El embargo de Estados Unidos contra Cuba es una de las medidas que más veces ha sido rechazada en la Asamblea General de la ONU, donde cada año desde 1992 se aprueba una resolución en su contra.
La resolución de condena ha obtenido en los últimos años un respaldo casi unánime: el pasado 23 de junio, cuando fue votada por última vez, contó con el apoyo de 184 de los 193 miembros de la ONU.
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Su resultado más contundente, no obstante, lo obtuvo en 2016 cuando sumó 191 votos a favor y ninguno en contra, pues incluso el gobierno de Estados Unidos se abstuvo de defender su propio embargo.
Las razones para condenar el embargo varían y más que un espaldarazo al gobierno cubano en muchos casos -como el de Reino Unido y otros países europeos- responden más a un rechazo al hecho de que Estados Unidos pretenda limitar la posibilidad de que empresas de otros países hagan negocios con la isla o a que el embargo sea visto como un peligroso precedente de medidas unilaterales coercitivas.
Tras las inéditas protestas ocurridas el pasado domingo en varias ciudades de Cuba exigiendo comida y medicinas, pero también “libertad” y el “fin de la dictadura”, el gobierno de Miguel Díaz-Canel apuntó hacia el embargo estadounidense como la raíz de los males que aquejan a la isla.
“Aquí lo que nosotros necesitamos es que se retiren las 243 medidas de bloqueo adicionales y se derogue el bloqueo. Es lo único que demanda Cuba”, dijo el lunes Díaz-Canel en una transmisión en televisión y radio.
Pero ¿en qué consiste exactamente el embargo estadounidense a Cuba y cuál es su verdadero alcance?
Muchas leyes, un objetivo
El embargo económico de Estados Unidos contra Cuba se basa en un amplio entramado jurídico construido durante décadas que incluye seis leyes diferentes y numerosas regulaciones que en unos casos prohíben y, en otros, restringen las relaciones económicas con la isla.
Las primeras sanciones económicas fueron adoptadas en 1960 por el gobierno del presidente Dwight Eisenhower en respuesta a la decisión del gobierno cubano de estatizar los bienes de las empresas estadounidenses en la isla, subir los aranceles a la importación de productos estadounidenses y de establecer relaciones comerciales con la Unión Soviética.
Eisenhower redujo drásticamente la importación de azúcar de Cuba, puso en marcha un embargo comercial parcial y terminó rompiendo relaciones diplomáticas con La Habana.
Luego del fracaso de la invasión de Bahía de Cochinos y de que Fidel Castro declarara a Cuba como un “estado socialista” en 1961, el presidente estadounidense John F. Kennedy estableció en 1962 un embargo total sobre el comercio con Cuba, con excepción de alimentos y medicinas.
Estas primeras medidas fueron adoptadas sobre la base de la Ley de Comercio con el Enemigo, que había sido aprobada en 1917 durante la I Guerra Mundial, y de La Ley de Asistencia Exterior, promulgada en 1961, que permite mantener el embargo contra Cuba y prohíbe que los fondos de ayuda internacional de EE.UU. sean destinados a Cuba.
En 1979, la Ley para la Administración de las Exportaciones permite establecer controles sobre estas por razones de seguridad nacional.
Poco después de la caída de la Unión Soviética, el Congreso de EE.UU. aprobó en 1992 la Ley para la Democracia en Cuba, conocida como la Ley Torricelli, mediante la cual se prohibía a las subsidiarias de empresas estadounidenses en otros países comerciar con Cuba así como los viajes de los ciudadanos estadounidenses.
También intentaba limitar la cooperación internacional de otros países con la isla.
La Ley para la Libertad y la Solidaridad Democrática Cubanas (conocida como Ley Helms-Burton), de 1996, reforzaría el embargo, incluyendo lo referido a su aplicación extraterritorial gracias a la inclusión de sanciones para las empresas de otros países que hagan negocios con la isla.
La Ley Helms-Burton trajo consigo otro cambio importante al fijar las condiciones requeridas para el levantamiento del embargo a Cuba.
Allí se establece que, en consulta con el Congreso, el presidente podrá suspender algunas medidas cuando en Cuba se instale un gobierno de transición o podrá eliminar todo el régimen de sanciones cuando la isla cuente con un gobierno democráticamente electo, considerado como el fin último del régimen de sanciones.
En este proceso, no obstante, la última palabra la tendrá el Congreso que está facultado para desaprobar el fin del embargo.
Esta legislación también dificulta el acceso de la isla al financiamiento externo al establecer que Estados Unidos usará su voz y su voto en los organismos financieros internacionales para oponerse a la membresía de Cuba en esas instituciones.
En el año 2000, la Ley de Sanciones Comerciales e Incremento del Comercio significó una flexibilización del embargo al permitir la exportación a Cuba de alimentos, productos agrícolas y medicinas a Cuba.
Además de estas leyes, hay varias normas y regulaciones adicionales que conceden al Poder Ejecutivo un cierto margen de discrecionalidad en su aplicación, lo que explica cómo fue posible que durante el gobierno de Barack Obama se produjera una gran flexibilización de las relaciones económicas con Cuba -especialmente en lo relativo a los viajes y al envío de remesas- y que bajo la presidencia de Donald Trump se endurecieran.
Históricamente, el gobierno de Cuba se ha referido a las sanciones económicas estadounidenses con el nombre de bloqueo y ha insistido en que una normalización plena de las relaciones bilaterales solo será posible cuando estas medidas sean levantadas por completo.
Aunque las primeras sanciones impuestas por Washington respondieron a la estatización de los activos de las empresas estadounidenses en Cuba en 1960, con los años se convirtieron en un medio para presionar a la isla -negándole acceso al comercio con la principal economía del mundo, así como a las facilidades inherentes al uso del sistema financiero estadounidense- para que respete los derechos humanos y permita la instauración de un gobierno democráticamente electo.
La prohibición es la norma
Pero ¿cuáles son las actividades económicas afectadas por el embargo estadounidense a Cuba?
“La regla general es que todo aquello que no esté explícitamente autorizado por una licencia especial o general está absolutamente prohibido si tiene que ver con Cuba, en términos económicos y de comercio”, dice Pedro Freyre, profesor de Derecho y abogado del bufete Akerman de Miami.
“Ahora bien, hablando del embargo alguien dijo que tenía ‘más huecos que queso’ porque contiene toda una serie de excepciones y de licencias generales que autorizan transacciones con Cuba”, agrega Freyre, quien asesora a empresas estadounidenses e internacionales para ayudarlas a que sus operaciones en la isla no incumplan con el embargo.
El experto señala que está permitido el envío de ayuda humanitaria, así como la exportación de alimentos, aunque en el caso de estos se exige que el pago se haga en el momento, es decir, que no sea financiado.
Señala que también está autorizada la venta de medicamentos aunque no de forma automática, pues se debe cumplir con alguna condición previa.
Freyre aclara que las prohibiciones existentes para el resto de actividades afectan a los estadounidenses y a las empresas y entidades de ese país o que estén controladas por ciudadanos de ese país.
En relación con las medidas de EE.UU. que buscan restringir la capacidad de empresas de otros países para hacer negocios con Cuba, Freyre explica que naciones de la Unión Europea y otras como Canadá han desarrollado con éxito una serie de leyes que bloquean la aplicación extraterritorial de estas leyes estadounidenses.
“La aplicación extraterritorial es colateral. Estados Unidos no tiene jurisdicción primaria sobre una empresa que no es estadounidense. Si tú tienes una empresa inglesa o francesa que funciona fuera de EE.UU., Estados Unidos no tiene jurisdicción de ningún tipo sobre esa empresa. Ahora bien, si esa compañía empieza a funcionar en Estados Unidos, utiliza el sistema bancario o recursos estadounidenses, entonces sí hay jurisdicción sobre esta empresa”, señala.
El tema de la aplicación extraterritorial del embargo ha cobrado vigor en los últimos años, luego de que el gobierno de Donald Trump permitió la aplicación del título III de la Ley Helms-Burton, que estaba suspendido, y que establece que las empresas que fueron confiscadas por el gobierno de Cuba pueden demandar en los tribunales estadounidenses a las compañías extranjeras que operen en la isla con esas propiedades.
“Vamos a suponer que los antiguos dueños de una tabacalera que fue confiscada ponen y ganan un pleito en una corte de Estados Unidos contra una empresa francesa que ahora controla ese activo. Pero esta compañía francesa no tiene bienes en Estados Unidos, lo tiene todo en Europa.
“Entonces, los estadounidenses tienen que ir a una corte francesa y decir ‘oye, dale efecto y validez a este pleito que gané en Estados Unidos y vamos a embargar las propiedades de esta empresa francesa’.
“La regulación de la Unión Europea prohíbe absolutamente que los tribunales de Francia acepten eso y, además, le da derecho a la empresa francesa a entablar una contrademanda en contra de los estadounidenses”, explica.
Freyre destaca que las empresas extranjeras que quieran hacer negocios con Cuba deben evitar utilizar el sistema financiero estadounidense.
“Cuba puede teoréticamente comprar todo el combustible que quiera directamente, por ejemplo, de Rusia. Estados Unidos no tiene injerencia en eso, pero esta transacción no puede ser en dólares ni puede valerse del sistema bancario norteamericano”, apunta.
Las culpas del embargo
¿Y cuál ha sido el impacto del embargo sobre Cuba?
“Los daños acumulados durante casi seis décadas de aplicación de esta política ascienden a US$144.413,7 millones”, señaló el gobierno de Cuba en el informe “Cuba vs Bloqueo” que presentó sobre el embargo ante la Asamblea General de la ONU en septiembre de 2020.
Las autoridades de la isla suelen atribuir la culpa de las dificultades económicas que enfrenta la población al efecto de las sanciones estadounidenses, señalando que les dificultan el comercio y la obtención de inversiones y de financiamiento.
Sus críticos, sin embargo, apuntan que la isla mantiene relaciones comerciales con decenas de países de todo el mundo y que recibe importantes inversiones extranjeras, eso sí, en los sectores donde hay posibilidad de mantener operaciones rentables como el turismo.
Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, señala que aunque el embargo de Estados Unidos ha tenido un impacto económico y social sobre la isla, el argumento de culpar a estas sanciones por los problemas cubanos es “obsoleto”.
“Ellos [el gobierno cubano] han generado una narrativa como si se tratara de un bloqueo completo y se trata de un embargo económico y financiero, con todas las implicaciones que eso tiene en la vida de las personas”, dijo Guevara-Rosas a BBC Mundo.
Recordó además que la isla tiene lazos estrechos de cooperación y de comercio con países europeos y que, de hecho, Estados Unidos es el principal exportador de alimentos y medicamentos a Cuba.
La lista de los principales socios comerciales de la isla es variada e incluye a países como Venezuela, China, España, Canadá, Rusia, México, Países Bajos, Italia, Francia, Alemania y el propio Estados Unidos, de acuerdo con cifras de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información de Cuba correspondientes a 2019.
Guevara-Rosas destaca que 80% del consumo de carne y pollo de la isla proviene de Estados Unidos.
John Kavulich, presidente del US-Cuba Trade and Economic Council, señaló a BBC Monitoring que este año las exportaciones de alimentos de EE.UU. a la isla han aumentado 60% en comparación con 2020 y que en lo que va de año suman unos US$140 millones, principalmente por la venta de pollo pero también por otros rubros.
Kavulich estima que en torno a 8% de los alimentos importados por Cuba proceden de Estados Unidos.
Así, a la hora de buscar el origen de las dificultades de la isla algunos analistas como Pedro Freyre miran más allá del embargo.
“El problema fundamental de la economía de Cuba es que su sistema es muy ineficiente”, dice.
“El planeamiento es central y la propiedad, el título de todos los bienes fundamentales de producción, es del Estado. Las empresas grandes son del Estado. El sector privado es relativamente pequeño y ha venido expandiéndose a duras penas, pero son muy pequeñitos, son negocios personales”, señala.
Afirma que quienes viajan a Cuba pueden notar el elevado estado de desgaste en la infraestructura, algo que atribuye a las dificultades del sistema para crear valor y capital.
“Entonces, en medio de todo ese desgaste ves un hotel nuevo, de primera línea. Ese hotel es un joint venture de una agencia del gobierno, normalmente con una empresa rusa, una empresa china, o lo que sea y es como un oasis de capitalización en medio de un océano de desgaste”, agrega.
Freyre asegura que en ese contexto, el embargo le impone a Cuba una carga adicional y hace las cosas más difíciles, pero que la raíz de todo está en la ineficiencia del sistema.
“Una Cuba capitalista bajo sanciones no tendría ni remotamente el nivel de problemas que tiene ahora. Tendría problemas, pero no el nivel de problemas que tiene ahora”, concluye.
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