Nicaragua anuló este lunes la donación de Taiwán del edificio que albergó su embajada y otros bienes a la Iglesia católica y los entregó a China, país con el que Managua reanudó sus relaciones, informó el gobierno.
El reconocimiento de “una sola China (...) implica el inmediato registro de todos los bienes inmuebles, muebles, equipos y medios, a favor del Estado reconocido”, dijo la Procuraduría General de la República (PGR) en un comunicado, días después de que la misión diplomática de Taiwán abandonara el país.
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La PGR expuso que “de acuerdo a nuestra legislación, no caben transacciones, traslados o traspaso entre estas, supuestas donaciones, cuya intención solo evidencia la naturaleza ilegal y voraz, de quienes pretenden con maniobras y subterfugios, apropiarse de lo ajeno”.
Además, advirtió que “aquellas entidades que insistan en ilegítimos e ilegales reclamos, quedarán expuestas a los tribunales y acciones judiciales correspondientes”.
Taiwán reaccionó a la medida con una protesta “enérgica” y la calificó de “ocupación” y “transferencia ilegal” a China, según un comunicado del ministerio de Asuntos Exteriores, que condenó “la obstrucción arbitraria por parte del gobierno nicaragüense de la venta simbólica de su propiedad a la Iglesia Católica”.
Nicaragua rompió relaciones con Taiwán el 9 de diciembre y ese mismo día las reanudó con China, a la que reconoció como el único gobierno legítimo, dando un plazo hasta el 23 de ese mes para la salida del personal diplomático taiwanés.
China considera que Taiwán es parte de su territorio.
La ordenanza de la PGR se produjo después de que representantes de la Iglesia católica dijeron al diario La Prensa que los bienes que tenía Taiwán les fueron donados.
“Ellos antes de irse realizaron (donaron) todos sus bienes, entre ellos estaba el edificio (de la embajada que) se lo ofrecieron a la Diócesis”, que aceptó, declaró el domingo al diario el vicario, monseñor Carlos Avilés.
La donación de Taiwán se produjo en un contexto de tensiones que se mantiene entre los religiosos y el gobierno del presidente Daniel Ortega, quien les acusa de haber intentado junto a opositores provocar un golpe de Estado en 2018 en medio de protestas callejeras contra su gobierno, con apoyo de Estados Unidos.
La Iglesia católica participó como mediadora en un diálogo que buscaba poner fin a la crisis política desatada tras esas protestas que fueron sofocadas por las autoridades con saldo de 355 muertos y miles de exiliados, según la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CIDH).
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