Un informe de la secretaría general de la OEA denunció este miércoles la inexplicable “lentitud” del examen preliminar de la Corte Penal Internacional sobre las denuncias de crímenes de lesa humanidad en Venezuela, afirmando que como consecuencia el gobierno de Nicolás Maduro se siente “envalentonado”.
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“La lentitud del examen parece absolutamente indiferente a los crímenes generalizados, graves y devastadores que se están cometiendo”, indicó el abogado experto en derechos humanos Jared Genser, asesor especial de la OEA.
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Además señaló que como consecuencia, el gobierno de Nicolás Maduro -que no está reconocido por más de 50 países encabezados por Estados Unidos- “se siente envalentonado para cometer más crímenes, bajo la impresión que puede actuar con total impunidad”.
Este reporte impulsado por el secretario general de la OEA, Luis Almagro, un duro crítico de Maduro, se basa en un primer informe emitido por un panel de expertos independientes en 2018 que denunció “crímenes de lesa humanidad” en Venezuela.
La corte internacional con sede en La Haya inició en febrero de 2018 un examen preliminar para indagar sobre presuntos delitos cometidos desde abril de 2017 en Venezuela en el contexto de una ola de protestas.
En noviembre de este año, la fiscal del tribunal, Fatou Bensouda, recibió a una delegación del gobierno de Maduro compuesta por el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, y el defensor del pueblo, Alfredo Ruiz.
Bensouda informó a la delegación que “existe una base razonable para creer que en Venezuela se habían cometido crímenes que competen a la Corte”.
El informe de la OEA indicó que “a la luz de las abrumadoras pruebas presentadas a la Fiscalía por numerosas fuentes fiables, la demora actual no sólo es inexplicable, sino que también contradice los principios y objetivos enunciados en materia de exámenes preliminares”.
Maduro fue acusado en septiembre por una misión de la ONU que investiga la situación en Venezuela de estar vinculado a posibles “crímenes de lesa humanidad”, incluyendo las ejecuciones arbitrarias y el uso sistemático de la tortura.
Caracas reconoce la competencia del tribunal de la Haya y acudió a esta corte para pedirle que investigue como posibles crímenes de lesa humanidad las sanciones de Estados Unidos. Ambas cuestiones están en una fase preliminar para determinar si se debe abrir una investigación.
La CPI debe emitir antes de final de este año un informe sobre el estado de las cuestiones en examen.
El informe de la secretaría de la OEA contabilizó 18.093 asesinatos perpetrados por las fuerzas de seguridad en Venezuela entre 2014 y 2020, incluyendo ejecuciones extrajudiciales, y 653 casos de tortura, en base a estimaciones de organizaciones multilaterales, oenegés y medios de comunicación.
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