El Gobierno de Milei espera lograr la aprobación definitiva de la Ley Bases en dos semanas

El Gobierno de Argentina espera que la ‘ley bases’, el proyecto estrella del Ejecutivo presidido por Javier Milei, se debata la semana del 10 de junio en el Senado y logre su aprobación definitiva, aseguró este viernes el portavoz gubernamental, Manuel Adorni.

“Entendemos que es muy probable que se debata finalmente y, por supuesto, se apruebe. Veremos el trámite cómo continúa”, dijo Adorni en su habitual conferencia de prensa en la Casa Rosada (sede del Gobierno).

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El Ejecutivo del ultraliberal Milei logró el pasado miércoles el dictamen de los legisladores de la Cámara Alta del país suramericano tanto para la Ley de Bases y Puntos de Partida para Libertad de los Argentinos, más conocida como ‘ley ómnibus’ o ‘ley bases’, como para su reforma fiscal, la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes.

En este sentido, Adorni celebró este paso adelante en un proceso legislativo que ha ido atravesando hitos con ciertas dificultades para el Ejecutivo, cuyas fuerzas políticas son minoritarias en el Parlamento argentino.

En la última semana, las negociaciones con los senadores de otras formaciones estuvieron lideradas por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, ministro del Interior hasta el pasado martes, cuando pasó a ocupar su nuevo cargo tras la dimisión de su predecesor, Nicolás Posse.

“En pocas horas, (Francos) cumplió su función con los objetivos. En virtud de esto, vivimos una reacción positiva en los bonos argentinos y en las acciones, y una reducción del índice de riesgo país”, consideró el portavoz.

Lo cierto es que la Ley Bases, sujeta a múltiples cambios desde el lanzamiento de su primer borrador, podría aprobarse en el Senado con nuevas modificaciones, lo que obligaría a un nuevo paso por la Cámara Baja, donde ya obtuvo la media sanción tras arduas negociaciones entre el oficialismo y la denominada oposición ‘dialoguista’.

El texto definitivo impediría la disolución de diversos organismos públicos; prolongaría el período de evaluación de los procesos de privatización de las empresas públicas -uno de los puntos claves de la norma-; o remodelaría el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

En cuanto a la reforma fiscal, el Ejecutivo habría aceptado cambios en la figura del monotributo social, el impuesto a las ganancias en las provincias de la región patagónica, la nueva normativa de blanqueo de capitales o la de regalías mineras.