Un joven falleció el viernes tras recibir un disparo en la cabeza durante una manifestación en la ciudad central de Valencia, escenario de protestas y saqueos de comercios en medio del recrudecimiento de la tensión en Venezuela que ha dejado 38 muertos y más de 700 heridos.
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En tanto, se informó que 85 militares fueron detenidos por expresar su descontento con las acciones del gobierno para reprimir las protestas.
Hecder Lugo, de 20 años, murió en un centro de salud de Valencia, donde había ingresado la víspera tras sufrir una herida durante una manifestación callejera contra el gobierno, dijo a The Associated Press Enzo Scarano, ex alcalde del municipio central de San Diego. La Fiscalía General confirmó que el joven resultó herido por arma de fuego.
Scarano indicó que una veintena de personas resultaron lesionadas el jueves durante las protestas, de las cuales cinco permanecen en centros de salud.
Calles desoladas, repletas de basura y con barricadas; comercios incendiados con puertas y paredes destruidas y camiones desvalijados eran las escenas que mostraba Valencia el viernes. La principal urbe industrial del país fue escenario entre el miércoles y el jueves de manifestaciones y saqueos que dejaron más de un centenar de comercios y empresas afectadas, precisó Scarano.
Ante la ola de saqueos, el gobierno activó un plan especial de seguridad que implicó el envío a las calles de Valencia de centenares de militares y policías para restablecer el orden.
El comandante de la Guardia Nacional, mayor general Antonio José Benavides Torres, dijo a la prensa que fueron detenidas 43 personas que serán procesadas por la justicia militar.
Por su parte, el dirigente opositor y ex candidato presidencial Henrique Capriles dijo en su programa de la emisora local RCR que 85 militares de diferentes rangos fueron detenidos por expresar su desacuerdo con las acciones de la Guardia Nacional y la policía para contener las protestas.
El político también denunció que el gobierno realizó pruebas en la ciudad occidental de Maracaibo para incorporar presos a los cuerpos de seguridad para reprimir las protestas. Las autoridades no han ofrecido hasta el momento comentarios sobre esa denuncia.
Las tensiones políticas se intensificaron esta semana luego de que el presidente Nicolás Maduro convocara a una Asamblea Nacional Constituyente para redactar una nueva carta magna. El anuncio de Maduro desató nuevas protestas en todo el país que han dejado hasta la fecha 38 fallecidos, de acuerdo a los registros de AP.
Sin embargo, la Fiscalía General maneja una lista de 36 muertos en las protestas. Las autoridades no incluyeron en el listado oficial a Efraín Sierra, de 28 años, que pereció en el estado suroccidental de Táchira el 25 de abril por un disparo de arma de fuego ni al dirigente estudiantil Juan Bautista López Manjares, de 33 años, que falleció la víspera tras recibir varios disparos en la población oriental de El Tigre, porque alegan que ambos fallecieron en eventos fuera de las manifestaciones callejeras, indicó a la AP la oficina de prensa la Fiscalía General.
La coalición opositora llamó a desacatar la iniciativa del mandatario, al que acusan de promover un “golpe de Estado” y de recurrir al proceso constituyente para retrasar cualquier elección.
La oposición ratificó que seguirá con las manifestaciones que comenzaron a fines de marzo hasta que se convoquen elecciones generales, se libere a los presos políticos, se abra un canal humanitario para el ingreso de alimentos y medicinas, se respete a la Asamblea Nacional y se desarmen los grupos paramilitares.
El presidente de la Asamblea Nacional, diputado opositor Julio Borges, se reunió este viernes en Washington con el vicepresidente estadounidense, Mike Pence, y el consejero Nacional de Seguridad, general H.R. Mc Master, con quienes conversó sobre la crisis venezolana, indicó el partido opositor Primero Justicia en un comunicado.
Borges sostuvo la víspera un encuentro con el secretario general de la OEA, Luis Almagro, a quien le entregó un acuerdo que aprobó la mayoría opositora del Congreso en rechazo a la decisión que tomó el gobierno venezolano para sacar a Venezuela del organismo internacional.
Las protestas contra el gobierno se iniciaron a fines de marzo luego de dos sentencias del Tribunal Supremo de Justicia en las que asumió las competencias legislativas del Congreso y limitó la inmunidad de los diputados. Los dictámenes del máximo tribunal, señalado de estar controlado por el Ejecutivo, fueron revertidos pero las protestas no han cesado.
El país sudamericano enfrenta la tensión política en medio de una crisis económica con una desbordada inflación de tres dígitos y severos problemas de escasez de alimentos y medicinas.
Fuente: AP
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