El Congreso de Chile ha tomado una decisión histórica. Por primera vez, después de 40 años, la gente podría tener acceso a una parte de sus pensiones para poder aliviar la difícil situación económica y social que se ha agudizado aún más con la pandemia del coronavirus.
Haciendo eco de los reclamos que estallaron a fines del año pasado y que derivaron en semanas de protestas contra la desigualdad, congresistas opositores lograron poner en agenda la semana pasada un proyecto de ley para permitir el retiro anticipado de las jubilaciones, que están en manos de las AFP desde que la dictadura de Augusto Pinochet creó el sistema privado en 1981, el mismo que fue replicado en varios países, como el Perú.
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Hoy, tras una tensa votación y pese a la oposición del gobierno de Sebastián Piñera, el proyecto fue aprobado por la Cámara de Diputados, aunque aún falta la decisión definitiva del Senado.
Si las manifestaciones del 2019 desnudaron las falencias del aparente exitoso modelo chileno, el COVID-19 acrecentó aún más la crisis.
Aunque las críticas contra las AFP vienen de años atrás, desde hace meses la presión social se hizo más fuerte en torno al dinero que manejan las administradoras de fondo de pensiones, sobre todo porque las promesas de jubilaciones dignas no se han concretado.
El año pasado empezaron a jubilarse las primeras generaciones de trabajadores que aportaron toda su vida laboral a las AFP, pero que están cobrando, en la mayoría de casos, apenas el sueldo mínimo (unos 400 dólares) o entre 30% y el 40% de su último sueldo, cuando prometían hasta más del 70%.
Esto ha hecho que un 83% de los chilenos esté de acuerdo con el retiro del 10% de los fondos, lo que significaría hasta un máximo de 5.300 dólares, según una encuesta de Plaza Pública Cadem de inicios de mes.
“En este momento, por la pandemia, se ha generado una presión ciudadana muy fuerte. Hay una urgencia nueva que está poniendo en jaque el ‘lobby’ de las AFP”, comentó a la AFP Hassan Akram, académico de la Universidad Diego Portales.
En todos estos años, ninguna reforma había logrado prosperar en el Congreso, debido a la presión de las AFP, que tienen invertido el dinero en casi todas las áreas de la economía chilena.
Según la Fundación SOL, centro de investigación dedicado a analizar temas relacionados al trabajo en Chile, a febrero de 2019 el monto en los fondos de pensiones administrados por las AFP era de 212.860 millones de dólares (el PBI de Chile en el 2018 fue de 298.000 millones de dólares). De ese total, el 58,4% se invierte en instituciones que operan en Chile, tanto de capital nacional como extranjero. De acuerdo con este reporte, las instituciones financieras son las que más reciben inversiones de los fondos de pensiones, con el Banco de Chile (Grupo Luksic), Santander (transnacional) y BCI (Grupo Yarur) encabezando la lista.
Críticas de Piñera
Sebastián Piñera -cuyo hermano, José Piñera, fue además el ideólogo de las AFP- había rechazado rotundamente el proyecto. Para tratar de que no se aprobara, y en medio de arduas negociaciones con diputados de su propia bancada, el martes de esta semana anunció un plan de ayuda a la clase media, con el pago de un bono de 630 dólares a personas desempleadas, suspendidas de sus trabajos por la pandemia, o trabajando por cuenta propia pero cuyos negocios se han visto seriamente afectados por las cuarentenas.
A inicios de mes, el gobierno ya había lanzado otro plan que incluía un préstamo blando, postergación de créditos hipotecarios, subsidio de arriendo y mayor financiamiento a la educación superior, lo que fue calificado de insuficiente por sus adversarios.
Crisis económica
La recesión económica que está provocando el coronavirus, que el Banco Central de Chile calcula en -7,5 % para este año, está debilitando a la clase media, que corre el riesgo de quedar hundida en la pobreza, que según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) pasará del actual 9,8% al 13,7% en 2020 en el país.
En medio de este escenario, que los chilenos tengan acceso a una pequeña parte de su fondo de pensiones no aliviará la crisis, pero por lo menos servirá para paliar la situación, teniendo en cuenta que el 75,4% de los hogares en Chile están endeudados, según una estimación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
Esta situación de “hogares chilenos que trabajaban y no podían llegar a fin de mes con el fruto de su trabajo”, de “sectores medios precarizados, altamente endeudados y morosos”, empeoró con la pandemia, explicó a EFE el economista Marco Kremerman, de la Fundación Sol,
“Lo que tenemos hoy en día es un escenario de sobreprecariedad. Y eso es lo grave”, aseguró Kremerman.
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