Al menos ocho jóvenes detenidos en una estación de la policía de una ciudad del centro de Colombia murieron después de sufrir graves quemaduras en un incendio que se desató en la celda, denunció el martes un concejal que calificó el hecho como una “masacre” en medio de abusos policiales.
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El incendio se produjo el 4 de septiembre en la ciudad de Soacha, al sur de Bogotá, cinco días antes de la muerte de un hombre por la agresión de dos policías que le aplicaron descargas con una pistola eléctrica, un hecho que generó violentas protestas que dejaron 13 personas muertas, cientos de heridas, además de la destrucción de autobuses y cuarteles.
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“Ese cuatro de septiembre sufrimos otra masacre”, dijo el concejal de Bogotá Diego Cancino en un video publicado en su cuenta de Twitter. “Días previos los estaban torturando, los estaban maltratando, no les daban comida, los amenazaban, estaban sufriendo de hambre, los torturaban”.
El concejal aseguró que uno de los detenidos prendió fuego a una cobija y un policía lanzó un artefacto que intensificó el incendio en la celda.
“Se salieron los policías y dejaron a los chicos encerrados, no dejaban entrar a nadie, los extintores no los dejaron usar, los chicos se quemaron (...), dejaron prender en llamas a los muchachos”, aseguró el concejal que calificó lo sucedido como escabroso e intolerable.
La policía admitió el incendio y la muerte de ocho de las 11 personas que se encontraban retenidas, pero aseguró que los efectivos que se encontraban en el lugar procedieron a controlar el incendio, prestar los primeros auxilios y evacuar a las personas lesionadas a hospitales.
Adicionalmente, informó que abrió una investigación interna, mientras que la Fiscalía General inició otra para esclarecer los hechos.
La Policía de Colombia enfrenta críticas y acusaciones de abusos en medio de sus acciones para contener las manifestaciones de sindicatos y estudiantes desde noviembre del año pasado cuando un adolescente que protestaba murió tras ser herido con un proyectil de gas lacrimógeno disparado por un oficial de una unidad antidisturbios.
Grupos de derechos humanos, estudiantes y sindicatos exigen la disolución de los escuadrones móviles antidisturbios, las unidades policiales encargadas del control de las multitudes y las protestas, mientras que decisiones judiciales han ordenado prohibir el uso de algunas de las armas que utilizan como las escopetas calibre 12 y gases lacrimógenos.
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