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Antes de retirarse de Centroamérica, Reino Unido dejó sin resolver una disputa fronteriza centenaria.
Décadas despues, sigue enfrantando a Belice y Guatemala.
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El caso incluso ha llegado ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, donde ambas naciones han presentando sus versiones de un reclamo fronterizo de más de 160 años.
Los dos países viven desde el siglo XIX una intensa disputa por casi 12.000 kilómetros cuadrados de territorio, incluidas islas e islotes, y también zonas marítimas que Guatemala reclama y Belice considera que le pertenecen.
Tras presentar su respuesta a la demanda de Guatemala en La Haya a principios de junio, Belice aseguró que se trata de una cuestión de integridad territorial y que hará todo lo posible por conservar su soberanía sobre lo que considera territorio nacional.
“Los beliceños pueden estar seguros de que se ha presentado un argumento claro y contundente a favor de nuestra soberanía territorial, así como sobre las áreas marítimas, según lo determina el derecho internacional”, afirmó en una declaración institucional el primer ministro, John Briceño.
Ambos países decidieron llevar el caso ante la CIJ tras sendos referendos: el primero tuvo lugar en 2018 en Guatemala y un año después le siguió Belice.
A finales de 2020 el gobierno guatemalteco presentó el texto de su demanda ante la Corte, que constaba de ocho volúmenes y un total de 4.813 páginas.
Según el cronograma anunciado por la Corte, a la presentación de documentos realizada por Belice el mes pasado le deben seguir los contrargumentos de Guatemala en diciembre de 2022.
Luego, Belice dispondrá hasta junio de 2023 para presentar su última alegación, tras la cual la CIJ fijará fecha para las audiencias orales.
El tamaño de la zona en disputa es tal que se trata de casi la mitad del territorio que ocupa actualmente Belice.
Al encontrarse en litigio, gran parte de la zona no está debidamente señalizada o vigilada, por lo que se trata también de una de las áreas fronterizas más inseguras de Centroamérica, permeada de narcotráfico, tráficos de especies y contrabando.
Pero ¿cuál es el origen de la disputa entre estos dos países y por qué se señala a Reino Unido de estar detrás del problema?
En el texto de su demanda en 2018, Guatemala indicó que reclamaba “todos los derechos heredados de España” al momento de su independencia, en 1821.
La base del conflicto, en realidad, se remonta un poco más atrás, a 1783, cuando la corona española les permitió a los ingleses cortar árboles en la parte norte del territorio que ahora ocupa Belice.
Lo que hoy es Centroamérica formaba parte del virreinato de Nueva España, una entidad territorial integrante del imperio español.
Sin embargo, las disputas entre España e Inglaterra llevaron a numerosos enfrentamientos por aquellos años a ambos lados del Atlántico.
En el Caribe, los piratas ingleses atacaban las embarcaciones españolas y se refugiaban en costas del ahora Belice.
Como un pacto para evitar el asedio, en 1783 primero y luego en 1786, España entregó a la corona británica dos concesiones para extraer maderas preciosas en ese territorio.
Pero mientras España se encontraba ocupada combatiendo la guerra de independencia en Centroamérica, el asentamiento británico se fue extendiendo.
Y para 1821, cuando la región dejó de pertenecer a España, ya la colonia británica ocupaba el territorio de lo que hoy es Belice.
Decenas de miles de ingleses, comerciantes, esclavistas, navegantes y buscadores de fortunas y aventuras habían llegado ya entonces al territorio.
Le llamaron la “Honduras británica”.
Eran años turbulentos y, tras salir de la guerra con España, Guatemala enfrentaba otra disputa territorial con México, que pretendía quedarse con la región en la que se encuentra Petén.
Esto llevó a que el gobierno guatemalteco dejará de lado la sigilosa expansión inglesa en el este para centrarse en conservar el territorio que le quería quitar el vecino del norte.
Pero una vez que el conflicto con México comenzaba a ceder, Guatemala volvió su foco hacia la zona ocupada por la corona inglesa.
Para 1850, los ingleses firmaron con Estados Unidos el tratado Clayton-Bulwer, en el que ambas naciones se comprometieron a no ocupar, colonizar o fortificar ningún territorio centroamericano.
Sin embargo, en su acuerdo con EE.UU., Gran Bretaña alegó que el territorio de Belice le había sido concedido en usufructo por España.
Y aunque Washington no reconoció entonces los derechos británicos sobre esos territorios, el estatus de la colonia se mantuvo.
Fue entonces cuando comenzó lo que la prensa de la época llamó la “traición” inglesa: una serie de pactos y promesas que Gran Bretaña firmó, pero nunca cumplió.
En 1859 y tras numerosas protestas y movidas diplomáticas, Guatemala y Gran Bretaña firmaron el tratado Aycinena-Wyke en el que Guatemala acordó ceder cierta parte del territorio que ocupaban los británicos.
Sin embargo, esto debería tener a cambio de una compensación: la construcción de una carretera desde la capital de Guatemala hasta el mar Caribe, que deberían pagar los británicos.
Inglaterra, sin embargo, no cumplió su promesa y nunca construyó la ruta.
Esto provocó malestar en Guatemala y las autoridades convocaron a nuevas rondas de conversaciones con los británicos.
Fue entonces cuando en una convención en 1863 Gran Bretaña, que por entonces era uno de los principales poderes del mundo, se comprometió a pagar la cantidad de 50.000 libras esterlinas, el monto que calcularon que costaba la carretera en el acuerdo de 1859.
Sin embargo, otra vez faltaron al acuerdo y ni un penique inglés fue pagado a las arcas de Guatemala.
La discusión se volvió un tema explícito de conflicto a lo largo del siglo XX y llegó incluso hasta la entonces Sociedad de Naciones (antecesora de la ONU).
En la década de 1930, Guatemala propuso una nueva salida a la disputa: le hizo una serie de propuestas que iban desde la devolución del territorio cedido por la corona española más el pago de 400.000 libras esterlinas, o ese monto y una franja de territorio que garantizara una salida al mar para la región de Petén.
Reino Unido no aceptó ninguna y siguió dilatando por años cualquier discusión al respecto.
Fue entonces cuando en 1946, el Congreso guatemalteco, durante el primer gobierno de Juan José Arévalo Bermejo consideró nulo, de forma unilateral, el pacto de 1859, dado que Reino Unido “había traicionado su palabra y no cumplido lo en él estipulado”.
Ambos países decidieron llevar al asunto a la CIJ, recién creada, pero las cosas se complicaron cuando no lograron ponerse de acuerdo en qué términos y en ciertos procedimientos legales.
El proceso finalmente se estancó cuando Belice alcanzó su independencia de Reino Unido en 1981, que no fue reconocida por Guatemala hasta una década después.
En sucesivas constituciones, Guatemala reafirmó a lo largo del siglo XX que declaraba a “Belice parte de su territorio” y que consideraba “de interés nacional las gestiones encaminadas a lograr su efectiva reincorporación a la República”.
Por ello, el reconocimiento de la independencia de la nueva nación se volvía también un dolor de cabeza: Reino Unido se retiraba y dejaba sin resolver un problema que se había iniciado un siglo antes.
La delicada situación llevó a que las autoridades guatemaltecas no reconocieran a su vecino: lo hicieron finalmente en 1991 cuando el entonces presidente Jorge Serrano reconoció el derecho de Belice a la autodeterminación y soberanía, y el de los beliceños a elegir su gobierno.
Sin embargo, no reconoció el territorio donde se asienta el país.
Belice, a cambio, aceptó que su vecino pretendía tener derechos sobre su territorio y acordó continuar las negociaciones y consultas para llevar el caso ante la CIJ.
Reino Unido, que había mantenido una fuerza de disuasión, las Fuerzas Británicas de Belice o “BritForBel” para proteger al territorio de una potencial invasión de Guatemala, mantuvo sus tropas allí por algunos años más.
En 1994, las Fuerzas Británicas de Belice finalmente se retiraron, pero el país centroamericano todavía es utilizado por los británicos como centro de entrenamiento para la guerra en la selva.