La lucha “al todo o nada” de Evo Morales para ser candidato presidencial en 2025

El bloqueo de caminos que hace una semana sostienen los afines al expresidente de Bolivia Evo Morales (2006-2019), que exigen la renuncia de los magistrados que prorrogaron su mandato, se convirtió en la lucha “al todo o nada” para habilitar la candidatura del jefe oficialista en las presidenciales de 2025.

“Es una disputa al todo o nada” ya que si los magistrados que ampliaron su mandato “logran consolidarse en el cargo” las posibilidades de Morales de ser candidato “van a caer a la mínima expresión”, dijo a EFE el politólogo Franklin Pareja.

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En diciembre pasado, el Constitucional extendió el mandato de los máximos magistrados del país que culminaban sus funciones a principios de enero, debido a que en 2023 no se realizaron los comicios judiciales, bajo el argumento de evitar un “vacío de poder”.

A fines del año pasado, el Tribunal Constitucional dictó un fallo en el que señala que la reelección en Bolivia es “una sola vez” seguida o discontinua y que la reelección indefinida “no es un derecho humano”.

El dictamen afecta directamente a Evo Morales, quien el año pasado fue declarado por sus seguidores candidato único del oficialista Movimiento al Socialismo (MAS) y que gobernó en 2006-2009, 2010-2014 y 2015-2019.

Los sectores “evistas”, que respaldan al exgobernante, cumplieron este domingo siete días de la huelga que se concentraron principalmente en el departamento central de Cochabamba, el eje de las carreteras que conectan el oriente y el occidente del país.

La medida cortó el flujo de mercadería entre ambas regiones, por lo que se comenzó a sentir la escasez de algunos productos, combustibles y alimentos, además que los aeropuertos están llenos de gente que busca un cupo de los “vuelos solidarios” que habilitó la estatal Boliviana de Aviación (BoA).

Una causa nacional

Pareja dijo que el bloqueo de caminos es la primera acción “de hecho” que tomaron los seguidores de Morales contra el Gobierno del también oficialista Luis Arce, puesto que es “confrontativa” y típica de una “oposición desestabilizadora”.

El experto señaló que Morales tomó para sí una “causa nacional” cuando en realidad el pedido de la renuncia de los magistrados debía ser una consigna de los opositores.

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“Es paradójico que quien impulsó las sistemáticas violaciones a la Constitución -Evo Morales- (...) hoy en día esté encabezando una lucha social legítima”, apuntó.

Pareja consideró que el conflicto dependerá de la “resistencia” del movimiento “evista” y de si este sector logra “gatillar” otras expresiones de protesta que pongan “contra la pared” al Gobierno de Luis Arce.

Candidatura en riesgo

Pareja consideró que Morales tiene una lucha “al todo o nada” para evitar que los magistrados actuales continúen en funciones, en especial en el Constitucional, en donde “le van a cerrar todas las puertas” a su candidatura.

“Es una cuestión de vida o de muerte (para Morales) que no sigan estos magistrados y eso podría darle una cierta apertura a sus probabilidades (presidenciales)”, insistió.

También dijo que Morales “necesita” que el Tribunal Constitucional “no esté totalmente controlado por el Gobierno” y principalmente que no tenga la “composición actual” de miembros.

“El prorroguismo (de los magistrados) extingue en gran medida las probabilidades de Evo Morales (para ser candidato)”, sentenció el experto.

El vicepresidente David Choquehuanca, quien es cabeza del Legislativo, llamó para el lunes a un “diálogo” a los parlamentarios oficialistas y de oposición para que se halle una solución y se convoque a los comicios judiciales.

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Dicha ampliación del mandato de los magistrados causó la “preocupación” de la Organización de las Naciones Unidas que pidió que esa prórroga sea lo más corta posible.

La Constitución vigente desde 2009 introdujo la elección mediante voto popular de las máximas autoridades judiciales con candidatos seleccionados previamente por el Parlamento.

El proceso de preselección para las elecciones en 2023 quedó estancado en dos ocasiones debido a medidas dispuestas por salas constitucionales.