Alexander Martínez dice que huyó de la homofobia, la persecución del gobierno y la famosa pandilla MS-13 en El Salvador, pero lo que encontró fueron abusos y acoso en el sistema estadounidense de detención de inmigrantes.
Desde que cruzó la frontera de forma ilegal en abril, el salvadoreño de 28 años ha pasado por seis centros distintos en tres estados. Dice que se contagió de COVID-19, recibió insultos racistas y abusos de guardias y sufrió acoso de otros detenidos por ser homosexual.
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“Me veo emocionalmente inestable porque he sufrido mucho en la detención”, dijo Martínez la semana pasada en el Correccional Winn de Louisiana. “Nunca imaginé ni esperé recibir este trato inhumano”.
Es uno de los cada vez más migrantes en centros de detención en todo Estados Unidos. Muchos de ellos, como Martínez, han superado sus primeras entrevistas para pedir asilo en el país.
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El número de detenidos es más que el doble que al final de febrero, casi 27.000 personas para el 22 de julio, según los datos más recientes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE por sus siglas en inglés). Eso supera los 22.000 detenidos el julio pasado bajo el mandato del entonces presidente Donald Trump, aunque sigue muy por debajo del récord de agosto de 2019, cuando había más de 55.000 detenidos, según datos del ICE.
El aumento de las detenciones es doloroso para los aliados proinmigración del presidente, Joe Biden, que esperaban que cambiara la dura estrategia de su predecesor. Biden prometió en su campaña poner fin a la detención “prolongada” y el internamiento de inmigrantes en prisiones privadas, que alojan a la mayoría de las personas retenidas por el ICE.
“Estamos en un momento muy extraño con él”, dijo Silky Shah, director ejecutivo de Detention Watch Network, que hace campaña para acabar con la detención de inmigrantes. “Aún hay tiempo para cambiar las cosas, pero por ahora sus políticas no han estado a la altura de sus mensajes de campaña”.
El gobierno de Biden canceló en mayo los contratos con dos controvertidos centros de detención del ICE, uno en Georgia y otro en Massachusetts, una decisión elogiada por activistas que confiaban en que pudiera ser el inicio de una campaña más amplia.
Pero ningún otro centro ha perdido su contrato con el ICE y Biden ha propuesto financiar 32.500 camas de detención para migrantes en su presupuesto, una ligera reducción de las 34.000 financiadas por Trump.
El presupuesto de Biden reduce el número de plazas de detención del ICE y transforma parte de los recursos para tramitar salidas en libertad condicional y otras alternativas, según un vocero de la Casa Blanca.
El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, dijo en una comparecencia reciente ante el Congreso que está “preocupado por el uso excesivo de la detención” y prometió seguir revisando los centros problemáticos.
El creciente número de solicitantes de asilo detenidos durante largos periodos es uno de los datos más preocupantes, dijo Heidi Altman, directora de política en el Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes.
El número de detenidos que han superado su primer filtro en el proceso de asilo ha pasado de unos 1.700 en abril a 3.400 a finales de julio, lo que les convierte en aproximadamente el 13% de todos los detenidos, según los últimos datos del ICE.
“Según la propia política del ICE, es gente que ya no debería estar detenida”, dijo Altman, en referencia al proceso del ICE de dar libertad condicional a los solicitantes de asilo hasta que un juez decida su caso.
Funcionarios del ICE declinaron hacer comentarios.
Martínez pasó su primer filtro en mayo, que determina si un solicitante tiene un “miedo creíble” a la persecución en su país de origen.
Pero sus abogados dicen que el ICE le mantiene detenido por la creencia errónea de que pertenece a la MS-13.
Martínez dijo haber huido de El Salvador después de que su familia y él recibieran amenazas de muerte porque declaró contra la pandilla en la investigación de la muerte de un amigo. Él dice que los investigadores intentaron que declarase en otros casos de asesinatos relacionados con las pandillas, pero él era reacio porque no había presenciado esos crímenes.
“Tenía mucho miedo”, dijo Martínez. “Les dije a los investigadores que dejaría el caso. Ya no quería pasar por el proceso porque no quiero que hagan daño a mi familia, ni a mí”.
Agentes del ICE en Nueva Orleans declinaron hacer comentarios sobre el caso de Martínez y sobre las preocupaciones específicas por el trato que reciben los presos en Winn. Los funcionarios citaron leyes federales de confidencialidad que afectan a casos con víctimas de violencia y otros delitos.
Hace tiempo que Winn, uno de los centros de detención del ICE más grandes del país, provoca indignación entre defensores de los derechos civiles. El Southern Povert Law Center pidió en junio al gobierno de Biden que cancele el contrato del gobierno con el centro debido a abusos, negligencias médicas, racismo y otras formas maltrato en el recinto, situado en medio de un denso bosque en la Luisiana rural y rodeado de alambre con cuchillas.
Un vocero de la agencia dijo que en general, el ICE está comprometido con asegurarse de que los detenidos están en un entorno limpio, seguro y a salvo, reciben atención médica adecuada y obtienen respuestas por escrito a sus quejas y preocupaciones.
Los que se oponen a la inmigración creen que más preocupante que el aumento de las detenciones es la aparente retirada del ICE de algunas ciudades y pueblos.
Hasta el mes pasado, más del 80% de los detenidos habían sido capturados por agentes de la Patrulla de Frontera, y menos del 20% por agentes del ICE, según datos de la agencia. En julio del año pasado, bajo el mandato de Trump, el 40% habían sido detenidos por la Patrulla de Fronteras y el 60% por el ICE.
Eso implica que la mayoría de los detenidos fueron capturados cuando intentaban entrar en el país de forma ilegal, no por agentes locales de inmigración, dijo Andrew Arthur, miembro del Centro de Estudios de Inmigración, que defiende reducir la inmigración.
“Sencillamente no estamos aplicando la ley de inmigración en el interior del país”, dijo.
Entre tanto, detenidos y activistas piden cerrar centros de detención a cambio de vigilar a los migrantes en libertad condicional con dispositivos GPS y otras medidas.
Varios detenidos del ICE en la cárcel del condado Bergen de Nueva Jersey presentaron una queja administrativa el mes pasado ante la oficina de derechos civiles de Seguridad Nacional para pedir una investigación sobre las acusaciones de malas condiciones higiénicas y negligencias médicas durante la pandemia.
“Al final, somos detenidos, no reos”, dijo Jean Claude Wright, de 38 años, originario de Trinidad y exmiembro de la Fuerza Aérea citado en la queja. “Pero esto es peor que la prisión”.
Los detenidos del ICE en el Correccional del Condado Plymouth, en Massachusetts, también enviaron una carta a sus defensores en junio en la que detallaban problemas como restricciones a las visitas.
Allison Cullen dijo que no había podido visitar a su marido, ciudadano brasileño, desde antes de la pandemia.
La hija más pequeña de la pareja tenía apenas unos meses cuando Flavio Andrade Prado fue detenido, y no ha visto en persona a su hija de ahora dos años en meses, explicó Cullen.
“Estamos en este limbo infinito”, dijo Cullen, ciudadana estadounidense de Brockton, unos 40 kilómetros (25 millas) al sur de Boston. “No hay una forma fácil de hablar a mis hijos de lo que pasa y cuándo va a venir papá a casa”.
De vuelta en Luisiana, Martínez dijo que ha pedido que le pongan en aislamiento porque teme por su seguridad.
Dos detenidos que le acosaban por ser gay fueron trasladados, pero dijo que después los agentes del ICE le enviaron a un módulo de más seguridad donde hay muchos detenidos relacionados con las pandillas.
Explicó que se pasa la mayor parte de sus días en la celda, con acceso limitado a comunicaciones y ocio.
“Es muy difícil y miserable, y estoy solo todo el tiempo”, dijo. “Soy una buena persona. Este trato es inhumano”.
Quiere instalarse en San José, California, donde un amigo prometió ayudarle a conseguir trabajo. Quiere enviar dinero de vuelta a El Salvador, donde su madre tiene cáncer y su hermana menor está en la universidad.
“Sólo quiero lo que quiere todo el mundo”, dijo Martínez. “Salir, ser libre y ayudar a mantener a mi familia”.
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