La Fiscalía de Madrid denunció por un presunto delito de odio al partido ultraderechista Vox y solicitó la retirada de aquella parte de su propaganda para los comicios regionales madrileños del próximo 4 de mayo en la que se desprende un ataque contra los menores extranjeros migrantes (menas).
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La Fiscalía de Madrid informó hoy de que reclama al juez que “en el plazo más breve posible” decrete la retirada de esa propaganda para proteger de ataques “gratuitos y prejuiciosos” a estos menores, a los que el cartel atribuye que el Estado les dedica más dinero que a los jubilados españoles.
El cartel, que se exhibe en espacios públicos como estaciones de metro madrileñas, muestra en un lado una anciana y en el otro a un joven inmigrante encapuchado, con un texto que asegura que los gastos de manutención y cuidado de uno de estos menores extranjeros cuestan diez veces más de lo que percibe un pensionista español.
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La Fiscalía cree que esta propaganda para las elecciones regionales de Madrid (centro) “traslada no solo el supuesto importe económico que cuesta el mantenimiento de un mena (menor extranjero no acompañado) enfrentado al de un pensionista, cuestionándose así su carácter ético y legal, sino también una imagen física prejuiciosa del menor como persona extranjera, violenta y delincuencial”, al mostrar a un joven “racializado de piel oscura”.
“Estos menores no nacionales carecen de estructura familiar, social y económica” en España, por lo que son un colectivo “doblemente vulnerable” tanto por su edad como por el desarraigo que padecen por su origen extranjero y “uno de los grupos especialmente protegidos por nuestra legislación penal frente a ataques contra su dignidad por gratuitos y prejuiciosos”, subraya.
El cartel ha desencadenado fuertes críticas en España y denuncias en los tribunales contra Vox, que es la tercera fuerza con mayor representación en el Congreso de los Diputados, la Cámara baja del Parlamento español.
El partido de ultraderecha defiende que los inmigrantes irregulares deben ser devueltos a sus países y que sean los españoles afectados por la crisis derivada de la pandemia de coronavirus quienes reciban las ayudas.
La Fiscalía había iniciado una investigación de oficio y además han presentado denuncias el Gobierno español, de izquierda, partidos políticos y organizaciones no gubernamentales como la Comisión Española de Ayuda al Refugiado.
Más de doscientas entidades de defensa de derechos humanos, en especial de la infancia, como Unicef y Save the Children, han calificado de “intolerable la instrumentalización de los niños que llegan solos a España en la estrategia electoral de cualquier formación política”.
Los datos oficiales registraban unos 12.300 “menas” en España en 2019, la mayoría varones y procedentes de Marruecos, aunque algunas organizaciones aseguran que pueden ser más.
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