La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) adoptó este miércoles medidas cautelares a favor de Lisa Montgomery, una condenada que podría convertirse en enero en la primera mujer ejecutada por el gobierno federal de Estados Unidos en casi 70 años.
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La CIDH pidió a Estados Unidos que “se abstenga de ejecutar la pena de muerte a Lisa Montgomery” para darle tiempo de pronunciarse sobre el recurso a su favor.
Montgomery fue condenada hace más de una década por el asesinato de una embarazada en 2004 con el objetivo de robar al bebé, mediante una cesárea realizada tras estrangular a la madre.
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Las solicitantes de medidas cautelares indicaron que Montgomery “padece enfermedades mentales, por lo que su ejecución no debería llevarse a cabo”.
La petición fue llevada a la CIDH por varias académicas estadounidenses y por dos abogadas de la Oficina del Defensor Público Federal del Distrito Medio de Tennessee.
Las solicitantes denunciaron ante la CIDH que la defensa de Montgomery “no fue adecuada para evitar ser condenada a la pena de muerte”.
Además, señalaron que las condiciones de reclusión del corredor de la muerte “no se ajustan a los estándares internacionales de derechos humanos”, que la detenida está aislada en una celda “congelada” y que no se le permite usar ropa interior.
Las abogadas defendieron que Montgomery nació con “daño cerebral permanente”, debido al problema de alcoholismo de su madre. Además, según ellas, sufrió abusos por parte de su padrastro y su madre la explotó sexualmente.
Las académicas aseguraron que sus “imágenes cerebrales revelaron una ausencia de materia”, lo que refleja un deterioro o una lesión y argumentaron que el Estado nunca la protegió de los diversos abusos que sufrió en su vida.
El gobierno de Donald Trump retomó las ejecuciones a nivel federal en 2020, tras una moratoria de 17 años.
Estaba previsto que su sentencia se ejecutara este mes, pero fue aplazada por la pandemia.
El caso de Montgomery está rodeado de polémica ya que el presidente electo, Joe Biden, prometió abolir la pena de muerte a nivel federal, y que existe una tradición según la cual los mandatarios no reelegidos suspenden las ejecuciones a la espera de que su sucesor asuma.
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