La Comisión de Transporte del Congreso de la República nuevamente evalúa un proyecto de ley que intenta recortar facultades a la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) y renovar automáticamente las autorizaciones de rutas de todas las empresas de transporte público por cinco años. Es la cuarta vez que este Congreso infiltra, en plena pandemia, iniciativas para ampliar sin restricciones las autorizaciones a empresas de buses, combis y coasters, incluso de aquellas que mantienen millonarias deudas por infracciones de tránsito.
Quien presentó este proyecto fue el congresista Luis Simeón Hurtado (Acción Popular), presidente de la Comisión de Transportes, quien meses atrás admitió ser “la voz de los colectiveros”. Él fue uno de los promotores de legalización del servicio interprovincial de los taxis colectivos a nivel nacional, pese a las advertencias por la ausencia de control, de paraderos o mínimos protocolos de seguridad. En menos de un mes de publicada la norma, 19 personas ya habían muerto en dos choques de colectivos en Puno y Huancayo, evidenciando el impacto social por la ley que ahora se encuentra en el Tribunal Constitucional.
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