“En el día de hoy, cautivo y desarmado el Ejército rojo, han alcanzado las tropas Nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado”.
Era el 1 de abril de 1939 y así anunciaba el general Francisco Franco el final de la Guerra Civil que comenzó en España tras un sublevamiento militar contra las autoridades republicanas el 18 de julio de 1936.
Se ponía fin a los casi tres años de contienda entre el bando republicano -apoyado por la Unión Soviética- y el bando nacional, liderado por Francisco Franco y que recibió el apoyo de la Alemania de Adolf Hitler y la Italia de Benito Mussolini.
Ese escueto comunicado dio paso a casi 40 años de régimen militar bajo el mando del general Franco.
Aunque nadie sabe con exactitud la cifra, se estima que el conflicto dejó alrededor de medio millón de muertos y más de 200.000 exiliados, muchos de los cuales se establecieron en América Latina.
Han pasado 80 años desde el final de esa guerra, pero muchas de sus heridas parecen aún abiertas.
Mientras la exhumación de Franco, quien falleció en 1975, es epicentro de acalorados debates, las familias de los miles de desaparecidos durante la guerra y la posterior represión franquista esperan poder desenterrar a sus muertos de alguna de las fosas comunes repartidas por todo el país.
Además, la forma en la que se aborda esta etapa de la historia del país es objeto de críticas por parte de expertos e historiadores.
Hablamos con algunos de ellos para analizar cuáles son las asignaturas por resolver y por qué no se han tomado medidas para abordar algunas de estas cuestiones.
La tumba de Franco
Ocupa parte del debate político en España desde que en junio del año pasado el gobierno socialista encabezado por Pedro Sánchez anunciara que procedería a la exhumación de los restos de Francisco Franco.
Los restos del general reposan en un colosal mausoleo a las afueras de Madrid, en el Valle de los Caídos.
El monumento está coronado por una cruz de 150 metros de altura, que pasa por ser la cruz católica más grande del mundo.
Además de Franco, en el Valle de los Caídos están enterrados José Antonio Primo de Rivera (fundador de Falange Española, el único partido admitido durante el franquismo) así como unos 15.000 combatientes del bando nacional y 18.000 del bando republicano caídos durante la Guerra Civil.
El tema es objeto de una intensa polémica entre los que consideran una anomalía democrática que los restos del general descansen en un mausoleo y los que consideran que la exhumación solo reabre viejas heridas o que en el país hay asuntos más importantes que atender, como la crisis económica o el desafío independentista de Cataluña.
El líder del Partido Popular, principal partido de la oposición, Pablo Casado, tachó al presidente Sánchez de “irresponsable” por “reabrir heridas superadas” en la Transición con su intención de exhumar los restos de Franco.
Casado sostiene que España necesita mirar al futuro y no seguir anclada en lo que pasó hace 40 años.
Pero la mayoría de historiadores no están de acuerdo.
“Franco no debería estar en un lugar de culto, de peregrinación o de exaltación”, opina el historiador Santos Juliá, quien considera que en España ahora mismo “hay un acuerdo bastante generalizado de que debería trasladarse a un cementerio privado, a un mausoleo privado, a una tumba familiar”.
Sin embargo, la exhumación de Franco se convirtió en un auténtico embrollo político que involucró al gobierno, la Iglesia católica -pues sus restos reposan en una basílica- y la familia del general, que se opone a la exhumación.
En principio, el gobierno aprobó sacar los restos del Valle de los Caídos el próximo 10 de junio, pero el Tribunal Supremo o la familia aún podrían impedirlo.
Para el historiador experto en la Guerra Civil Ángel Viñas, la salida de Franco del Valle de los Caídos “es un movimiento absolutamente fundamental, porque supone una ruptura con el pasado, que todavía no se ha roto del todo”.
Buscando a los desaparecidos
La represión franquista que siguió a la guerra dejó al menos 114.226 desapariciones forzadas. Se trata de personas que el régimen persiguió, mató y arrojó a fosas comunes que se reparten por todo el país.
Y varios informes coinciden en que España es, después de Camboya, el país del mundo con mayor número de desaparecidos cuyos restos no han sido recuperados ni identificados.
Este es, para los expertos, el tema más urgente y “una cuestión de derechos humanos”.
El Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre desapariciones forzadas o involuntarias le recalcó en varias ocasiones al Estado español la necesidad de adoptar un plan nacional de búsqueda de personas desaparecidas.
Para Santos Juliá, ningún gobierno ni partido político asumió lo que considera un “deber del Estado”: exhumar a las víctimas de estos fusilamientos de las fosas comunes cuando lo demanden legalmente los familiares, acabar con los enterramientos ilegítimos y darles el entierro que los familiares quisieran.
Lo intentó el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, con la aprobación de la Ley de la Memoria Histórica en 2007. “Una ley -dice Juliá- de reconocimiento y reparación, pero que en lo que se refería a la exhumación destinó unas cantidades (de financiamiento) insuficientes”.
El periodista especialista en memoria histórica Juan Miguel Baquero, autor del libro “El país de la desmemoria”, destaca que esta “es una deuda que España tiene con los que se fueron, con los que lucharon por las libertades y la democracia”.
La extrema derecha
Recientemente en España ha cobrado fuerza Vox, un partido político de extrema derecha con propuestas similares a las de otros partidos en Europa como Alternativa para Alemania (AfD), la Liga Norte italiana que lidera Matteo Salvini o el Frente Nacional de Marine Le Pen.
“España está atravesando una crisis similar a la de otras naciones europeas”, dice Viñas, aunque muchos pensaban que el país era inmune al fenómeno populista precisamente por el recuerdo del régimen franquista.
Muchos de estos partidos crecieron impulsados por los efectos de la crisis económica de los últimos años, que en España fue particularmente dura.
“En España siempre hubo extrema derecha, que esencialmente se ocultaba en el Partido Popular (PP, derecha)”, explica el historiador.
“Vox está recogiendo un voto que antes votaba al PP o que estaba en el PP. No han nacido de la noche a la mañana”.
Para Baquero, esta llegada de la extrema derecha a España tiene que ver con el régimen militar de Franco, que “sigue vigente en los espíritus de mucha gente”.
“El cordón umbilical con el franquismo es evidente”, dice.
Ponerse de acuerdo con el pasado
Generaciones de españoles no conocen bien qué ocurrió durante la Guerra Civil y posterior régimen militar y esto se debe a dos factores: por un lado, no se estudiaba, y, por otro lado, el relato que se impuso fue únicamente el de los vencedores, a través de la propaganda.
“No se estudió en las aulas durante muchísimo tiempo, con lo cual hay mucha gente que solo ha escuchado sobre el tema a través de la propaganda o los recuerdos familiares”, explica el historiador Julián Casanova.
Con la llegada de la democracia, se empiezan a desclasificar archivos de la guerra y la posguerra y los historiadores españoles comienzan a construir un relato de lo que pasó.
“Cuando Franco murió y llegó la Transición, la represión franquista no se conocía bien, los hechos de la represión republicana sí porque el régimen se encargó de mantenerlos en vida. Pero los de la represión franquista no se conocían en profundidad, en extensión”, explicó Viñas.
Sin embargo, el historiador asegura que a día de hoy se sigue estudiando en los colegios una “visión edulcorada” del régimen de Franco.
“Los gobiernos españoles no han sido beligerantes contra el franquismo”, dice. “Es un problema de educación y de agallas políticas”.
Asumir todas las memorias
Para expertos como Baquero, que existan estos “temas por resolver” en España se debe a que, tras la muerte de Franco y la llegada de la democracia al país, los nuevos dirigentes establecieron una especie de “pacto del olvido”.
“Los partidos llegaron a un acuerdo en ese momento de que había que hacer un pacto del olvido: pasar página y cerrar esa carpeta, pero claro, cerrarla en falso”, dijo el periodista.
Pero “las heridas están ahí, y las víctimas poco a poco han ido saliendo y reclamando lo que les pertenece y lo que es de justicia”.
Casanova sostiene que en España no hubo un acuerdo político sobre cómo gestionar el pasado y no se ha sabido qué hacer “con las memorias abrumadoras de unos y no tan abrumadoras de otros”.
Se refiere en concreto al tema de las fosas, “que responde a una presencia durante años abrumadora de los vencedores y un desprecio y humillación de los vencidos”.
Santos Juliá es claro al respecto: “la democracia tiene que asumir todo el pasado”.
“Una democracia que intenta enfrentar la memoria de una guerra civil donde se han matado y donde hay recuerdos de matanzas de los dos lados enfrentados lo que tiene que garantizar es que todas las memorias tengan espacio para manifestarse”, dice.
Sin embargo, a falta de esos acuerdos políticos y de la puesta en marcha de un centro o museo de la memoria que recupere todo lo que ocurrió -como sí podemos encontrar en países como Alemania, Chile o Argentina- las memorias de muchas familias siguen enterradas en lugares desconocidos.
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