Empleados públicos de Argentina acamparon este martes frente al Congreso en Buenos Aires para protestar contra recortes, despidos y futuras privatizaciones de las empresas públicas, dentro de las políticas de ajuste del Ejecutivo de Javier Milei.
El sindicato Asociación Trabajadores del Estado (ATE) asentó carpas frente al palacio legislativo para “prevenir a la ciudadanía de la pérdida de sus necesidades públicas”, con motivo del debate de Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, más conocida como ‘ley ómnibus’, que fue aprobada este martes por Diputados y ahora deberá ser ratificada por el Senado.
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Distintos representantes de organismos estatales advirtieron durante la jornada de que sectores como salud pública, información o industria nacional se “venderán junto con la patria”.
“Esta acción es para hacerle notar a la sociedad el desguace que está haciendo el Gobierno. Cada área cerrada es un derecho que se le viola a la ciudadanía”, dijo el secretario general de Federación Judiciales Argentina, Matías Fachal.
La ‘ley ómnibus’’, recortada a 232 de 664 artículos originales, incluye declarar la emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética por un año, algo que facilitaría el cierre y despidos en distintas áreas.
“La ‘ley Bases’ pone a la nación de rodillas y al Estado al servicio del saqueo. Nos plantean una reforma laboral regresiva en materia de derechos. Con esta ley quieren al Estado al servicio de cuatro grupos empresarios nacionales y de todas las multinacionales”, sumó el líder sindical de ATE, Rodolfo Aguiar.
Sin duda, uno de los aspectos que más les preocupan es la reforma laboral, incluida en el proyecto de ley.
En el caso de la sanidad, que aún tiene presupuestos del año pasado, deben lidiar con escasez de medicamentos -oncológicos en particular-, colapso en hospitales y precarización del personal.
“Estamos en una epidemia de dengue histórica, y el inepto de (Mario) Russo -ministro de Salud- nos manda a ponernos pantalones largos y a comprar repelente por Amazon. Esa es toda la política sanitaria que impartió”, expresó la presidenta de la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina (Fesprosa), María Fernanda Boriotti.
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Los últimos informes contabilizaron 280 muertes por dengue en el país y los casos positivos ascendieron a 396.484, de los cuales 871 fueron clasificados como graves.
En materia de control y transferencia tecnológica a privados, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (Inti), que acompaña el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas, llegó a las 24 provincias de Argentina, pero ante los recortes y la ley temen perder su alcance, sobre todo en sitios remotos.
Por ejemplo, Arsat -proveedor de servicios de telecomunicaciones satelitales del Estado- ha perdido un “50 % de los contratos”. A principios de mes, la provincia de Misiones (noreste) fue la primera en contratar Starlink, compañía privada satelital del multimillonario Elon Musk, admirador de Milei.
Los medios públicos, como la agencia de noticias Télam, Radio Nacional y la Televisión Pública afrontan cierres y despidos, con sus trabajadores denunciando que el Estado quiere transformarlos en privados con intereses propios, cuando su función es “combatir el centralismo de Buenos Aires y estar e informar a todo el país”.
Por su parte, el secretario general nacional de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), Hugo Godoy, llamó a “rebelarse” contra el Gobierno.
“Quienes fueron elegidos para representar al pueblo, renuncian y relegan poderes absolutos en el presidente, permitiendo que hoy sea un déspota. Tenemos el derecho a rebelarnos cuando se toman medidas para ejercer la suma del poder público. Eso es una infame traición a la patria”, manifestó Godoy.
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En diálogo con EFE, Fachal matizó que todo apunta hacia el “paro general en todo el Estado. En caso de que el Gobierno continúe de esta manera, será en todo el país y se va a sentir. Ellos no están dialogando con nadie”.
María Mercedes Cabezas, secretaria adjunta de ATE, remarcó a EFE que la acampada fue necesaria para desmentir la “campaña de desprestigio” del trabajo estatal.
“Muchas de las leyes que hoy intentan dar por tierra en el Congreso fueron promocionadas y construidas desde el campo popular. Confiamos en que las movilizaciones van a ser suficientes para ponerle un freno al ajuste contra los sectores más vulnerables de Argentina”.
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