Presentan demanda judicial contra el Gobierno de Biden por política que restringe el asilo

Grupos que defienden a los inmigrantes presentaron una demanda judicial en contra el Gobierno del presidente Joe Biden por sus restricciones en la política de asilo, que autorizan la expulsión de solicitantes en puertos de ingreso por la frontera sur de Estados Unidos que no tengan una cita.

LEE TAMBIÉN: ¿Qué representa la visita del ministro de Defensa de Rusia a Corea del Norte?

La querella en el Tribunal de Distrito Federal del sur de California la presentaron el American Immigration Council (AIC) y el Centro por los Derechos Constitucionales a nombre de la Alianza Bridge Haitiana, Al Otro Lado y diez personas que buscaron asilo.

En mayo pasado el Gobierno de Biden instituyó nuevas reglas para el tratamiento de las solicitudes de asilo requiriendo que quienes busquen esa protección obtengan una cita en un puerto de ingreso con la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP).

El martes pasado, una corte de California bloqueó la medida el 25 de julio, pero dio plazo de 14 días al Gobierno para responder, que ya ha anticipado que luchará para mantener dicha política.

Las restricciones de asilo del Gobierno Biden fueron implementadas en mayo pasado tras el fin del Título 42 y redujeron sustancialmente en junio pasado los cruces en la frontera.

“Independientemente de que la regla siga en efecto el gobierno no ha indicado que vaya a cambiar su política de rechazo de las personas que buscan asilo pero no tienen una cita con CBP One”, la herramienta digital por la cual se pueden gestionar esas citas, añadió AIC.

El documento de la demanda señala que las personas incluidas en la querella “son extranjeros que, después de escapar de peligros graves en sus países de origen, han tratado de obtener acceso al proceso de asilo de Estados Unidos presentándose en puertos de ingreso en la frontera”.

“Pero se les ha negado ese derecho fundamental debido a que no pudieron obtener una cita utilizando la aplicación CBP One mediante sus teléfonos móviles”, añadió.

La negativa a darles acceso al proceso de asilo “contraviene las ley estatutaria, constitucional e internacional”, añadió la demanda.