El expresidente de Bolivia Evo Morales pidió este jueves a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgar medidas cautelares al exmandatario peruano Pedro Castillo para “preservar su vida”.
“El discurso de odio y las amenazas de escarmiento de la derecha peruana y sus medios de comunicación en contra del hermano @PedroCastilloTe ponen en riesgo la integridad de él y su familia. Que la @CIDH active las medidas cautelares para preservar su vida”, escribió en Twitter Morales (2006-2019).
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Según el exgobernante, “a medida que se conoce más información, el mundo comprueba” que la declaratoria de vacancia aplicada a Castillo en la víspera “fue efecto de una conspiración antidemocrática, política y mediática destinada a perseguir, hostigar y atentar contra un gobierno popular elegido legal y legítimamente hasta defenestrarlo”.
Más temprano, también en Twitter, Morales sostuvo que “la guerra híbrida de la derecha internacional ha perpetrado dos golpes contra gobiernos del pueblo en las últimas 48 horas”.
Uno, según el político boliviano, contra la vicepresidenta argentina, Cristina Fernández, condenada a seis años de prisión por ser considerada culpable de administración fraudulenta de fondos públicos en la concesión de obras públicas, y el segundo con la “vacancia congresal” contra Castillo.
“Los pueblos libres de la Patria Grande encaramos el desafío de una profunda reflexión con claridad ante la historia y esta nueva arremetida del imperialismo. Debemos permanecer unidos y nunca rendirnos. Los derechistas enemigos del pueblo no aceptan gobiernos antiimperialistas”, sostuvo.
Durante su Gobierno, Morales fue aliado político primero del fallecido presidente argentino Néstor Kirchner y luego de su esposa y viuda Cristina Fernández.
El exmandatario boliviano también ha mostrado cercanía con Castillo, quien fue arrestado el miércoles después de haber sido destituido por el Congreso de su país tras intentar disolver el Legislativo y convocar un proceso constituyente para evitar un juicio político en su contra.
El gesto de Castillo fue calificado de golpe de Estado por miembros de su propio Gobierno, incluida la ahora presidenta peruana, Dina Boluarte, y encontró el rechazo de las Fuerzas Armadas y la Policía.
En la víspera, el presidente boliviano, Luis Arce, lamentó lo ocurrido en Perú y consideró que “desde un inicio la derecha peruana intentó derrocar a un Gobierno democráticamente electo por el pueblo”.
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