Un hombre y una mujer fueron procesados en calidad de “cómplices” de otros dos encausados por el intento de homicidio de la vicepresidenta argentina Cristina Kirchner a un mes de ocurrido el episodio, según un escrito judicial divulgado este sábado por la prensa.
La jueza María Eugenia Capuchetti procesó y dictó prisión preventiva contra Gabriel Carrizo, 27 años, líder de la llamada “banda de los copitos” (algodón de azúcar), y Agustina Díaz, de 21, en tanto los embargó por 100 millones de pesos (670.000 dólares).
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Ambos ya estaban detenidos, al igual que Fernando Sabag Montiel, de 35 años, y su novia Brenda Uliarte (23), procesados hace dos semanas por “homicidio agravado en grado de tentativa”.
“Quedó demostrado que los imputados Sabag Montiel, Uliarte, Carrizo y Díaz tenían como plan común dar muerte a la vicepresidenta de la Nación”, afirmó la jueza en un escrito divulgado este sábado por la prensa argentina.
Carrizo se presentó ante los medios como el dueño de la máquina de hacer copos de azúcar para un grupo de vendedores ambulantes, actividad aparentemente utilizada como pantalla para realizar tareas de inteligencia en la calle. Agustina Díaz, en tanto, es una íntima amiga de Uliarte.
El fallido atentado se produjo el 1 de septiembre frente al apartamento de la expresidenta en Buenos Aires, donde mezclado entre los seguidores de Kirchner, Sabag Montiel logró acercarse a ella y gatillar una pistola calibre .32 a centímetros de su cabeza, sin que el arma se disparase.
Sabag, quien tiene tatuada simbología nazi en el cuerpo, fue detenido en el acto y su novia tres días más tarde.
En una resolución de 127 páginas, la jueza consideró que con la prueba reunida quedó “demarcada la intención previa, preordenada y directa que han tenido los imputados de acabar con la vida de la víctima”.
Según la resolución, el análisis de los intercambios por Whatsapp “permitió establecer que todos los imputados confluyeron en el propósito de causarle la muerte a la vicepresidenta, intercambiando opiniones acerca del modo en que debía ser llevado a cabo el hecho”.
La jueza precisa que el plan comenzó a diseñarse el 22 de abril pasado, fecha en que Uliarte “habría adquirido la pistola semiautomática” usada en el atentado.
“El 4 de julio Uliarte y Díaz ya comenzaban a planificar cómo podrían hacer para eludir el accionar de la seguridad de la vicepresidenta para poder concretar su plan criminal”, agrega.
A Carrizo se lo señala por haber aportado “un arma de fuego que finalmente no fue la utilizada” y tener “pleno conocimiento del plan criminal”. Además lo imputa por haber falsificado certificados de discapacidad a nombre de Sabag Montiel y Uliarte.
Un mes después del atentado fallido, se intenta saber si hay alguna organización o fuente de financiamiento detrás de los cuatro jóvenes detenidos, que odiaban a Kirchner.
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