Los jóvenes encarcelados en el marco de las masivas protestas antigubernamentales de 2021 en Colombia seguirán sus procesos judiciales en libertad a cambio de prestar servicios humanitarios como “gestores de paz”, anunció el gobierno de izquierda este lunes.
Cerca de 250 casos serán evaluados de manera individual por un comité especializado y luego el presidente Gustavo Petro hará “una solicitud de suspensión de la captura que dirigirá a la autoridad judicial correspondiente”, dijo a la prensa el ministro de Interior, Alfonso Prada.
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“No es una amnistía, no es un indulto, no es un perdón judicial. Quienes vayan a ser beneficiarios de esta medida quedan vinculados judicialmente a los expedientes y correrán la suerte que finalmente definan los jueces en sentencia judicial”, añadió el jefe de la cartera.
La ley será reglamentada en el transcurso de la semana, de acuerdo al gobierno, aunque Petro anticipó que “centenares de jóvenes (...) serán declarados gestores de paz antes de Nochebuena”.
Sin precisar las funciones que tendrán los beneficiarios de la medida, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, aseguró que deberán trabajar por la “reconciliación y convivencia” de los colombianos, bajo vigilancia “del cumplimiento de esos compromisos”.
La medida responde a una promesa de campaña de Petro, quien apoyó abiertamente el estallido social contra el entonces mandatario de derecha Iván Duque (2018-2022) cuando miles de jóvenes y sectores vulnerables tomaron las calles en 2019, 2020 y 2021.
Las protestas más sangrientas ocurrieron el año pasado en rechazo al alza de impuestos que proponía el gobierno para paliar la debacle causada por la pandemia, y que finalmente archivó ante la presión popular.
Según la ONU, 46 personas, entre civiles y policías, fallecieron en medio de esas movilizaciones.
Según datos hasta el 28 de noviembre, 155 personas están detenidas por hechos relacionados con las protestas, según la fiscalía, y solo nueve de ellas ya fueron condenadas.
Los delitos por los que las investigan son homicidio, tortura, terrorismo, daño en bien ajeno y hurto, entre otros.
El gobierno aún no ha decidido si la medida beneficiará también a quienes ya estén condenados, ni a los miembros de la fuerza pública también involucrados en delitos en medio de las movilizaciones.
La oposición rechazó la iniciativa.
“Terroristas como estos indultados con la excusa de hacerlos gestores de paz. Colombia tiene memoria y sabe lo que significó el terrorismo urbano que hicieron estos tipos”, aseveró en Twitter la senadora María Fernanda Cabal, de Centro Democrático, el partido del expresidente derechista Álvaro Uribe.
Organizaciones internacionales han denunciado un uso excesivo de la fuerza en la represión de las protestas por parte policías.
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