Por qué EE.UU. tiene US$7.000 millones del banco central de Afganistán (y la polémica petición para que los devuelva)

Hace un año, Estados Unidos retiró sus tropas de Afganistán en una salida caótica que dejó decenas de muertos y miles de exiliados.

Luego de que los talibanes retomaran el poder en agosto de 2021 el gobierno del presidente estadounidense, Joe Biden, decidió congelar unos US$7.000 millones en activos que el banco central afgano tenía en la sucursal de la Reserva Federal de Nueva York (otros US$2.000 millones están en otros países).

MIRA: Cómo se vive en Kabul y otras zonas de Afganistán un año después del regreso de los talibanes al poder

Se trata de más del 40% de las reservas de divisas fuertes de Afganistán e incluyen US$500 millones en activos de otros bancos privados que la ley requiere que se depositen en el banco central afgano.

El decomiso de fondos ha sido practicado con anterioridad con otros gobiernos, instituciones e individuos que Washington considera que han violado leyes, han sido corruptos o han participado en ataques contra los derechos humanos.

Pero la crisis que ha vivido Afganistán en el último año, una de las peores de su historia, ha llevado a numerosos expertos y organizaciones a pedirle a Biden que permita que el dinero de Afganistán regrese al país.

La pasada semana, más de 70 economistas y expertos, incluido el premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz (2001), pidieron a Washington y a otros países occidentales que liberen los activos para permitir que la economía afgana vuelva a funcionar.

“Estamos profundamente preocupados por las catástrofes económicas y humanitarias que se están agravando en Afganistán y, en particular, por el papel de la política estadounidense en impulsarlas”, indica la misiva, firmada también, entre otros, por el exministro de finanzas griego Yanis Varoufakis.

“Sin acceso a sus reservas de divisas, el banco central de Afganistán no puede llevar a cabo sus funciones normales y esenciales”, añadieron.

Los expertos consideraron que la posición de EE.UU. solo hace agravar la situación de crisis que vive la nación islámica desde el regreso del Talibán hace un año.

“El pueblo de Afganistán ha tenido que sufrir doblemente por un gobierno que no eligió. Para mitigar la crisis humanitaria y poner a la economía afgana en el camino de la recuperación, le instamos a permitir que el DAB (banco central afgano) recupere sus reservas internacionales”, indicaron.

La economía de Afganistán vive uno de los peores momentos de su historia desde la vuelta al poder de los talibanes, una situación que no está vinculada directamente a la retención de los fondos en EE.UU.

El recorte repentino de la ayuda internacional (la ayuda exterior directa financiaba el 70% del presupuesto del gobierno afgano antes de la llegada de los talibanes) y la inflación provocada por la guerra en Ucrania, han profundizado la situación de pobreza extrema en el país, donde se calcula que millones de personas están en riesgo de hambruna.

En este contexto, el país ha visto obstaculizado la incapacidad de su banco central para funcionar por no tener acceso a sus reservas.

Esto ha resultado en una fuerte depreciación de la moneda afgana, lo que llevó al aumento de los precios de las importaciones y condujo a un colapso del sistema bancario, con miles de personas que no logran acceder a sus ahorros o recibir salarios.

Desde hace meses, Washington y los talibanes han mantenido numerosas conversaciones para discutir la liberación de los fondos, pero no han encontrado un lugar común para el diálogo.

La Casa Blanca teme que la liberación de los fondos pueda llevar a que los talibanes desvíen los fondos o no los utilicen para mejorar la situación en la que vive la población afgana.

El nuevo gobierno de Afganistán no es reconocido por la mayor parte de la comunidad internacional y grupos de derechos humanos han acusado a los talibanes de abusos, incluidas ejecuciones extrajudiciales y la restricción de las libertades de mujeres y niñas.

Los talibanes, por su parte, han prometido investigar los presuntos asesinatos y dicen que están trabajando para garantizar los derechos de los afganos a la educación y la libertad de expresión “dentro de los parámetros de la ley islámica”.

Entre las soluciones que se han discutido para terminar con el embargo de los fondos está la creación de un mecanismo que incluiría un fondo fiduciario, cuyos desembolsos se decidirían con la ayuda de una junta internacional.

Pero aunque los talibanes no rechazan el concepto de un fondo fiduciario, se oponen a la propuesta de que sea controlado por terceros.

Y de la otra parte, Estados Unidos se ha opuesto al nombramiento que realizaron los talibanes de una persona sancionada por Washington como vicegobernador del banco central de Afganistán, lo que ha dificultado también las negociaciones.

Sin embargo, el problema va más allá.

Estos activos se han convertido en objeto de litigio, ya que algunas víctimas estadounidenses de los ataques del 11 de septiembre han pedido que se utilicen para pagarles compensaciones en cumplimiento de sentencias pendientes contra los talibanes.

Desde que EE.UU. inició su cruzada contra el “terrorismo internacional” ha permitido que fondos de organizaciones, países o personas que considere “terroristas” sean utilizados para la compensación de las víctimas o sus familiares.

Y hace más de una década, un grupo de familias del 11 de septiembre obtuvo una sentencia en rebeldía contra los talibanes, por su presunta colaboración con al Qaeda, el grupo extremista que llevó a cabo los ataques.

Después de que los talibanes retomaran el poder el año pasado, un tribunal de distrito federal estadounidense dictaminó que, dado que ahora los islamistas controlaban Afganistán, los demandantes podían perseguir los activos congelados.

La decisión fue sumamente polémica, porque Estados Unidos no reconoce a los talibanes como gobernantes legítimos de Afganistán y Afganistán, como nación, no fue nombrado como demandado soberano en la demanda inicial.

En febrero pasado, el gobierno de Biden presentó un plan que transferiría aproximadamente la mitad de estos activos (unos US$3.500 millones) al planeado fideicomiso de terceros, pero dejaba el resto en EE.UU. hasta que se resuelva el litigio en curso.

La demanda y la orden de Biden no han escapado a la controversia y los cuestionamientos.

“El gobierno de Estados Unidos está saqueando activos que pertenecen legalmente a otro gobierno para recompensar a sus propios ciudadanos”, escribió en una columna en The Washington Post Daniel W. Drezner, profesor de política internacional en la Facultad de Derecho y Diplomacia de la Universidad de Tufts.

“Si otro país hiciera esto (…) sería visto como un robo total. Y esto hace que sea mucho más fácil para otras grandes potencias actuar de manera imperial similar”, añadió.

“La implicación a más largo plazo es dar a otros países otra razón más para resentirse y temer el uso del dólar como arma por parte de Estados Unidos. Porque no importa qué justificación legal se proporcione, el gobierno federal está robando el dinero de Afganistán”, concluyó.

Entre los que se oponen a la devolución del dinero del banco central afgano están aquellos que recuerdan que gran parte de este proviene de la ayuda internacional de EE.UU. y otros países occidentales.