Presidentes tras las rejas: un mal endémico en Latinoamérica (y cómo se explica)

En prisión de febrero a agosto del 2018

La justicia de Guatemala acusó al expresidente de peculado y fraude por la implementación de un sistema prepago en el transporte público Transurbano, por el que él y diez de sus ministros se favorecieron con 35 millones de dólares del Estado. Colom logró salir de prisión tras pagar una fianza de 200 mil dólares, pero se mantuvo en detención domiciliaria hasta su muerte, en enero pasado.

El expresidente también fue sancionado en julio del 2021 por Estados Unidos, que lo incluyó en el listado de “actores corruptos y antidemocráticos” del llamado Triángulo Norte centroamericano, o Lista Engel, prohibiéndole el ingreso a su territorio.

En prisión desde el 2016

El exmandatario cumple una condena de 10 años en el penal La Esperanza, en la periferia de San Salvador, acusado de peculado, asociación ilícita y lavado de dinero, por desviar más de 300 millones de dólares del presupuesto estatal durante su gestión.

El expresidente Saca -cuya esposa también está en prisión por corrupción- ha sido el segundo mandatario salvadoreño en ser procesado por enriquecimiento ilícito o por desvío de recursos públicos.

En prisión domiciliaria del 2014 al 2016

Justamente, el antecesor de Saca, Francisco Flores, fue el primer mandatario salvadoreño en ser condenado por corrupción. Sin embargo, apenas pisó la cárcel debido a sus problemas de salud -sufría trombosis- y desde el 2014 estuvo en detención domiciliaria. Falleció en el 2016 mientras purgaba su pena.

Flores fue enjuiciado en el 2015 por la supuesta malversación de 15 millones de dólares donados por Taiwán, en un caso que también salpicó a Antonio Saca y al partido de ambos, ARENA, de centroderecha.

En prisión desde el 2021

El caso de la expresidenta interina boliviana no tiene que ver con corrupción, sino con la política. Ella asumió el máximo cargo del país el 12 de noviembre del 2019, dos días después de la renuncia de Evo Morales. Fue detenida en el 2021, ya bajo el mandato de Luis Arce, del MAS, y un tribunal la condenó a dos años de cárcel por “incumplimiento de deberes” y “resoluciones contrarias a la Constitución”, por supuestamente urdir un golpe de Estado contra Morales. En el 2019, el entonces mandatario buscaba una cuarta reelección, pero se vio forzado a salir del país tras unos comicios considerados fraudulentos.

En prisión en EE.UU. desde el 2002

El caso de Hernández es uno de los más escandalosos. El político dejó el caro en enero del año pasado, y en febrero la justicia de Estado Unidos ya lo denunciaba por cargos de narcotráfico, así como posesión de armamento pesado. En marzo fue detenido en su domicilio y finalmente extraditado en abril. Actualmente está detenido en una cárcel federal de Brooklyn y podría ser condenado a cadena perpetua.

Hernández está también acusado de aceptar millones de dólares en sobornos para proteger a narcotraficantes de las investigaciones judiciales.

En prisión desde abril 2018 a noviembre 2019

El caso de Lula da Silva ha sido sin duda uno de los más emblemáticos. El legado de uno de los presidentes más carismáticos de su país, y que dejó el cargo con una altísima aceptación, se manchó con el escándalo de Odebrecht y la operación Lava Jato.

El líder del Partido de los Trabajadores (PT) fue declarado culpable por los delitos de corrupción pasiva y lavado de dinero y condenado a 9 años de prisión, pero en el 2021, y tras 580 días en prisión, la Corte Suprema anuló su sentencia debido a irregularidades procesales. Es decir, se le liberó por errores de forma y no de fondo. Sin embargo, gracias al principio de la presunción de inocencia prevista en la Constitución brasileña, con la anulación de sus procesos judiciales, Lula recuperó su condición de inocente ante los tribunales.

Gracias a ello, pudo presentarse en las elecciones del 2022, las cuales terminó ganando en segunda vuelta ante Jair Bolsonaro.

En prisión desde el 2015

En diciembre pasado, el general retirado Otto Pérez Molina fue condenado a 16 años de cárcel por delitos de asociación ilícita y defraudación aduanera, junto a su vicepresidenta Roxana Baldetti, quien recibió la misma pena.

Pérez Molina comenzó su mandato en el 2012, pero debió renunciar tres años después ante fuertes protestas callejeras desatadas por las acusaciones de corrupción. Desde entonces ambos estaban en prisión preventiva, aguardando sentencia.

El expresidente y su compañera de fórmula fueron acusados de cobrar sobornos a importadores a cambio de recibir reducciones de impuestos, en el caso conocido como La Línea.

Preso en EE.UU. entre el 2014 y el 2015

En el 2010, un fiscal estadounidense lo acusó de lavado de dinero por hasta 200 millones de dólares y pidió su extradición a ese país. Ese año fue detenido y estuvo preso en una base militar en Guatemala hasta el 2011. El 2013 fue finalmente llevado a EE.UU., donde se declaró culpable, lo que le valió una pena mínima de un año de cárcel. En el 2015 regresó a su país.

En prisión del 2017 al 2019

Un año después de terminar su mandato, Martinelli huyó de su país mientras era invesitgado por espionaje político y peculado. En el 2017, Interpol pidió su detención y ese año fue detenido en Coral Gables, Miami, donde estuvo preso hasta el siguiente año, cuando fue extraditado a su país.

Sin embargo, en el 2019 un tribunal ordenó su excarcelación y le dictó arresto domiciliario, pero finalmente fue absuelto y ahora busca regresar a la presidencia, pese a que las denuncias de corrupción durante su gestión lo siguen persiguiendo.

De hecho, dos de sus hijos fueron condenados en EE.UU. por recibir sobornos de Odebrecht y en el juicio se señaló que ambos lo hicieron a nombre de su padre.

Álvaro Uribe (detenido 67 días en el 2020)

Carlos Menem (detenido 6 meses en el 2001)