Por qué los militares chilenos han decidido decretar la “alerta roja” en La Araucanía

Una serie de episodios violentos, que incluyeron el ataque armado contra la casa de un miembro electo del Consejo Constitucional, ha llevado a que los militares chilenos declaren en alerta roja a la región de La Araucanía, ubicada a unos 700 km al sur de la capital, Santiago.

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Este nuevo pico de violencia empezó el martes y se extendió hasta la madrugada de ayer, registrándose ataques incendiarios y con armas de fuego contra una comisaría, una vivienda, cinco camiones, una camioneta y una sede vecinal. En total, siete atentados consecutivos que dejaron un saldo de 12 heridos, según reportes policiales.

La reacción del Ejército se enmarca dentro del estado de excepción que rige sobre la región desde el 17 de mayo del 2022. En aquella oportunidad, el gobierno de Gabriel Boric adoptó la medida “para permitir el libre tránsito de las personas y el abastecimiento” tras un nuevo pico de violencia.

Desde entonces, la medida ha sido ampliada en 23 oportunidades.

Desde 1997, La Araucanía es escenario recurrente de enfrentamientos debido a un complejo problema que involucra a comunidades mapuches que reclaman la soberanía sobre sus tierras ancestrales, el gobierno central, las empresas forestales que ahí operan y, en los últimos años, un aumento de presencia de grupos delictivos.

“Estos hechos se registran en lo que se denomina como Macrozona sur, que abarca desde Biobío hasta cierta parte de la X Región. En ella, narcotraficantes, grupos que se dedican al tráfico de armas y otros que se dedican al robo de madera están detrás de los actos violentos. Últimamente, el grueso de estos actos violentos ha sucedido en la región de La Araucanía, la zona más conflictiva en la actualidad”, explica a El Comercio Francisco Vicencio, politólogo de la Universidad Católica de Chile y docente en la Universidad Alberto Hurtado.

UN NUEVO PICO DE VIOLENCIA

Elevar la situación a alerta roja implica que los militares desplegarán un 50% adicional del contingente de seguridad, además de dos helicópteros, “para cumplir con las labores de control y de fiscalización” en la que apoyan a Carabineros, precisó el subsecretario del Interior de Chile, Manuel Monsalve.

Uno de los hechos que gatilló esta medida fue el ataque armado contra la casa del consejero constitucional, Héctor Urbán.

Urbán forma parte del Partido Republicano, presidido por el derechista José Antonio Kast, claro ganador de los comicios celebrados el último domingo en el país sureño.

El ataque contra el domicilio de Urbán ocurrió en la localidad de Ercilla. Pese a que la vivienda del político cuenta con ventanas blindadas, algunos proyectiles consiguieron atravesarlos, por lo que las autoridades aseguran que se utilizó munición de alto calibre.

Poco antes del atentado, el padre de Urbán fue blanco de un tiroteo mientras conducía su camioneta por una ruta cercana. Ninguna persona resultó herida en ambos ataques.

El subsecretario Monsalve, con quien Urbán se reunió al día siguiente, condenó la violencia en contra del político y aseguró que “hay una medida de protección dictada en torno a la familia (de Urbán) y, por tanto, hay funcionarios policiales que están cumpliendo con la medida de protección”.

En la misma comuna de Ercilla se registró el ataque contra la comisaría y se encontró un cartel que pedía la liberación de “presos políticos” mapuches. Las autoridades, sin embargo, han asegurado que los reos que actualmente cumplen una condena lo hacen por haber cometido algún delito.

EFECTO DEL ESTADO DE EXCEPCIÓN

Vicencio explica que “es difícil atribuir este nuevo pico a una razón en particular”; sin embargo, el experto considera que se podría ver “como una reacción a los últimos resultados electorales y a que los grupos radicalizados se encuentran brindando cierta respuesta”.

“Sobre todo por el ataque contra el convencional electo”, comenta.

Sin embargo, es imposible ignorar que este tipo de recrudecimiento de la violencia en la zona ha sido una constante pese al despliegue militar que está a punto de cumplir un año.

En ese sentido, Vicencio explica que “si comparamos interanualmente, los hechos de violencia han bajado en la zona. En ese sentido ha tenido un efecto positivo. Pero si vemos los datos de abril e inicios de mayo notaremos que los hechos de violencia fueron en aumento”.

Sin embargo, el experto señala que este despliegue “de ninguna manera” soluciona el problema de fondo en la región. El estado de excepción, explica, “busca dar cierto grado de tranquilidad a la población, mitigar estos hechos violentos y te da cierto control, pero el problema de origen, que es la incompatibilidad, subsiste”.

Durante su campaña, Boric abogó por el diálogo antes del uso de la fuerza militar en el conflicto mapuche, considerando que su predecesor, Sebastián Piñera, había sido duramente criticado por sus decisiones sobre La Araucanía y los episodios de violencia registrados en la Macrozona sur durante su gestión.

Si bien Boric ha mantenido cierto interés por mantener el diálogo con el pueblo mapuche, lo que incluye la creación de una comisión especial para determinar el estatus de sus tierras ancestrales que se espere tenga conclusiones para el 2026, el problema de la seguridad en la zona parece ser más difícil de contener.

“Para la izquierda siempre ha sido complicado hablar de temas de seguridad. Boric se definía como un líder proindígena, pero es importante entender que esto no se relaciona directamente con el pueblo mapuche. Yo diría que es una mezcla de conflictos, desde la causa mapuche hasta diferentes tipos de criminalidad, principalmente la organizada, y que han ido en aumento”, comenta el experto.