Michelle Bachelet reafirma su apoyo a la nueva Constitución chilena: “yo tengo mi opinión muy clara”

La expresidenta de Chile Michelle Bachelet ratificó este miércoles su voto a favor de la nueva Constitución en el plebiscito que celebrará el país el próximo 4 de septiembre con el objetivo de determinar si la ciudadanía aprueba o rechaza la propuesta constitucional.

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”Yo tengo mi opinión muy clara de lo que debiera ser la decisión del 4 de septiembre. Yo lo he dicho antes, yo estoy por el apruebo de la reforma de la Constitución”, declaró Bachelet en una conferencia de prensa que brindó en Lima como alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Agregó que, de “una manera simbólica”, la nueva carta magna le recuerda a una canción del cantante cubano Pablo Milanés “que dice ‘no es perfecta, mas se acerca a lo que yo siempre soñé’”.

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La expresidenta chilena puntualizó, además, que no tiene “ninguna intención de volver a postular para ser Presidenta de la República”.

Chile inició en 2020 el proceso constituyente como la vía política para desarticular la ola de masivas protestas por la igualdad que comenzó en 2019 y dejó una treintena de fallecidos, miles de heridos y removió los cimientos de Chile, uno de los países más estables de América Latina.

En un histórico plebiscito en octubre de 2020, casi un 80 % de los chilenos se mostró a favor de cambiar el texto y en mayo del año siguiente se eligió en las urnas a los 155 miembros del órgano, de tendencia progresista y con un gran número de ciudadanos independientes.

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En caso de aprobarse en el referéndum de salida, que es de participación obligatoria para todos los mayores de 18 años, la nueva ley fundamental sustituiría a la actual, heredada del régimen de Augusto Pinochet (1973-1990) y considerada por muchos como el origen de las grandes desigualdades del país por su corte neoliberal.

La alta comisionada de la ONU dio estas declaraciones durante una rueda de prensa en Lima para ofrecer un balance de su visita a Perú, donde se reunió con autoridades de los tres poderes del Estado, así como representantes indígenas, del sector privado y de la sociedad civil para analizar la situación de las libertades fundamentales en el país.