De los errores... ¿se aprende?, por Maria Cecilia Villegas

La última encuesta de El Comercio-Ipsos demuestra que, para el 57% de la población, la prioridad debe ser reactivar la economía y generar empleo; para el 38%, es la vacunación y mejorar los servicios de salud; y para el 31%, la reducción de la pobreza. Los gobiernos diseñan e implementan políticas públicas para resolver los problemas de los ciudadanos y mejorar el acceso a servicios e infraestructura.

Cuando hablamos de políticas públicas es importante hacernos dos preguntas: la primera es, ¿en qué sectores debe participar el Estado? En el Perú, donde 30% de la población está debajo de la línea de pobreza, el Estado debe asegurar sectores como educación, salud y nutrición. Debe también asegurar el acceso a infraestructura, como carreteras que unan las zonas rurales con las capitales de los departamentos para permitir que los bienes producidos en el campo accedan a mercados, y las regiones con los puertos para poder exportar. Una vez definido los sectores donde el Estado debe actuar, la pregunta es ¿cómo hacerlo? La Constitución establece la economía social de mercado como modelo económico, lo que significa que el Estado solo participa supletoriamente en la economía, ahí donde el privado no puede llegar. Y es que, cuando el Estado ha hecho empresa, ha dilapidado el dinero de los peruanos en empresas públicas que no fueron rentables ni producían bienes o servicios de calidad.

Cuando el Estado debe decidir qué proyectos implementar es necesario hacer un análisis de costo-beneficio que sostenga la inversión. El presupuesto inicial de la Interoceánica, por ejemplo, fue de US$1.000 millones, pero terminó costándonos US$4.500 millones. Esto la convirtió en la obra de infraestructura vial más costosa del Perú. La Interoceánica fue presentada como una oportunidad para abrir el comercio con Brasil. Sin embargo, un estudio del 2017 encontró que la circulación promedio fue de solo siete vehículos comerciales por hora. De hecho, en el período 2009-2019, el valor de los bienes comercializados con Brasil a través de la Interoceánica ascendió a solo US$44,6 millones.

Otro ejemplo es la refinería de Talara, el proyecto de inversión pública más grande en la historia del Perú, cuyo costo es hasta el momento US$5.000 millones. La nueva refinería tendrá capacidad para 95 mil barriles diarios, pese a que solo producimos 50 mil y a que el refino es un negocio en declive con la competencia de las energías renovables (solar, eólica). Más aun, el precio de venta de la refinería de Talara sería, en el mejor de los casos, US$1.600 millones. Desde un punto de vista económico, ni la Interoceánica ni la refinería de Talara debieron haber sido priorizados.

Los recursos del Estado son limitados y de estos dependen todos los sectores, incluidos salud y educación. Pongamos esto en perspectiva. Un estudio de AFIN y la Universidad del Pacífico (2015) encontró que para cerrar la brecha de infraestructura 2016-2025 se debía invertir en salud US$18 mil millones; en educación, US$4.500 millones; y en agua y saneamiento, US$12.252 millones. La falta de acceso a agua potable y saneamiento contribuye a la prevalencia de anemia y desnutrición. El 70% de los niños (6-36 meses) en Puno sufre de anemia, 58% en Ucayali, 55% en Madre de Dios y 50% en Cusco. A nivel nacional, 4 de cada 10 niños sufre de anemia. En Ayacucho, por ejemplo, el 90% de los niños no alcanza a consumir los niveles recomendados de hierro. La anemia tiene un impacto negativo en el desarrollo cognitivo de los niños. Y uno se pregunta, con las necesidades urgentes que existen, ¿por qué se priorizaron proyectos como la Interoceánica o la refinería de Talara?

Sabiendo que los ministerios están en manos de personas sin experiencia de gestión, es importante exigirle al Gobierno transparentar los proyectos que quiere sacar adelante. El Perú no puede seguir cometiendo errores como la Interoceánica y la refinería de Talara. El futuro está en juego.