciones.
Sin nombrarlas, el mencionado documento apunta también a las llamadas ciudades santuario. Unos 10 estados y más de 560 urbes, condados y jurisdicciones en todo Estados Unidos cuentan con políticas de santuario, es decir, tienen disposiciones formales o informales que restringen la cooperación con las autoridades federales de inmigración a través de la prohibición del uso de recursos locales para ello. Ciertos gobiernos locales empezaron a adoptar estas políticas en la década de 1980, cuando las iglesias ofrecieron refugio a quienes huían de la guerra civil en El Salvador.
Trump ya amenazó a estas localidades -en su mayoría controladas por el Partido Demócrata- con acciones legales, penales o civiles en una de las más de 40 órdenes ejecutivas que firmó en sus primeras horas en el cargo. “Las jurisdicciones santuario no van a detener lo que vamos a hacer”, advirtió Tom Homan, el nuevo zar de la frontera, poco antes de asumir el puesto. La disposición de que la policía pueda ingresar en escuelas, hospitales e iglesias para llevar a cabo redadas contra indocumentados plantea una alta posibilidad de choques entre el gobierno federal y las ciudades santuario.
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