El juez Merrick Garland, nominado por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para el cargo de fiscal general del país, fue confirmado este miércoles al frente del Departamento de Justicia en una votación en el Senado.
Garland fue ratificado por los senadores con 70 votos a favor y 30 en contra.
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Este juez, de 68 años, se enfrenta ahora al reto de restaurar la confianza en el Departamento de Justicia de EE.UU. tras la etapa del expresidente Donald Trump (2017-2021), que intentó usar su influencia para beneficiar a sus amigos y perjudicar a sus enemigos.
Garland, hasta ahora magistrado de la Corte federal de Apelaciones del Distrito de Columbia, donde se ubica la capital de EE.UU., ha sido alabado por los legisladores demócratas y republicanos.
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Durante sus audiencias de confirmación en el Senado, Garland prometió “ahuyentar” cualquier esfuerzo político para influenciar las investigaciones de la cartera de Justicia.
Asimismo, afirmó que su prioridad será enjuiciar completamente los delitos “atroces” cometidos el pasado 6 de enero durante el asalto al Capitolio por parte de una turba de seguidores de Trump.
El líder de la mayoría demócrata en la Cámara Alta, Chuck Schumer, subrayó este miércoles que “EE.UU. puede respirar con alivio” tras la confirmación de Garland, al que describió como “alguien con la integridad, independencia, respeto por el imperio de la ley y credibilidad”.
Por su parte, el jefe de la minoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, destacó, antes de la votación, que Garland tiene reputación de ser “una persona honesta y un experto legal”, además de tener unos puntos de vista progresistas “dentro la corriente mayoritaria legal”.
Como fiscal general de EE.UU. una de las primeras cuestiones que tendrá que afrontar en el cargo será si el Departamento de Justicia debe investigar el papel de Trump durante el asalto al Capitolio.
Otro de los asuntos espinosos será el manejo de una investigación federal sobre Hunter Biden, hijo de Joe Biden, que trata de esclarecer si ha infringido la legislación sobre impuestos y lavado de dinero en sus negocios con países extranjeros.
Garland intentó ser promovido en 2016 por el entonces presidente, Barack Obama (2009-2017), del que Biden fue vicepresidente, para ocupar un puesto en el Tribunal Supremo del país, lo que fue evitado por la mayoría republicana en el Senado.
Los conservadores argumentaron que no tenía sentido aprobar una nominación tan importante en un año electoral, pero en octubre pasado ignoraron su propio precedente y ratificaron, días antes de las elecciones del 3 de noviembre, la designación para el Supremo de la jueza Amy Coney Barrett.
Consciente de que Garland fue una víctima de los juegos políticos de Washington, Biden ha querido compensarlo con el puesto de fiscal general, responsable de dirigir el Departamento de Justicia de EE.UU. y sus agencias relacionadas, como el Buró Federal de Investigaciones (FBI, en inglés) o la Agencia Antidrogas (DEA).
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