La polémica decisión del Gobierno Japonés de verter agua depurada de la destruida central nuclear de Fukushima al Océano Pacífico sigue trayendo consecuencias tanto económicas como diplomáticas para los nipones.
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De poco han servido los esfuerzos tanto de la operadora de la planta, Tokyo Electric Power (Tepco), como del primer ministro japonés, Fumio Kishida, por explicar que el plan no conlleva ningún tipo de riesgo para el medio ambiente ni para las personas, un argumento que respalda el propio Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), para convencer a sus vecinos.
Y entre ellos destaca el caso de China, que se oponen al plan de vertido desde que fuera anunciado hace dos años.
El gigante asiático es el principal comprador de productos marinos japoneses. Se estima que solo las exportaciones niponas hacia China y Hong Kong ascienden a 1.100 millones de dólares anuales, la mitad del total que genera dicha industria en Japón.
Sin embargo, el jueves 24 decidió suspender todas las importaciones pesqueras niponas, una ampliación a la medida tomada en julio y que aplicaba solo para los productos provenientes de la región de Fukushima y otras prefecturas cercanas.
La razón, aseguran desde Beijing, sería “proteger la salud de los consumidores chinos”. Pues, pese a las aprobaciones con las que cuenta el plan, China califica de “extremadamente egoísta y un acto de irresponsabilidad” el plan que involucra echar un millón de toneladas del agua almacenada en la central nuclear durante los próximos 30 años.
“China no es el único país que se ha alzado con dudas sobre esta descarga. Corea del Sur ha lanzado un veto similar a productos marinos japoneses. Se entiende que el agua ha pasado por un proceso de limpieza que la ha liberado de casi todos los residuos -excepto del tritio- y formalmente no debería haber mayor preocupación. Sin embargo, hay políticos y científicos que consideran necesario un estudio más detallado o prolongado antes del vertido. Eso ha generado especial suspicacia. Por otro lado, en China se cuestiona mucho que esta opción haya sido la más barata que pudo elegir Japón. Había otros métodos de evaporación o vertidos bajo tierra que habrían resultado diez o cien veces más caras que esta opción de echarlas al océano“, explica a El Comercio Marco Carrasco, docente de Estudios de Asia Oriental de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de San Marcos.
Un lío de escala diplomática
Sin embargo, las consecuencias a la medida no solo permanecieron en el plano económico sino que han escalado hasta el diplomático.
Este lunes 28, el Gobierno Japonés citó al embajador chino en Tokio para protestar por la campaña de acoso telefónico que se ha desatado contra empresas niponas y que presumiblemente vendría siendo orquestada desde el Gobierno Chino.
De acuerdo a un comunicado del Ministerio de Exteriores nipón, el vicecanciller Masataka Okano se reunió con el embajador Wu Jianghao para trasladarle las preocupaciones de Tokio e instarle a informar a sus ciudadanos en lugar de “suscitar inútilmente la preocupación de la gente dando informaciones que no tienen base científica”.
Todo esto se produce luego de que se viralizaran videos por redes sociales en los que se ve a internautas chinos llamando a números japoneses. Según la radio pública japonesa NHK, miles de estas llamadas fueron dirigidas al gobierno de Fukushima y a operarios de la planta nuclear, quienes al contestar escuchaban insultos como “estúpido” en chino.
Sin embargo, las llamadas no solo se limitaron a esos números pues desde panaderías hasta acuarios japoneses han reportado la recepción de miles de llamadas de este tipo cada día desde el inicio del vertido de aguas.
“Incidentes similares se han producido igualmente en China, contra empresas vinculadas a Japón. Es extremadamente lamentable y estamos profundamente preocupados”, señala el vicecanciller en el comunicado donde recalca las sospechas de que esto sería orquestado por el propio gobierno del gigante asiático.
Quien también se pronunció al respecto fue el primer ministro Kishida, quien condenó tanto los casos de acoso telefónico como los “casos de lanzamiento de piedras contra la embajada y las escuelas japonesas” en China.
El fin de semana, además, desde la sede diplomática nipona en Beijing recomendaron a sus ciudadanos no hablar japonés “demasiado fuerte” debido al creciente sentimiento hostil en el país. Desde este lunes 28 hay un mayor despliegue de agentes de seguridad en los exteriores de la embajada.
Esto lleva a preguntarse si tanto las llamadas como los ataques se deben a un sentimiento civil generado de forma orgánica o si realmente hay una orden gubernamental detrás del accionar. Para el profesor Carrasco, las acciones podrían responder a una rivalidad histórica que se ha visto alimentada por la postura de Beijing ante el caso.
“Por un lado, nadie niega que pueda haber una preocupación hasta cierto grado justificada en la población. Además, en la gente sobre todo mayor que recuerda las guerras entre China y Japón aún existe esa tensión latente sobre las acciones que tome la otra parte. Eso podría haber llevado a que se realice esta campaña de acoso o molestias a determinadas empresas. Sin embargo, el vocero del Ministerio de Exteriores chino se pronunció sobre la descarga de agua y aseguró que su gobierno se opone a la misma. Entonces, ahí el gobierno sentó una posición que es diferente a la del resto. Mientras EE.UU., Francia o Australia apoyan el método y otros como Rusia, Filipinas o Corea del Sur han expresado preocupación, en China sí hay una oposición del gobierno. Eso podría haber sumado al descontento social”, opina al respecto el experto.
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