La Comisión Independiente sobre los Abusos Sexuales en la Iglesia (Ciase) estimó este martes que más de 216.000 menores fueron víctimas de sacerdotes y religiosos desde 1950 en Francia, una de las principales conclusiones de un esperado informe.
1.- Al menos 216.000 víctimas
Unos 216.000 menores fueron agredidos directamente por sacerdotes, diáconos y religiosos en Francia entre 1950 y 2020, según un estudio del Instituto Nacional de Salud y de Investigación Médica (Inserm) encargado por la Ciase.
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Sin embargo, esta comisión presidida por el ex alto funcionario Jean-Marc Sauvé precisa que, si se tienen en cuenta a los laicos vinculados a instituciones de la Iglesia católica, esta cifra aumenta a 330.000 víctimas en esas siete décadas.
El estudio del Inserm, en base a una encuesta a 28.000 personas, revela que en Francia más de 5,5 millones de personas fueron agredidas sexualmente cuando eran menores --un 14,5% de las mujeres y un 6,4% de los hombres--.
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“La Iglesia católica es, sin contar la familia y los amigos, el entorno donde la prevalencia de la violencia sexual es mayor”, reza el informe de la Ciase. Los abusos en la Iglesia, laicos incluidos, representarían el 6% del total.
Tras su llamado a testimonios, la Comisión Sauvé recibió 6.471 señalamientos --3.652 por teléfono, 2.459 correos electrónicos y 360 cartas--. De todos ellos, interrogó a unas 250 víctimas de abusos sexuales durante su infancia.
2.- Unos 3.000 agresores
El número de agresores hombres, entre sacerdotes y religiosos, estaría en una horquilla de 2.900 a 3.200, lo que representa un 2,5% y un 2,8% de los 115.000 que pertenecieron a la Iglesia en los últimos 70 años en Francia, explica el informe.
“Se trata de una estimación mínima”, basada en el censo y el análisis de archivos de la Iglesia, la justicia, la policía judicial y la prensa, así como los testimonios, explicó Jean-Marc Sauvé a la AFP.
3.- 45 recomendaciones
Las 45 recomendaciones establecidas por la Comisión Sauvé abarcan un amplio abanico de temas, desde la escucha de las víctimas a la reforma del derecho canónico, pasando por el reconocimiento por parte de la Iglesia de su responsabilidad “sistémica” en los hechos.
Los expertos abogan también por que la Iglesia reconozca su “responsabilidad civil y social”, más allá de la “penal y civil” de los agresores, en el período analizado y por la creación de dispositivos de reconocimiento a las víctimas como ceremonias públicas, misas o memoriales.
Además de apartar del trabajo con menores a los involucrados en abusos sexuales y estudiar cómo evitar nuevos casos, la Ciase pide que las autoridades de la Iglesia dejen claro que el secreto de confesión no cubre estos delitos, que deberían ser denunciados a la justicia.
Otras de las propuestas es una mejor atención de las víctimas con la creación incluso de un número telefónico para denuncias y que se estudie la posibilidad, ya apuntada en el Sínodo de la Amazonía, de ordenar a hombres casados.
Respecto al sacerdocio, el informe propone una evaluación psicológica antes de la entrada al seminario y la formación de los curas. Otra recomendación es reforzar la presencia de laicos y mujeres en la toma de decisiones en la Iglesia.
4.- Casi 1.000 días de trabajo
Iniciada el 8 de febrero de 2019, la investigación de la Comisión Sauvé se desarrolló durante 970 hasta la presentación este martes del informe encargado por la Conferencia Episcopal (CEF) y la Conferencia de Religiosos y Religiosas de Francia (Corref).
Además de Sauvé, ex vicepresidente del Consejo de Estado, los otros 21 miembros de esta polifacética comisión independiente lo conforman sociólogos, historiadores, abogados, teólogos y psicológos, entre otros. En total, 12 hombres y 10 mujeres, no remunerados.
Su informe de más de 2.000 páginas se articula en tres ejes: “arrojar luz” sobre el número de casos, “revelar el lado oscuro” para establecer un diagnóstico de los hechos y “disipar las tinieblas” para tratar a las actuales víctimas y evitar nuevas agresiones.
5.- Unos 3 millones de euros
La Ciase estima el costo total de la elaboración de su informe en unos 3,8 millones de euros (4,4 millones de dólares), pero sumando también las cantidades del trabajo que realizaron sus miembros de manera voluntaria.
El costo efectivo para las instituciones que lo encargaron, la CEF y la Corref, fue de 2,6 millones de euros (unos 3 millones de dólares), en su mayoría por los informes encargados a los centros de investigación y por el llamado a víctimas.
El informe precisa que tanto la Conferencia Episcopal como la de religiosos asignaron los recursos financieros necesarios, pero sin derecho a supervisar la pertinencia del gasto, más allá de su regularidad y exactitud.
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