Las autoridades de Cuba llevaron a cabo más de 300 actos represivos para impedir las protestas convocadas en el país, denunció este martes el Observatorio Cubano de Derechos Humanos.
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“Solamente en la jornada de ayer documentamos más de un centenar de acciones represivas”, señaló en un comunicado esta organización no gubernamental con sede en Madrid.
La retención domiciliaria con vigilancia policial, citaciones a comisarías de Policía, amenazas, detenciones, actos de repudio y cortes de internet fueron las principales acciones represivas constatadas por esta organización desde el pasado viernes.
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“Todo el aparato estatal” desplegó “su régimen de terror” para evitar que se produjeran las marchas convocadas para el lunes contra el Gobierno cubano, aseguró.
“Todavía estamos recibiendo información desde Cuba acerca de esta represión meticulosa (...) ante la decisión de ciudadanos pacíficos de ejercer sus derechos”, señaló esta entidad de defensa de los derechos humanos en el país.
La organización exigió “la liberación inmediata de todos los prisioneros por motivos políticos y de conciencia”, entre ellos cerca de 30 personas que desde el viernes “permanecen detenidas, algunas en condición de desaparecidas”.
Entre ellas citó a Daniela Rojo, del grupo disidente Archipiélago, y a Yanilys Sariego, activista por los derechos humanos.
La entidad instó a organismos como la Unión Europea (UE) a que actúen contra el Gobierno de Miguel Díaz-Canel.
“Tanto las protestas populares de julio como las exigencias de estos días de una parte importante de la sociedad civil son una clara evidencia de los profundos cambios que el país necesita y que deben ser políticos, económicos y sociales”, apuntó.
El Gobierno cubano “tiene en sus manos la alta responsabilidad de comenzar estos necesarios cambios de manera pacífica”, concluyó.
Las autoridades cubanas lograron el lunes sofocar casi por completo la protesta promovida por la disidencia, con un fuerte dispositivo policial en las principales ciudades, detenciones de opositores y bloqueos en casas de activistas y periodistas independientes.
Las marchas cívicas en busca de un cambio político que convocó el colectivo Archipiélago y no autorizó el Gobierno cubano, en una iniciativa heredera de las protestas del 11 de julio pasado, las mayores en décadas en el país, pretendían expresar el descontento ante la grave crisis en Cuba por la pandemia, las sanciones de Estados Unidos y la situación económica.
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