El Gobierno de Bolivia manifestó este martes que el expresidente Evo Morales (2006-2019) pretende “convulsionar el país”, luego del anuncio de los sectores afines al exmandatario de realizar un “bloqueo nacional” de carreteras en rechazo a la prórroga de los magistrados.
La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, señaló que Morales “está intentando convulsionar el país” con esas medidas de presión, pero que la salida de la situación es que los senadores y diputados de la Asamblea Legislativa se sienten y que se busquen consensos para trabajar en una convocatoria para las elecciones judiciales.
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“Pensemos en el país, es lo que le decimos (a Morales), pensemos en nuestra población, no amerita bloquear, generar convulsión en este momento (...) son bloqueos que perjudican el desarrollo de la región”, indicó Alcón.
Recalcó que los asambleístas deben buscar los dos tercios para que se realice la convocatoria a la preselección e ir “con celeridad” a las elecciones judiciales.
Agregó que los impedimentos no fueron desde el Gobierno, si no de otras partes que han “objetado” la convocatoria, lo cual paralizó el proceso.
Enfatizó en que se debe tener una “salida constitucional” y que la alianza Evo Morales-Luis Fernando Camacho, líder del partido Creemos, y Carlos Mesa, del principal partido opositor Comunidad Ciudadana “sirva en este momento para poder llegar a acuerdos y que se lleve adelante las elecciones judiciales” buscando a los profesionales “idóneos”.
El lunes sectores afines a Morales anunciaron un bloqueo nacional indefinido de carreteras que comenzará el miércoles y exigen que de forma inmediata se apruebe una “ley corta” de convocatoria a las elecciones judiciales, además del retiro inmediato de los magistrados.
Sectores afines a Morales realizaron protestas ayer en la ciudad de Sucre, la capital de Bolivia donde se encuentra el Órgano Judicial, en rechazo a la prórroga del mandato de los magistrados, ya que en diciembre del año pasado debía llevarse a cabo las elecciones judiciales, pero hubo trabas en el proceso y no se concretó.
La Constitución, vigente desde 2009, introdujo los comicios para elegir cada seis años a las máximas autoridades de los tribunales Supremo de Justicia (TSJ), Agroambiental, Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y del Consejo de la Magistratura, con candidatos preseleccionados por dos tercios en el Legislativo.
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En las elecciones judiciales de 2011 y 2017, la mayoría de electores votaron nulo y blanco en rechazo a los procesos, al considerarlos manipulados por la mayoría legislativa del MAS para elegir a jueces afines al oficialismo.
Los nuevos comicios debían celebrarse en diciembre de 2023, pero el proceso de preselección de candidatos se trabó en el Parlamento, de mayoría oficialista, ante lo cual, el TCP decidió prorrogar su mandato y el de otros magistrados para evitar un “vacío de poder”.
El Gobierno de Luis Arce ha defendido la prórroga y asegura que no es inconstitucional, mientras que Morales, que está distanciado del mandatario, ha criticado la decisión del Constitucional.
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