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Si el presidente ruso, Vladimir Putin, cierra definitivamente los gasoductos, todos los países de la Unión Europea, incluidos los menos dependientes del hidrocarburo ruso como España, se verán obligados a racionar el consumo energético, según los planes de emergencia que prepara la Comisión Europea y que se esperan hacer públicos este miércoles. La propuesta de Bruselas, que se trasladará a un consejo extraordinario de ministros de Energía de la UE la próxima semana, provoca resquemor en los países que se verán impactados como consecuencia de los errores en política energética cometidos por Alemania, el socio que durante los últimos años ha aumentado su dependencia de Rusia a pesar de las continuas advertencias de Bruselas o Washington.
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El borrador de la propuesta de la Comisión, al que ha tenido acceso EL PAÍS, plantea en primer lugar un recorte voluntario del consumo que debería aplicarse desde el próximo 1 de agosto hasta el 31 de marzo de 2023 ante el escenario de que el líder ruso vaya cerrando la llave del gas como respuesta a las sanciones de la UE impuestas a Rusia por invadir Ucrania. Pero el proyecto legislativo confiere al organismo comunitario la potestad de declarar un estado de alerta generalizado para imponer, en tal caso, un recorte obligatorio a cada Estado miembro.
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La propuesta especifica que el recorte obligatorio del consumo entraría en vigor “el primer día del mes siguiente a la declaración de la alerta y terminaría el 31 de marzo de 2023″. El borrador, pendiente de deliberación este miércoles en la reunión semanal de la Comisión Europea, no concreta aún el porcentaje de recorte. Pero fuentes del organismo indican que se sopesa fijarlo en el 15%, una cifra que golpearía seriamente a la producción industrial en casi todos los países de la UE, con independencia de que importen más o menos gas ruso. El recorte se haría en relación a la media del consumo de cada país durante los últimos cinco años.
“El argumento a favor de ese recorte lineal es que la reducción del consumo en todos los socios liberará capacidad de exportación en los suministradores alternativos a Rusia”, apunta una fuente de la Comisión. El ejemplo más próximo es el de España y Argelia: la reducción del consumo español permitiría a otro socio, Italia, aumentar sus importaciones procedentes del país magrebí, que en las últimas semanas se ha movido para firmar contratos con el país africano.
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Algunas capitales, sin embargo, consideran que el racionamiento obligatorio del consumo de gas por orden de la Comisión puede suponer una injerencia en una política eminentemente nacional como la energética. Polonia ya expresó la semana pasada su oposición a una solidaridad obligatoria, por considerar que puede dañar la seguridad energética de algunos socios y reclamó que la medida sea voluntaria.
La intervención comunitaria, además, obligará a todos los países a compartir el impacto económico de un corte de suministro que, en principio, debía afectar esencialmente a Alemania, que tiene una alta dependencia del gas ruso que ha firmado barato durante años. Todos los países pagarán los errores de la política energética de Berlín, una capital que durante la crisis del euro (2008-2012) se negó de manera tajante a mutualizar los costes de la deuda por considerar que eran fruto de los errores de política fiscal cometidos en países como Grecia, España o Italia.
Pero la Comisión, presidida por Ursula von der Leyen, parece dispuesta a ignorar todas esas objeciones y a lanzar un plan de emergencia que reparte de forma lineal el sufrimiento por la previsible falta de suministro de gas cuando la amenaza de los cortes manejados por el Kremlin para presionar a la UE por su apoyo a Kiev se cierne sobre el continente. Von der Leyen quiere invocar el artículo 122 del Tratado de Funcionamiento de la UE. Ese artículo permite al Consejo, a propuesta de la Comisión, “decidir, con un espíritu de solidaridad entre Estados miembros, medidas adecuadas a la situación económica, en particular si surgieran dificultades graves en el suministro de determinados productos, especialmente en el ámbito de la energía”. El artículo permite esgrimir medidas excepcionales como un racionamiento energético coordinado sin precedentes en la historia del club comunitario.
La propuesta también levanta suspicacias en el Parlamento Europeo, porque el artículo invocado por la Comisión permite esquivar la aprobación parlamentaria y solo requiere la de los Estados miembros. Los eurodiputados socialistas de la comisión parlamentaria de industria y energía se han dirigido por escrito a Von der Leyen, en una carta fechada el 14 de julio, para reclamar un escrutinio parlamentario y democrático de la propuesta acorde “a la sensibilidad de las decisiones que se van a adoptar”.
Los eurodiputados recuerdan a la presidenta de la Comisión que el Parlamento “ya ha demostrado su responsabilidad y capacidad para trabajar con un procedimiento de urgencia”. La prueba más reciente ha sido la aprobación en cuestión de semanas del proyecto legislativo para imponer la acumulación de reservas de gas hasta un 80% de la capacidad de almacenamiento antes del próximo 1 de noviembre y del 90% a partir de la misma fecha en los siguientes años.
Putin culpa a las sanciones
Mientras el Ejecutivo comunitario habla ya de recortes, el presidente ruso, Vladímir Putin, volvió a utilizar como palanca de presión la llave del gas. Tras una reunión en Teherán con los líderes iraní y turco, el presidente ruso aseguró que Gazprom —la compañía que tiene el monopolio de los gasoductos que transportan gas ruso— “ha cumplido, cumple y cumplirá” íntegramente sus obligaciones como proveedor con los contratos firmados. Sin embargo, el jefe del Kremlin deslizó acto seguido que la capacidad del gasoducto Nord Stream 1 (el enlace más grande para el suministro de gas ruso a Europa) podría reducirse aún más debido al lento progreso en el mantenimiento de los equipos y culpó de ello a la falta de reemplazo de los equipos y a las sanciones. “Nuestros socios [comerciales] están tratando de pasar sus propios errores a Gazprom. Esto no tiene base”, afirmó Putin, según cita la agencia rusa Interfax.
Con el peor de los escenarios asomando en el horizonte, el plan de ahorro de Bruselas plantea también medidas preventivas como limitar el aire acondicionado a 25 grados y la calefacción a 19 y reclama que los Estados miembros pongan sobre la mesa subvenciones para compensar a las empresas que decidan parar (o se vean obligadas a ello) por falta de suministro de gas.
En el borrador de su propuesta, la Comisión explica de manera muy visual la amenaza del recorte de suministro de gas ruso con una gráfica que dibuja una gran caída desde un repunte registrado en marzo, pocos días después de la invasión a gran escala lanzada sobre Ucrania el pasado 24 de febrero. En la última década, se ha avanzado en proyectos que garanticen el suministro en los países que ya se han mostrado en otras crisis más vulnerables a los recortes de gas ruso, como Bulgaria y Polonia con nuevos conectores que unen Grecia y Bulgaria o Lituania y Polonia y Finlandia y Estonia. También se ha avanzado en el gasoducto que traslada gas desde el mar Caspio a Europa y, en las últimas semanas, varios los países (y la propia Comisión Europea) se han apresurado a firmar contratos con otros proveedores para diversificar su suministro (hay países de la UE que tienen grandes acuerdos con otros suministradores como Noruega, Argelia, Qatar, EE UU, Reino Unido, Nigeria y Libia).
Sin embargo, el gas natural supone un 24% del mix energético en la UE y el petróleo, un 35 %. Rusia ha mantenido su posición como el principal proveedor de la UE de todos los principales productos básicos de energía primaria: gas natural, petróleo crudo y carbón.