La libertad de prensa ha tocado su nivel más bajo de los últimos cuatro años en América, advirtió este viernes 10 la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) en el segundo día de la 79 Asamblea General que empezó el jueves y se extenderá hasta el domingo 12.
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La advertencia se produjo con la presentación de los últimos resultados del denominado Índice Chapultepec, un barómetro elaborado por la SIP y la Universidad Católica Andrés Bello que mide las acciones institucionales en materia de libertades de expresión y de prensa en 22 países de la región.
Este año el promedio global fue de 47,84 puntos de 100 posibles. Es la primera vez desde que se empezó a publicarse el índice en el 2020 que dicho promedio desciende por debajo de los 50 puntos.
Esto se debe a que, según la SIP, 18 de los 22 países analizados mostraron un retroceso durante el último año de evaluación. Algunas de las naciones en las que el deterioro de las condiciones ha estado más marcado fueron Honduras, El Salvador, Bolivia y Guatemala.
Mientras que la otra cara de la moneda la representa República Dominicana, país que pasó a encabezar el índice superando ligeramente los 80 puntos.
En el caso del Perú, este año se ubicó en el puesto 12, uno más abajo que el año pasado y bastante lejos de la sexta posición que ocupó en el 2020.
“La situación es preocupante desde un punto de vista nacional y también desde uno regional. Por primera vez tenemos a cuatro países en el grupo de ‘alta restricción’, antes lo máximo había sido dos. Y más abajo tenemos a los países de siempre: Nicaragua, Cuba y Venezuela”, lamenta en conversación con El Comercio Rodrigo Salazar Zimmermann, director ejecutivo del Consejo de la Prensa Peruana (CPP) que se encuentra en México participando de la asamblea.
- ¿Cuál es la sensación general durante la asamblea?
Yo creo que la resumió muy bien el señor Carlos Jornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP. Él dijo lo siguiente: “América padece una auténtica tragedia autoritaria. Por lo tanto, la prensa es una de sus primeras víctimas”. Esa es la sensación general. En todos los paneles donde hemos estado, en los que se ha discutido la situación de Venezuela, Haití, Bolivia, El Salvador, Perú o Estados Unidos, vemos que algo terrible está pasando en América Latina y se refleja en la prensa. Dentro de esa figura, nuestro país tiene su espacio de tristeza.
- En abril del 2022 usted me dijo que “el Perú siempre había sido considerado un ejemplo de libertad de expresión, pero ahora estamos en el último cuarto de la región”. Hoy hemos caído un puesto más en el Índice Chapultepec...
Así es, éramos un país con alta libertad de expresión hasta los años 2020 y 2021, desde entonces hemos venido cayendo. Gran parte de la responsabilidad la tiene Pedro Castillo y su gobierno, pues fue el año pasado cuando caímos cuatro puestos. Pero la excusa colegial que usan Dina Boluarte y Alberto Otárola de decir que toda la responsabilidad fue de Castillo no es cierta. La caída de este año es una respuesta a su gobierno.
Hoy estamos dentro del grupo de países en restricción de libertad de expresión a nivel agregado. Pero si hablamos de protección del Estado a periodistas y de impunidad contra periodistas, estamos en el régimen de países sin libertad de expresión. En otras palabras, el índice Chapultepec refleja que en el Perú no hay libertad de expresión en cuanto a la violencia impune contra periodistas y la protección del Estado.
- Es alarmante que eso no solo incluya a la Presidencia y al Congreso sino también a organismos como la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo o el Tribunal Constitucional (TC). ¿Podría explicarnos la amenaza que representa que dichas entidades dejen de ser garantes para nuestros derechos?
Yo acabo de presentar el caso del Perú en la SIP y cerré el panel diciendo que los periodistas en nuestro país estamos desamparados. Tenemos a una ciudadanía que no nos quiere, que no confía en la prensa y eso lo hemos ganado en parte a pulso los propios periodistas. Por otro lado tenemos a los clásicos agresores, que son el Ejecutivo y el Legislativo. Pero ahora a ellos se suman el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, el TC, la Policía y los militares. Es decir, todo el aparato del Estado va contra la prensa.
En consecuencia, vemos que la policía intenta obligar a periodistas de Lima y regiones a revelar sus fuentes secretas. El Ejército, a través de la División de Inteligencia le hace reglaje a periodistas. La Fiscalía también intenta obligarnos a revelar fuentes. La no declaración de algunos sectores públicos a la prensa, como la Defensoría del Pueblo que ha renovado su reglamento interno para que sus funcionarios solo puedan declarar con autorización del área de Comunicaciones.
Yo no quiero pensar qué pasa si un día el Congreso aprueba una ley contra la libertad de expresión y el Consejo de la Prensa Peruana la lleva ante el TC, seguramente fallaría en contra de la libertad de expresión.
- Como bien menciona, los errores de la prensa han traído la enemistad de la ciudadanía. Pero, ¿qué consecuencias traería para el país en general no tener a una prensa independiente y con derechos plenos?
No hay democracia sin prensa libre. Podemos regresar al siglo XVIII o XIX y ver cómo en las propias guerras de independencia ya se discutía la importancia de la libertad de expresión y de la prensa para que pudiera haber una república. Desde hace 250 años se aplica a la libertad de prensa como una pieza fundamental para las repúblicas y las democracias. No es algo que lo diga el Consejo de la Prensa sino los padres fundadores de Estados Unidos, por ejemplo. No se puede entender el gobierno del pueblo y de la ley para todos sin prensa. Pero claro, hemos llegado a un momento de la poshistoria en el que la ciudadanía quiere sacarse del medio cualquier intermedio y no solo me refiero a la prensa sino también a la política. A la gente hoy le encantaría votar por su celular, sin tener que pasar por el Congreso.
Por otro lado, tenemos el hecho de que cierto sector de la prensa ha tenido un comportamiento lamentable durante mucho tiempo, con mayor preponderancia durante las elecciones del 2021, considerando a un candidato, por más pobre que fuese su propuesta, con calificativos que no eran propios de él. Pedro Castillo no era comunista, no hizo un fraude electoral, ni siquiera podía poner ministros. La ciudadanía recuerda mucho eso, sobre todo en el sur andino del país.
Los medios debemos hacer un trabajo importante para recuperar la confianza de los peruanos, sobre todo en el sur andino y lo tenemos que hacer los periodistas. Porque un riesgo muy grande que tenemos es que si un día el Estado quiere ir contra nosotros con expropiaciones o cancelaciones de frecuencia, nadie nos va a defender.
- Recordar nuestro papel como servidores de la ciudadanía, ¿cierto?
Así es. El periodista es como un profesor, un bombero o un enfermero. Damos un servicio público y tenemos que recordarlo. Lo que sí me parece importante destacar es que a pesar de no tener ningún tipo de defensa por parte del Estado, los periodistas y las organizaciones periodísticas como el Consejo de la Prensa Peruana, la Asociación Nacional de Periodistas, el IPYS y el Colegio de Periodistas, estamos realmente unidos en un frente común contra las agresiones. Eso lo tenemos que mantener porque no nos queda otra cosa. Y hay algo que me preocupa mucho.
- ¿De qué se trata?
Entendemos que el Congreso es un cúmulo de intereses de gente involucrada en crimen organizado, lavado de activos o robo de sueldos. Pero eventualmente, creemos, llegarán las facciones internacionales de la violencia, de Venezuela, Colombia o Ecuador. Y tendrán sus propios elementos en el Congreso, lo que se convertirá en una nueva amenaza para los periodistas. El riesgo más grande que tendremos será que quienes investiguen sobre el Tren de Aragua, el Comando Vermelho o Los Gallegos, sufrirán de algún intento de atentado. Un lavador de activos quizás no mate a un periodista, pero una banda dedicada al sicariato sí lo puede hacer.
- ¿Han podido conversar con la presidenta Boluarte sobre la situación de la libertad de expresión?
Si no me equivoco hemos tenido con ella dos reuniones donde mencionaba la libertad de prensa y de expresión. Pero ahora vemos que el canal del Estado tiene una línea editorial de relaciones públicas sobre el gobierno de turno, que la presidenta le dice a la prensa que se disculpe por el caso de su hermano Nicanor, que 60 casos de agresiones de la Policía a periodistas durante las protestas siguen impunes.
Claramente vemos una continuidad de lo que fue el gobierno de Pedro Castillo. Desde el 2018 o 2019 le venimos diciendo en cada informe que le hacemos a la SIP que es el peor año para la libertad de expresión en el Perú desde el retorno a la democracia. Y este año no es la excepción.
La presidenta Boluarte incluso nos mencionó su intención de firmar la Declaración de Chapultepec, la más importante casi del mundo en libertad de expresión y que cumple 30 años. Lo consideramos en un momento pero luego preferimos que no se dé, porque no consideramos oportuno el momento de que la mandataria firme mientras la policía le estaba pegando a los periodistas. No encontramos un espíritu del gobierno ni del Estado y no queremos ser tontos útiles.
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