El pasado 9 de enero, el portal digital La Posta reveló una supuesta estructura de corrupción que habría sido montada por el empresario Danilo Carrera, a quien llamó “El Gran Padrino”, y lo acusó de estar detrás de un “saqueo” de las empresas públicas de Ecuador. El señalado es cuñado del presidente Guillermo Lasso y la trama en la que está involucrado ha puesto de nuevo al mandatario al borde de un juicio político para su destitución.
Los audios difundidos por La Posta no solo involucran a Carrera, quien no es funcionario público ni ocupa ningún cargo en el gobierno de Lasso, también a Hernán Luque, exdelegado de Lasso en el directorio de la Empresa Coordinadora de Empresa Públicas (EMCO).
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Según La Posta, la red presuntamente se favorecía de contratos de la Corporación Nacional de Electricidad del Ecuador (CNEL), la Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec), Petroecuador y la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec).
De acuerdo con lo revelado por La Posta, Carrera, con la colaboración de un amigo suyo, Rubén Cherres, maneja entidades públicas de Ecuador y decide qué empresas privadas trabajan con el Estado a cambio de coimas.
Además, La Posta dio a conocer un informe de la Unidad de Antinarcóticos de la policía de Ecuador que apunta a supuestos nexos del Gobierno con la mafia albanesa, a través de Rubén Cherres.
El periodista Andersson Boscán explicó que el equipo de La Posta tuvo acceso a documentación pública, contratos, testimonios de involucrados, filtraciones de audio y reportes de inteligencia policial para construir la investigación.
Agregó que La Posta “obtuvo documentación específica sobre cómo se falsificaron certificados para ganar contratos millonarios, de cómo se hacen relaciones falsas para ir a aparentar concursos en el Estado y darle la imagen de honestos cuando en realidad hay contubernio y asociación entre tres personas que se conocen y que son parte de una misma compañía. Finalmente, divulgamos una serie de audios que involucran a funcionarios de alto nivel que forman parte del cículo íntimo del presidente Lasso”.
El 29 de junio del 2022
el intento de destitución de Guillermo Lasso obtuvo 80 de los 92 votos necesarios en la Asamblea Nacional de Ecuador.
Tras conocerse el destape, a través de una cadena nacional el presidente Lasso calificó a los periodistas de “mercenarios del entretenimiento” y afirmó que han agredido su integridad y la de su familia. Dijo que “los 15 minutos de fama” de los comunicadores llegaron a su fin y adelantó que va a “dar batalla a quienes quieren violar la libertad de expresión”.
“No confundan libertad con libertinaje y abuso. Abuso es publicar un informe reservado omitiendo decir que su contenido fue desestimado por la Fiscalía y archivado por orden judicial. Archivado por falta de méritos hace casi un año (...) Abuso es intentar crear una historieta falsa, falaz, insultante, aupados en la libertad que han violado”, expresó.
El equipo periodístico de La Posta respondió a Lasso mediante un comunicado: “Rechazamos la actitud policial, intimidatoria, autoritaria y desubicada del presidente de la República, Guillermo Lasso, quien ha utilizado una cadena nacional para desprestigiar nuestro trabajo y, al mismo tiempo, nos amenaza abiertamente con el fin de que detengamos nuestras investigaciones de corrupción en su Gobierno”.
El juicio político
El presidente Guillermo Lasso todavía tiene por delante dos años de gestión. Pero sus opositores podrían destituirlo mucho antes.
La Asamblea Nacional de Ecuador, donde la mayoría es de oposición, formó una comisión que investigó el caso “El Gran Padrino” y recomendó abrir un juicio político al mandatario. Lo acusa de supuestos delitos contra la seguridad del Estado y omisión en delitos contra la Administración pública.
Se necesitaban 70 votos para abrobar el informe y al final la oposición consiguió 104. La Asamblea Nacional de Ecuador tiene 137 miembros.
Ahora, tras recabar la firma de 46 legisladores, un asambleísta deberá presentar la solicitud de juicio político por escrito al presidente de la Asamblea Nacional, donde tendrá que adjuntar la formulación de cargos y las pruebas.
Luego, el Consejo de la Administración Legislativa verificará que se cumplan los requisitos para remitir el caso a la Corte Constitucional, que debe decidir si existen fundamentos para abrir un proceso al presidente.
La Constitución de Ecuador
establece que un presidente puede ser destituido por delitos contra la seguridad del Estado, concusión, cohecho, peculado o enriquecimiento ilícito.
Si la Corte Constitucional admite el proceso, este pasará de nuevo a la Asamblea Nacional para el inicio del juicio político.
Específicamente, la Comisión de Fiscalización del Congreso tendrá 30 días para recomendar el procesamiento del mandatario.
Luego, el presidente de la Asamblea Nacional tendrá cinco días para resolver sobre el tema. Antes de que se llame a la votación del pleno del Legislativo, el presidente de la república deberá presentar pruebas de descargo.
Finalmente, se necesitan 92 votos favorables para la destitución del presidente.
En caso de que la Corte Constitucional rechace el juicio político, este será enviado al archivo.
Pero ese no será el fin. La oposición ya adelantó que utilizará otros mecanismos para destituir a Lasso, como declarar la “incapacidad mental” del mandatario.
El Gobierno rechazó el juicio político a través del ministro de Gobierno Henry Cucalón, quien dijo que “pretender de forma perversa fabricar una fábula para intentar configurar un juicio político al vuelo en contra del presidente de la República, no es un acto de fiscalización sino de evidente desestabilización”.
Por su parte, el expresidente Rafael Correa ya dijo que no es necesario esperar a terminar el mandato presidencial para un cambio de gobernante en Ecuador.
Mientras que la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) celebró un consejo ampliado en el que solicitó también la salida de Lasso.
Opinión
La suerte de Lasso está en manos de la Corte Constitucional
Por Sebastián Mantilla, analista político. Director del Centro Latinoamericano de Estudios Políticos (CELAEP)
El Congreso está invocando el artículo 129 de la Constitución, que dice que la Asamblea Nacional podrá llamar a juicio político al presidente por tres casos: delitos contra la seguridad del Estado, delitos de corrupción, cohecho, peculado y enriquecimiento ilícito y delitos de genocidio, tortura, etc.
Entonces, de acuerdo con el informe de la Asamblea Nacional, el presidente habría incurrido en delitos contra la seguridad del Estado y en omisión en delitos contra la administración pública.
En junio del 2022 a Lasso se le trató de enjuiciar usando el artículo 130 de la Constitución, por grave crisis política y conmoción interna. Ello debido a las protestas de la Conaie.
En aquella ocasión no hubo los votos para destituirlo, pues el Partido Social Cristiano jugó un papel clave en la Asamblea Nacional para salvar a Lasso. Pero ahora, luego de las elecciones locales y tras las declaraciones que hizo el presidente contra ese partido, su líder, Jaime Nebot, tuvo palabras muy fuertes hacia el mandatario. Así, hoy sí existirían los votos necesarios para su juicio político y destitución.
Pero la situación se complica un poco para los promotores del juicio político, pues la Asamblea necesita tener un dictamen de admisibilidad de la Corte Constitucional. Hay antecedentes en los que dicha corte ha votado en favor del Gobierno en ciertos temas sensibles para el Ejecutivo. Posiblemente ahí se quede el juicio político.
Aunque también hay que recordar que cuando la Asamblea Nacional pidió el juicio político contra el exvicepresidente Jorge Glass, la Corte Constitucional falló a favor de que se le pueda procesar.
Por otro lado, en Ecuador existe la posibilidad de que el presidente pueda promover la muerte cruzada, es decir, que se adelante a la Asamblea y pida su cierre. En ese caso, Lasso gobernaría por seis meses mediante decreto y deberá convocar a elecciones generales.
En resumen, el señor Lasso está en una situación complicada. Hay que tener en cuenta que este miércoles hay una primera movilización indígena en contra del presidente. Y Si no funciona el juicio político, puede ser que las movilizaciones sociales, políticas e indígenas lleven a una situación complicada para él y que termine renunciando.
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