Con el rechazo de sus aliados habituales, el presidente del gobierno de izquierda español, Pedro Sánchez, consiguió este jueves la aprobación in extremis de su reforma laboral, exigida por Bruselas, gracias al voto a favor por error de un diputado de derecha.
Así, el gobierno obtuvo una mínima mayoría de 175 síes contra 174 noes para su texto, destinado a reducir la inseguridad en el mercado de trabajo español, número uno en Europa en contratos temporales.
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Según el opositor Partido Popular (PP, conservadores), fue uno de sus diputados que dio el voto decisivo a favor, pero según la formación se debió a un “error informático” ya que el político quería pronunciarse en contra. La formación exigió “que se rectifique” dicho voto, en boca de su portavoz, Cuca Gamarra.
Esta situación no impidió la celebración de Pedro Sánchez, quien en Twitter escribió: “España cuenta con un nuevo marco de relaciones laborales que sitúa en el centro la dignificación del trabajo. Con la reforma laboral recuperamos derechos y reconstruimos consensos para avanzar en empleo de calidad”.
Entrada en vigor el 1 de enero luego de que se acordara en diciembre tras un intenso diálogo entre el gobierno, la patronal y los sindicatos, la reforma necesitaba recibir luz verde de la Cámara Baja, de 350 escaños, so pena de volverse letra muerta.
La suerte de la reforma estuvo en el aire hasta el final: Los socialistas, que gobiernan en coalición con la izquierda radical de Podemos, no lograron obtener el respaldo de varios de sus aliados tradicionales.
Los nacionalistas y los independentistas vascos del PNV y de EH Bildu, así como los separatistas catalanes de ERC, votaron en contra, junto al PP y la extrema derecha de Vox.
A favor votaron los liberales de Ciudadanos (centroderecha) y pequeñas formaciones regionales como el PDeCAT (independentistas catalanes), usualmente en la oposición.
Dos diputados de un pequeño partido, UPN, cambiaron a la hora de votar al no, por lo que sin el error del diputado del PP, la reforma hubiera fracasado.
Que liberales y diputados de derecha hayan dado su apoyo no desestabiliza el equilibrio político del gobierno, garantizó un portavoz del Partido Socialista, Felipe Sicilia. “Vamos a seguir contando con nuestros socios, vamos a seguir contando con el bloque de izquierda”, dijo.
Reforma “equilibrada”
La adopción de la reforma laboral era una de las condiciones impuestas por Bruselas para desembolsar los fondos del megaplan europeo de recuperación poscovid, del que España será uno de los principales beneficiarios con 140.000 millones de euros (unos 160.000 millones de dólares).
Este apremio, unido a las expectativas de los agentes sociales, hizo que varios pesos pesados del gobierno intervinieran este jueves para advertir de las consecuencias para España de un rechazo a la reforma.
“Quienes voten que no, tendrán que explicar por qué. Porque realmente, en la sustancia, no hay ninguna buena razón para oponerse a una reforma laboral que (...) nos va a permitir crear empleo de calidad”, previno la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño.
“Darle la espalda a esta reforma, rechazarla, dejarla caer, es devolvernos a la casilla de salida en el juego funesto de la precariedad”, estimó de su lado la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, quien pidió dejar atrás el “nefasto modelo de precariedad” implementado en 2012 por el gobierno conservador de Mariano Rajoy.
El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se comprometió a revertir la reforma de 2012, motivada en su momento por la necesidad de relanzar la economía española, arruinada por la crisis financiera de 2008.
Logró un fuerte descenso de la tasa de paro, de casi el 27% en 2013 a un 13,3% en la actualidad, pero a costa de una gran inseguridad laboral: España tiene el récord europeo en materia de contratos temporales.
Negociada durante meses con sindicatos y la patronal, que defendía una reforma “equilibrada”, el texto aprobado el jueves limita el encadenamiento de contratos temporales y hace de la contratación indefinida la regla y no la excepción, al tiempo que limita el uso de subcontratistas.
También prohíbe el despido de funcionarios por motivos económicos, refuerza la formación de los empleados y permite a las empresas poner en pausa temporalmente las normas vigentes en tiempos de crisis para evitar despidos.
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